No se adelantaran vacaciones como lo sugirió en un principio el secretario de educación federal

El ciclo escolar 2025-2026 terminará el 15 de julio en Puebla, confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal tras la cancelación del recorte de 40 días a las actividades formativas. La decisión se tomó este lunes 11 de mayo en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), encabezada por el titular de la SEP federal, Mario Delgado Carrillo, luego de que docentes, padres de familia y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazaran terminar el ciclo escolar el 5 de junio.

A través de un comunicado, la SEP estatal señaló que se respetará el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de junio del 2025, el cual dictaba 185 días efectivos de clases conforme a la Ley General de Educación.

“El estado de Puebla, a través de la SEP, se suma y reitera que el 15 de julio concluirá el ciclo escolar vigente, la comunidad escolar, las y los trabajadores de la educación atenderán las actividades señaladas en dicho calendario”, apuntó la secretaría.

En un video en sus redes sociales, Delgado Carrillo sostuvo que la mandataria Claudia Sheinbaum pidió un “análisis exhaustivo” y territorial del recorte de 40 días al ciclo escolar. El resultado fue que las autoridades educativas de todo el país concluyeron terminar el año como estaba previsto con 185 días de clases.

«El Conaedu ha resuelto, de manera unánime, mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales con los 185 días de clases establecidos en el acuerdo publicado el 9 de junio del año pasado en el DOF. El ciclo escolar concluirá, como estable previsto, el 15 de julio«.

La reunión de la Conaedu se dio tras las críticas a la reducción anunciada el pasado 7 de mayo, que justificaba el recorte de clases por las olas de calor y la Copa Mundial de la FIFA 2026. A raíz del anuncio, la presidenta de Claudia Sheinbaum puntualizó que no era una medida oficial y aún estaba sujeta a correcciones.

A la par, docentes cuestionaron el hecho de que no los hayan tomado en cuenta para acortar el ciclo escolar, al mismo tiempo que señalaron que los planes educativos quedarían a medias por el cierre anticipado del año escolar. Tutores de estudiantes se mostraron inconformes por el nivel educativo que hay con el calendario actual y lo que implicaría terminar el curso con 40 días de anticipación.

Previo a la reunión, Delgado Carrillo afirmó que el calor y la movilidad en las ciudades sede del Mundial fueron “preocupaciones legítimas“, pero al mismo tiempo reconoció que el recorte de 40 días al calendario escolar se hizo sin tomar en cuenta a los tutores de estudiantes ni al personal docente, este último un sector que experimenta realidades distintas en cada entidad del país.

«El eco de los días recientes revela que nos faltan voces en esta mesa; de los padres, de las madres de familia y el magisterio que viven realidades muy distintas según el territorio«

No obstante, apuntó que la obligatoriedad de tener entre 185 y 200 días efectivos de clases —marcada en el artículo 87 de la Ley General de Educación— es “un residuo de la visión tecnocrática“. Dijo que esa cifra obedece a un estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), misma que, en sus palabras, “redujo la educación a una estadística de permanencia e indicadores homologados”.

El funcionario federal mencionó que, tras la entrega de calificaciones, las escuelas del país no aprovechan el tiempo en aulas después del 15 de junio y hasta mediados de julio.

“Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte a la escuela en una estancia forzada. Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez”, agregó.

Respecto a la cuestión climática, Mario Delgado afirmó que regiones como el estado de Sonora —con hasta 45 grados centígrados—, la Huasteca Potosina, la Sierra de Oaxaca y la Chontalpa de Tabasco exigen tratamiento aparte para la atención de estudiantes y docentes.

El Gobierno del Estado mantiene el combate frontal a la corrupción en el otorgamiento de concesiones del transporte público y no se autorizará sin un análisis previo a través de un Consejo Interinstitucional que se integrará mediante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con participación de universidades y del sector empresarial, enfatizó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

“No le hagan caso a los gestores; quien recurre a un gestor, recurre a la corrupción. No entregamos concesiones a cambio de dinero”, puntualizó.

Esta comisión será coordinada por el subsecretario de Responsabilidades, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Abraham Quiroz, bajo los principios de los gobiernos de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar.

