El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó un punto de acuerdo en el Senado para declarar a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas, reafirmó hoy su dirigente nacional, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas.

Dicha exigencia se anunció en continuación de la narrativa extranjera estadunidense de que la llamada ‘lucha contra el terrorismo’ y sus operaciones subsecuentes, son para la tranquilidad de los ciudadanos.

“Se debe tener más herramientas para combatir la inseguridad y la criminalidad”, justificó hoy el senador ‘Alito’ Moreno, alrededor de las 08:29 horas.

El priista señaló ayer en sus redes sociales que la amenaza no reconoce fronteras, por lo que —como propuso el presidente estadunidense, Donald Trump— debe enfrentarse en coordinación con otras naciones.

En caso de aprobarse la clasificación de terrorismo, la medida incluiría al cártel Los Soles, de Venezuela.

Alito Moreno exige investigación a fondo de hijos de AMLO
Durante su entrevista con Ciro Gómez Leyva, el dirigente priista indicó que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tienen acusaciones en su contra por presunto tráfico con influencias.

Exigió una investigación a fondo contra Andrés ‘Andy’ Manuel y Gonzalo ‘Bobby’ Alfonso López Beltrán, ya que: “El pueblo de México exige claridad y que se llegue hasta las últimas consecuencias”.

Narrativa extranjera de terrorismo: acciones de Estados Unidos en México
La propuesta de clasificación del PRI llegó siete meses después de que Estados Unidos clasificó formalmente al crimen organizado como terrorismo el pasado 20 de febrero; la mayoría de cárteles fueron de origen mexicano.

Tras cumplir con dicha designación extranjera, Trump insistió en numerosas ocasiones al Gobierno de México ingresar militarmente al país bajo la justificación de ayudar en la lucha contra el terrorismo.

A partir de ese momento las acciones de dependencias estadunidenses alcanzaron a México, sus figuras políticas y al Estado mismo con sus instituciones federales y financieras.

La última ocasión fue la sanción del Departamento del Tesoro contra Hilda Araceli Brown, diputada morenista exalcaldesa de Rosarito, Baja California, y otras cinco personas.

La funcionaria fue acusada de participar en el tráfico de drogas con vínculos con la facción de ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa.

John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, recalcó que este cártel es una organización terrorista extranjera que corrompe a funcionarios locales.

Con 438 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que obliga a plataformas digitales a facilitar la cancelación inmediata de suscripciones y membresías con cobros recurrentes.

La iniciativa, propuesta por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, busca poner fin a los “cobros abusivos” y obstáculos que enfrentan los usuarios al intentar darse de baja de servicios como Netflix, Amazon o plataformas de entretenimiento, en un mercado que mueve 2 billones de pesos al año.

¿Qué les exigiría a los proveedores la nueva reforma?
Esta reforma adiciona las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la ley, estableciendo que los proveedores deben informar de manera clara y accesible sobre pagos automáticos, incluyendo periodicidad, monto y fecha de cobro.

Además, se requiere el consentimiento expreso e informado del consumidor para cualquier cargo recurrente.

Asimismo, las empresas deberán notificar con al menos cinco días de anticipación la renovación automática, permitiendo la cancelación sin penalizaciones.

“Cancelar suscripciones debe ser un proceso sencillo, sin trabas ni abusos”, afirmó Monreal en la tribuna.

La iniciativa no pasó por comisiones y fue enviada directamente al Senado. Monreal, quien reveló haber terminado en el buró de crédito por dificultades para cancelar un servicio de televisión, calificó el proceso de baja como “un calvario” para los 67 millones de usuarios de plataformas digitales en México.

“No podemos mantenernos indiferentes ante estos sentimientos de la población”, dijo el funcionario.

La reforma recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios, incluyendo Morena, PAN, PRI, PT, MC y PVEM.

Por su parte, el coordinador del PAN, Elías Lixa, propuso una reserva para aclarar que los cobros automáticos sólo procederán con un contrato previo, la cual fue aceptada por Monreal.

Lixa también exigió legislar contra comisiones excesivas por pagos con tarjetas bancarias, un tema pendiente desde 2024.

La iniciativa también abre la puerta a futuras regulaciones contra abusos en tarjetas de crédito, seguros médicos y servicios de transporte aéreo y terrestre, como adelantó Monreal: “Estamos dispuestos a atenuar los abusos y defender a la población de los poderosos”, aseguró.

Los 41 diputados del Congreso de Puebla recibirán más de 1 millón de pesos en los últimos cuatro meses del año; se considera el bono que tendrán para hacer su primer informe de actividades y el aguinaldo de mes y medio de sueldo.

A estos ingresos extraordinarios se suman el salario que reciben de manera oficial más el apoyo legislativo que también tienen de manera mensual.

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, en el Congreso del estado los legisladores poblanos reciben un salario mensual de 56 mil 420 pesos.

A este sueldo se le suma de forma mensual un apoyo Legislativo que asciende a 141 mil 830 pesos, lo cual deben ocupar para gestiones en el distrito que pertenecen.

Diputados recibirán 1 millón de pesos de septiembre a diciembre
Sin embargo, este apoyo legislativo no está establecido ni en la Ley Orgánica del Poder Legislativo ni en el Reglamento Interno, por lo que se desconoce quien define cuánto será el monto total que reciben los legisladores.

Esto quiere decir que los diputados reciben mensualmente un total de 198 mil 250 pesos.

A este recurso se le sumará un recurso extra para su primer informe de labores que asciende a 200 mil pesos y que se les entregará en septiembre.

Además, los legisladores, entre noviembre y diciembre, estarán recibiendo su aguinaldo, que de acuerdo con la Ley de Egresos de Puebla asciende a 94 mil 230 pesos.

Con esto los diputados de Puebla recibirán un total de un millón 87 mil 230 pesos de septiembre a diciembre, para su gestión distrital, informes y por su labor en el Congreso del estado.

En su primer año legislativo los diputados han presentado 832 iniciativas, de las cuales sólo 117 han sido aprobadas, es decir, un 14 por ciento, y entre ellas se encuentran 20 propuestas del gobernador, Alejandro Armenta Mier.

Asimismo, los 41 legisladores por lo menos han faltado una vez a las sesiones del pleno, ya sean ordinarias o extraordinarias, pero los recursos que reciben siempre se los pagan mensualmente, pues todas sus faltas han sido justificadas.