Tras darse a conocer que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema y cuestionó la acción del gobierno estadounidense.

Claudia Sheinbaum, insistió en que hay intereses de grupos en Estados Unidos para difamar a la Cuarta Transformación, esto después de que L.A Times publicó que EU retiró visas a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villareal.

“Ellos tienen que aclarar, pero antier, ayer lo dije: ¿Qué intención con quitar la visa? Y además hacerlo público. Vamos a filtrarlo porque así luego actúan algunos sectores para decirle a los mexicanos ‘aguas, aguas, te van a quitar tu visa’“, dijo en la ‘mañanera’ de este miércoles 3 de junio.

Claudia Sheinbaum afirmó que los militantes de la Cuarta Transformación deben “estar tranquilos” si trabajan a favor del bienestar del pueblo de México. “Tenemos todo el derecho al menos de la duda”, puntualizó.

¿Qué sabemos de la nueva supuesta investigación de EU a gobernadores mexicanos?

LA Times afirmó que la administración de Donald Trump investiga a Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos nexos con cárteles del narcotráfico, una acusación similar a la que hizo contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia.

l diario Los Angeles Times, en colaboración con Puente News Collaborative, informó que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo y Américo Villarreal, ambos de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, respectivamente.

Según el medio, a ambos se les revocó la visa en medio de investigaciones penales, pero se encuentran bajo un programa especial conocido como “Significant Public Benefit Parole”, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar consecuencias de cargos actuales o pendientes en su contra o en contra de terceros.

Investigación revelada por LA Times
La investigación contra Durazo se relaciona con presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que la de Villarreal apunta al contrabando de combustible. Ambos casos se suman a la ofensiva judicial estadounidense contra gobernadores de Morena, luego de que en abril el Departamento de Justiia acusara al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, de colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Un gran jurado en Nueva York emitió la acusación y se solicitó la extradición de Rocha Moya, lo que tensó aún más las relaciones bilaterales.

De acuerdo con la investigación periodística, Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir atención médica bajo este programa especial, mientras que Villarreal también cuenta con el permiso y, según los reporteros, “cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadounidenses”.

El programa, según la explicación oficial, permite a individuos colaborar con la seguridad pública y testificar ante un gran jurado, incluso si enfrentan investigaciones o cargos pendientes.

Durazo y Villarreal reaccionan a la información publicada por el medio
Américo Villarreal calificó de falsas todas las acusaciones en su contra mientras que la vocera del estado de Sonora, Paloma Terán, rechazó en su cuenta de X la acusación publicada por el LA Times, asegurando que el gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de autoridades estadounidenses.

La investigación periodística señala que cuando el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se reunió en mayo con la presidenta Claudia Sheinbaum, le transmitió que Washington esperaba la extradición de Rocha Moya.

Sheinbaum respondió que el destino del gobernador se determinaría en México y advirtió que acusaciones adicionales contra otros personajes políticos serían consideradas interferencia política en los asuntos internos del país.

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) irrumpieron este martes en las instalaciones del Congreso local, donde provocaron daños a al menos 13 vehículos y obligaron a suspender las actividades legislativas programadas para la jornada.

La movilización inició durante la mañana con una marcha de docentes que se dirigió al recinto legislativo para exigir que los diputados gestionen ante el Gobierno federal la atención integral de las demandas planteadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Al arribar al Congreso, un grupo de manifestantes logró abrirse paso tras derribar uno de los accesos principales utilizando diversos objetos contundentes. Una vez dentro, los inconformes se dirigieron al estacionamiento, donde causaron daños a automóviles y camionetas que permanecían en el lugar.

De acuerdo con los reportes preliminares, la mayoría de las unidades afectadas pertenecen a trabajadores del Poder Legislativo, aunque también resultaron dañados vehículos de una empresa constructora.

Ante los disturbios registrados, las autoridades del Congreso determinaron suspender la sesión ordinaria que estaba prevista para este martes.

La protesta en Guerrero ocurre en medio de las movilizaciones nacionales convocadas por la CNTE, organización que mantiene un paro indefinido en distintos estados del país para exigir respuestas a sus demandas laborales y educativas.

Por otra parte, la dirigencia de la CETEG denunció que dos docentes resultaron lesionados durante los enfrentamientos registrados en la Ciudad de México, donde manifestantes intentaron retirar las vallas colocadas en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

Según la organización magisterial, los profesores Octavio Guerrero Jerónimo y Modesto Columbia sufrieron heridas durante los incidentes. La CETEG acusó a las fuerzas de seguridad de emplear gases lacrimógenos y artefactos de bajo impacto para contener el avance de los manifestantes.