A pesar de los cuestionamientos formulados por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a un acto público realizado en Querétaro con la participación del embajador de Estados Unidos y organismos internacionales, se confirmó la presencia formal de representantes de las Fuerzas Armadas y de procuración de justicia del Gobierno federal.

Durante el desarrollo del evento en la capital queretana, estuvieron presentes elementos con representación oficial de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR). Entre los asistentes destacó el capitán primero David Valadez Arenas en representación de la comandancia de la Guardia Nacional en la entidad.

La controversia surgió luego de que la titular del Ejecutivo federal expresara en su conferencia matutina la necesidad de respetar los límites institucionales en la colaboración con embajadas extranjeras. En respuesta a las observaciones sobre la vinculación de agencias estadounidenses en la capacitación policial local, sectores parlamentarios del Partido Acción Nacional expresaron que la coordinación en materia de seguridad se ha realizado en el marco de las atribuciones estatales.

Por su parte, la administración del estado de Querétaro detalló que se notificó oportunamente sobre la visita del diplomático estadounidense a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante una comunicación formal entregada con días de anticipación. El evento buscaba resaltar acuerdos de capacitación institucional en materia policial y fortalecimiento de la infraestructura local de seguridad.

La revisión de las minutas y registros del acto corroboró que la representación de los órganos de seguridad federal formó parte del protocolo. Con ello se evidenció la concurrencia de mandos federales y locales durante la presentación de los programas de adiestramiento.

En una operación conjunta coordinada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal, las fuerzas de seguridad lograron desmantelar un punto neurálgico de acopio y distribución de drogas en el municipio de Juchitán de Zaragoza, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec.

El cateo se ejecutó en un inmueble localizado en la colonia Mártires de 31 de Julio, sitio que era utilizado por células delictivas como centro logístico. Durante el despliegue de las fuerzas federales y estatales se aseguró un total de 163 paquetes de sustancias ilícitas, entre los que se contabilizaron 156 envoltorios de marihuana, cuatro de cocaína y tres de metanfetamina (cristal).

Asimismo, el personal de seguridad incautó cuatro armas de fuego largas, cinco armas cortas, diverso equipo táctico y mangueras de alta presión destinadas a la sustracción ilegal de hidrocarburos (huachicol). La propiedad quedó asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente, sin que se informara sobre personas aseguradas durante la intervención.

TORREÓN, COAH. — Maribel Alvarado, madre de los hermanos gemelos de 18 años procesados legalmente por el ataque armado acontecido en la Secundaria 13 del ejido La Unión, dio a conocer que se quedó sin empleo e integró el abandono forzado de su vivienda junto con sus dos hijos menores debido a constantes amenazas.

En declaraciones a medios locales, la madre de familia aclaró categóricamente que no tuvo conocimiento previo, responsabilidad ni participación alguna en la agresión ocurrida en la institución educativa, manifestando que las autoridades estatales no han presentado ningún señalamiento penal en su contra.

No obstante las afectaciones laborales y los señalamientos sociales hacia su entorno cercano, la mujer declaró que mantendrá el acompañamiento a sus hijos durante el procedimiento penal que enfrentan, aduciendo a su responsabilidad materna frente a la situación legal de los jóvenes.

Los imputados, identificados como Carlos y David N., se encuentran recluidos bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, luego del incidente donde perdió la vida la subdirectora del plantel, Nery Edith Nevárez, y cuatro personas resultaron lesionadas.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila determinó un plazo de seis meses para el desahogo de la investigación complementaria, el cual fenecerá en abril de 2027. Las autoridades investigadoras mantienen abiertos peritajes sobre los entornos digitales, familiares y de convivencia social de los imputados, quienes de ser declarados culpables podrían enfrentar condenas de hasta 60 años de prisión.