Por su parte, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, precisó que el Plan Integral de Movilidad Urbana surgió después de 14 años sin estudios ni diagnósticos especializados en movilidad para la zona metropolitana de Puebla. Entre los resultados, resaltó que diariamente más de un millón 200 mil personas utilizan el transporte público en la entidad.

Detalló que en la zona conurbada existen 95 rutas con 69 ramales, por lo que el proyecto estatal plantea una reorganización integral que permita conformar 164 rutas con recorrido único y el otorgamiento mínimo de 834 nuevas concesiones para autobuses, minibuses y vans, tan solo en la zona metropolitana.

Además, cada ruta contará con una Clave de Ruta Única que facilitará el control administrativo y operativo. Las nuevas concesiones se otorgarán mediante criterios de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, calidad e integración metropolitana, conforme a la convocatoria de interés público que emitirá la Secretaría de Movilidad y Transporte con base en el Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla.

Finalmente, indicó que la Secretaría de Movilidad y Transporte emitirá la convocatoria de interés público conforme al régimen previsto en el Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla.

Una madre de familia denunció que su hijo, estudiante de la preparatoria de la Universidad del Valle de Puebla (UVP), fue víctima de bullying y agresiones físicas presuntamente cometidas por un compañero dentro de las instalaciones del plantel, sin que las autoridades escolares aplicaran alguna sanción.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron en diciembre, cuando el estudiante comenzó a recibir insultos relacionados con su apariencia física, peso y tono de piel por parte de un compañero identificado como un exalumno de boxeo.

La madre, llamada Yliana, señala que el joven lo golpeó en el cuello, provocándole dificultades para respirar y días después volvió a agredirlo en la nariz, lesión que derivó en una desviación del tabique.

“Un compañero de nombre Maximiliano L siempre molestaba a mi hijo diciéndole cosas de su físico como: estás gordo, estás bien feo y prieto. Mi hijo lo reportó con la directora anterior y no le llamaron la atención, después golpeó a mi hijo con todas sus fuerzas en el cuello y posteriormente volvió a golpear a mi hijo en la nariz” declaró la mamá.

Según el relato, las agresiones fueron reportadas tanto a la entonces directora como al área psicológica de la escuela; sin embargo, el alumno señalado no fue suspendido ni sancionado, además de que los gastos médicos no fueron cubiertos.

La madre también acusó que el actual director de la preparatoria, Carlos Ángel Crisóstomo Rosas, le pidió no presentar una denuncia formal, argumentando que él resolvería el caso y de presentar una denuncia darían de baja al alumno para evitar dañar la imagen de la escuela.

Exclusión y falta de apoyo académico

La madre explicó que desde el inicio del ciclo informó a directivos y docentes sobre los trastornos neurológicos y problemas de aprendizaje que enfrenta su hijo, entregando diagnósticos médicos para solicitar apoyo académico.

Durante meses sostuvo reuniones tanto con la anterior directora como con el actual director, con quienes se firmaron acuerdos para brindar acompañamiento psicológico y académico al estudiante.

Entre los compromisos establecidos se encontraba aplicar adecuaciones curriculares en las ocho materias que cursa, facilitar su integración en trabajos en equipo y atender las situaciones de discriminación.

Sin embargo, dichas medidas nunca se implementaron y algunos maestros continuaron ignorando las necesidades del alumno.

Exclusión en actividades escolares
La madre señaló que su hijo constantemente es excluido de actividades escolares y trabajos en equipo, especialmente en la capacitación de procesos culinarios, donde únicamente le asignan labores de limpieza. Además, la docente del área culinaria, María Fernanda Sotomayor, lo regaña y exhibe frente al resto del grupo.

Aunque el director se comprometió a intervenir para mejorar el ambiente escolar y dialogar con docentes y alumnos, el trato hacia el estudiante incluso empeoró después de que la familia insistiera.

Cobros adiciones

Debido a la falta de apoyo académico su hijo reprobó varias materias, situación que derivó en cobros adicionales de entre mil 200 y mil 500 pesos por asignatura y actualmente la institución pretende cobrar más de ocho mil pesos por materias no acreditadas.

La denunciante afirmó que el director dejó de responder llamadas y correos electrónicos relacionados con el caso, pese a que existía un acuerdo firmado entre ambas partes, un acuerdo del cual nunca recibió copia.