La Contraloría Municipal de Puebla abrió un total de dieciséis expedientes de investigación administrativa en contra de diversos exfuncionarios que formaron parte de la pasada administración encabezada por Eduardo Rivera Pérez. De este total, doce casos corresponden a faltas graves catalogadas como peculado y desvío de recursos públicos detectadas en áreas clave del ayuntamiento.

Durante su comparecencia ante las comisiones unidas del Cabildo, la titular de la dependencia, Dulce Lilia Rivera Arana, detalló que las irregularidades se concentran principalmente en dependencias estratégicas como la Sindicatura, la Tesorería y la Secretaría de Administración. Los expedientes restantes derivan de omisiones administrativas y falta de diligencia en el desempeño de las funciones oficiales.

La funcionaria explicó que los doce expedientes que presentan conductas graves ya fueron remitidos formalmente al Tribunal de Justicia Administrativa para que dicho órgano determine las sanciones correspondientes. Las penalidades contempladas contra los implicados podrían incluir multas económicas severas, destitución e inhabilitación temporal o definitiva para ocupar cargos públicos.

Las investigaciones forman parte de las auditorías permanentes implementadas para garantizar la transparencia y el correcto ejercicio de los recursos municipales durante el periodo de gobierno comprendido entre dos mil veintiuno y dos mil veinticuatro. Las autoridades competentes continuarán desahogando las etapas procesales para esclarecer los daños patrimoniales detectados.

Agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía General del Estado de Puebla concretaron la detención del juez civil y penal Enrique Romero Razo tras un operativo de cateo ejecutado en su domicilio particular. El funcionario judicial quedó bajo custodia ministerial para responder por su presunta participación en los delitos contra la administración de justicia y evasión de reos.

Los antecedentes del caso se remontan al mes de mayo del presente año, cuando el impartidor de justicia intentó modificar las medidas cautelares para favorecer la liberación de Manuel Forcelledo Nader, quien se encuentra compurgando una sentencia firme por el feminicidio de Karla López Albert cometido en el año dos mil catorce. La intervención oportuna del Consejo de la Judicatura frenó en aquel momento la excarcelación del sentenciado.

La aprehensión del juzgador se llevó a cabo a pesar de que recientemente una instancia federal había emitido una resolución ordenando su restitución formal en el juzgado con sede en San Pedro Cholula. Con una trayectoria superior a las tres décadas en el ámbito judicial, Romero Razo había enfrentado suspensiones y procesos previos relacionados con controversias en diversos distritos de la entidad poblana.

Las autoridades ministeriales continuarán integrando las carpetas de investigación correspondientes para definir la situación jurídica del detenido conforme a los plazos legales establecidos. El caso ha generado reacciones en el sector legal de la entidad debido a las implicaciones institucionales que conlleva la presunta protección a sentenciados por delitos graves.

Las condiciones climatológicas adversas registradas en las últimas semanas han provocado daños severos en aproximadamente nueve mil hectáreas de cultivos agrícolas distribuidas en diferentes regiones del territorio poblano. La titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, informó que las pérdidas abarcan principalmente granos básicos y productos estacionales afectados por sequías, fuertes vientos y precipitaciones atípicas.

De acuerdo con los reportes técnicos de la dependencia estatal, las zonas que concentran el mayor número de afectaciones corresponden a la región de la Mixteca, la Sierra Norte y la Sierra Nororiental. Las autoridades agrícolas advirtieron que, de continuar las variaciones meteorológicas desfavorables, el acumulado total de superficie siniestrada podría alcanzar hasta las treinta mil hectáreas al cierre del ciclo.

Además de la agricultura tradicional, las intensas lluvias generaron afectaciones directas en el sector acuícola, particularmente en diez granjas productoras de peces ubicadas en la Sierra Norte. El desbordamiento de cuerpos de agua provocó que parte de la producción fuera arrastrada fuera de las instalaciones, generando mermas económicas para los productores locales de la zona.

Ante este panorama, la administración estatal mantiene brigadas de supervisión técnica para cuantificar con precisión los daños materiales y coordinar la entrega de apoyos emergentes. Los programas de atención al campo buscarán mitigar el impacto financiero en las familias rurales que dependen de la cosecha de temporada en las regiones afectadas.