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Se busca aumentar las penas por sustraer menores poblanos

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El diputado local de Morena, Eduardo Castillo López, propone aumentar las penas por el delito de sustracción de menores en Puebla, que actualmente se castiga con prisión de dos a cinco años y multa de 100 a mil días de salario.

El legislador presentó una iniciativa ante el Congreso local para adicionar el segundo párrafo del artículo 283 Ter del Código Penal del Estado de Puebla.

Si la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y posteriormente el pleno del Congreso aprueba el dictamen, la pena contra los responsables de sustraer menores aumentará hasta una tercera parte si se utiliza violencia, ya sea física, psicológica, sexual, económica o patrimonial para sustraer al menor.

Asimismo, la pena aumentará hasta una cuarta parte si la persona que tiene la guarda y custodia, de hecho, o legal, tiene alguna discapacidad física o mental, pertenece a una comunidad indígena, es mayor de 60 años o migrante.

La sustracción de menores es el traslado de un menor de edad sin tener causa legal que lo motive, por parte del progenitor que no es titular de la custodia, miembros de la familia o personas afines a un lugar no acordado con el otro progenitor, o con aquella persona legitimada para tener la guarda y custodia.

En su iniciativa, Castillo expone que este delito es sancionado y es muy común que se ejecute durante una crisis familiar, separaciones o divorcios y que la retención del menor de edad suele ser un medio de negociación entre los cónyuges o para amenazar en busca de beneficios en la separación.

Refiere que durante la pandemia por Covid-19, los delitos contra la familia, incluyendo la sustracción de infantes, aumentaron 25.9 por ciento, pues de enero a agosto de 2020 se registraron 540 carpetas de investigación en la entidad, mientras que en el mismo periodo del 2019 hubo 194, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Añade que en el municipio de Puebla, en septiembre de 2020, se registraron cinco casos donde los padres separaron con violencia a los niños de sus madres, de quienes se habían divorciado durante el confinamiento.

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Realizan Cierre Vial en la Recta a Cholula para Exigir el Cumplimiento de Acuerdos sobre el Relleno Sanitario

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Integrantes de pueblos originarios de la región de Cholula, acompañados por miembros de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac), llevaron a cabo un bloqueo sobre los carriles centrales de la Recta a Cholula, generando importantes afectaciones a la circulación vehicular entre Puebla y la zona metropolitana.

La protesta social comenzó poco después de las 11:00 horas, cuando los manifestantes cerraron el paso vehicular como medida de presión para exigir a las autoridades estatales el cumplimiento cabal de los acuerdos pactados en torno al cierre definitivo del relleno sanitario intermunicipal.

Tras mantener bloqueada la vialidad durante al menos dos horas, los inconformes se desplazaron hacia las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente para exigir respuestas directas de la dependencia, a cuyos titulares acusaron de omisión y falta de acciones concretas frente a la problemática ambiental.

Los representantes comunitarios insistieron en que el antiguo sitio de disposición de residuos continúa generando graves afectaciones ecológicas y exigieron un seguimiento riguroso a las medidas de saneamiento ambiental comprometidas por las autoridades competentes.

Elementos de vialidad y movilidad implementaron operativos temporales de desvío para mitigar el caos vehicular, mientras que las demandas de los manifestantes se mantienen firmes a la espera de una mesa de diálogo resolutiva con el gobierno estatal.

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Impulsa Gobernador Alejandro Armenta Iniciativa para Blindar la «Casa del Abue» en la Constitución Poblana

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El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, anunció una iniciativa legal de gran calado para elevar a rango constitucional la protección, operación y financiamiento de la «Casa del Abue», garantizando que este centro de atención integral para adultos mayores cuente con un marco jurídico inalterable sin importar futuros cambios de administración.

Durante el anuncio oficial, el mandatario estatal subrayó que el objetivo central de esta reforma es blindar los derechos sociales y los programas de asistencia dedicados a las personas de la tercera edad, reconociendo su trayectoria y asegurando su bienestar prioritario en las políticas públicas del estado.

La propuesta legislativa será turnada en los próximos días al Congreso local para su análisis y votación, donde diversas fuerzas políticas han adelantado su respaldo debido al alto impacto social que representan los servicios brindados por la institución en beneficio de los sectores más vulnerables.

La «Casa del Abue» se ha consolidado como un referente de asistencia comunitaria en Puebla, ofreciendo actividades recreativas, atención médica gerontológica, talleres de desarrollo humano y espacios de convivencia digna para cientos de personas adultas mayores que acuden diariamente.

Con este blindaje constitucional, el gobierno estatal busca consolidar un modelo de justicia social permanente que garantice recursos etiquetados y obligatoriedad institucional, sentando un precedente nacional en la protección integral de las personas de la tercera edad.

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Persiste el Ambulantaje en el Centro Histórico de Puebla a un Día del Anuncio de Nuevos Operativos de Control

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A pesar de que las autoridades municipales anunciaron con bombo y platillo la puesta en marcha de un nuevo dispositivo de seguridad y reordenamiento comercial, la presencia de vendedores ambulantes continuó firme durante este viernes en diversas calles y cruceros principales del Centro Histórico de la angelópolis.

Comerciantes informales instalaron sus puestos sobre banquetas y pasos peatonales, ignorando las advertencias y operativos anunciados por la Comuna para liberar el espacio público y mitigar el congestionamiento peatonal en el primer cuadro de la ciudad.

Transeúntes y dueños de establecimientos establecidos señalaron que la estrategia gubernamental ha mostrado poca efectividad práctica en sus primeras horas de aplicación, toda vez que los ambulantes se desplazan momentáneamente o regresan a sus puntos habituales tras el paso de los inspectores.

La administración municipal había reiterado su compromiso de aplicar la ley con firmeza y mantener vigilancia permanente para evitar la proliferación de la economía informal, buscando con ello equilibrar el orden urbano y salvaguardar los derechos de los locatarios establecidos.

Ante la persistencia del problema, los gremios del comercio formal exigieron acciones de fondo y una coordinación real entre las dependencias de gobernación y seguridad, advirtiendo que los operativos superficiales solo generan tensión y un desorden prolongado en el corazón comercial de Puebla.

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