La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió que las recientes recomendaciones de Protección Civil sobre la preparación de una mochila de emergencia respondan a una alerta extraordinaria o a una amenaza inminente a nivel nacional o internacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que estas campañas informativas forman parte de las acciones habituales de prevención promovidas por el gobierno para fomentar una cultura de protección ante posibles fenómenos naturales como sismos, inundaciones o huracanes.

La aclaración surgió luego de que publicaciones difundidas en la Ciudad de México y lineamientos similares implementados en naciones como Japón y Países Bajos generaran inquietud y especulaciones en redes sociales respecto a una supuesta crisis global.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recordaron que una mochila de supervivencia debe contener suministros básicos para cubrir las necesidades durante las primeras 72 horas posteriores a una contingencia.

Entre los elementos indispensables figuran agua embotellada, alimentos no perecederos, linterna, radio portátil, documentos oficiales protegidos, medicamentos esenciales y un botiquín, sugiriendo además una revisión semestral para verificar caducidades y garantizar su óptimo funcionamiento.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó oficialmente durante la conferencia de prensa matutina que la conductora de televisión Inés Gómez Mont se encuentra actualmente detenida en los Estados Unidos de América. La captura de la expresentadora se derivó de una situación relacionada directamente con su estatus migratorio en territorio estadounidense, situación que encendió los protocolos de cooperación internacional entre ambas naciones.

El funcionario federal detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya se encuentra realizando las gestiones jurídicas y diplomáticas necesarias para concretar el traslado y la extradición de la conductora hacia México. Dado que el expediente y las indagatorias se encuentran bajo la jurisdicción directa de la fiscalía autónoma, será esta institución la encargada de informar puntualmente sobre los mecanismos legales que se emplearán para presentar a Gómez Mont ante los tribunales mexicanos.

García Harfuch indicó que la dependencia a su cargo solicitará un informe detallado a la FGR para conocer con precisión el estatus procesal del procedimiento y los tiempos estimados en los que se podría efectuar el retorno de la involucrada. Cabe recordar que la conductora cuenta con diversas órdenes de aprehensión vigentes en el país, giradas a petición de las autoridades ministeriales por su presunta responsabilidad en delitos de carácter financiero, por lo que su captura representa un paso clave en el proceso.

Las autoridades federales reiteraron su compromiso de dar puntual seguimiento al caso, asegurando que ninguna persona evada la acción de la justicia mexicana mediante la estancia en el extranjero. Se espera que en los próximos días la FGR emita un comunicado oficial detallando los avances de las negociaciones diplomáticas con las instancias migratorias y judiciales de Estados Unidos para repatriar a la ciudadana requerida por la ley.

Durante su conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que el Gobierno de México no comparte la postura ni el término de «terrorismo» con el que Estados Unidos pretende clasificar a los cárteles del narcotráfico. La mandataria federal argumentó que, bajo el marco legal mexicano y el Código Nacional de Procedimientos Penales, las actividades ilícitas cometidas por estas estructuras criminales están tipificadas formalmente como delitos de delincuencia organizada, los cuales son investigados y perseguidos por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Sheinbaum Pardo enfatizó que la administración federal mantiene una definición distinta sobre lo que constituye un acto terrorista, por lo que la designación emitida por Washington carece de validez jurídica en el territorio nacional. Asimismo, recordó que ante las pretensiones y declaraciones del gobierno estadounidense, el Estado mexicano promovió modificaciones constitucionales en los artículos 19 y 40, blindando la soberanía del país y estableciendo límites estrictos frente a cualquier intento de intervención extranjera sin el consentimiento expreso de las autoridades locales.

La titular del Ejecutivo federal fue enfática al señalar que la clasificación implementada en el extranjero de ninguna manera otorga una licencia o facultad legal para que fuerzas o agencias internacionales actúen unilateralmente en México. En este sentido, reafirmó que la relación bilateral debe basarse estrictamente en esquemas de cooperación y colaboración institucional, descartando por completo cualquier atisbo de subordinación por parte de la nación mexicana ante presiones externas.

Finalmente, la mandataria reiteró que el combate frontal a la criminalidad se mantendrá bajo la estrategia nacional de seguridad, priorizando la inteligencia, la investigación financiera y la coordinación entre las corporaciones de seguridad pública sin vulnerar los principios constitucionales. Con esta postura, el gobierno federal busca fijar una línea clara en materia de seguridad nacional, defendiendo la autonomía del sistema de justicia mexicano frente a las políticas de seguridad exterior promovidas por los Estados Unidos.