Los estudiantes de educación media superior inscritos en instituciones públicas del país comenzarán a recibir los apoyos económicos correspondientes al programa Beca Benito Juárez a partir del próximo lunes 19 de octubre. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó el inicio del operativo de pago del ciclo escolar 2026-2027, el cual se dispersará de manera gradual mediante las tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

De acuerdo con el esquema oficial de atención, los depósitos se organizarán tomando en cuenta la inicial del primer apellido de cada beneficiario. Las actividades darán comienzo el lunes 19 de octubre para las letras A y B, continuando el martes 20 con la letra C, el miércoles 21 para D, E y F, y el jueves 22 para la letra G. Las dispersiones continuarán de forma escalonada a lo largo del mes hasta abarcar la totalidad del abecedario el viernes 30 de octubre.

El estipendio bimestral para los alumnos de nivel bachillerato o preparatoria asciende a 1,900 pesos, recurso que busca aminorar los índices de deserción escolar y respaldar la economía de las familias mexicanas. Las autoridades informaron que no es necesario acudir anticipadamente a las sucursales bancarias, ya que el dinero permanece seguro en las cuentas bancarias de los jóvenes una vez realizada la transferencia.

Para verificar la disponibilidad del saldo, los beneficiarios disponen de herramientas digitales como la aplicación móvil del Banco del Bienestar y la plataforma oficial Buscador de Estatus mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP). Asimismo, la dependencia recomendó a la comunidad estudiantil mantenerse al pendiente de las redes sociales oficiales para resolver cualquier duda o consulta sobre la logística del programa.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo un cateo en un inmueble del municipio de Chignahuapan, logrando el aseguramiento de aproximadamente 7 mil litros de combustible de presunta procedencia ilícita y tres vehículos vinculados con la red de almacenamiento ilegal.

La diligencia ministerial se originó a partir de diversas denuncias ciudadanas y labores de inteligencia federal que alertaron sobre actividades de almacenamiento y posible distribución de hidrocarburo robado en la región de la Sierra Norte de Puebla. Al sitio también acudió personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) para resguardar las instalaciones y realizar las evaluaciones correspondientes del producto decomisado.

Durante la revisión del inmueble, las autoridades federales contabilizaron el carburante almacenado de manera irregular, además de confiscar tres unidades automotoras que presuntamente eran utilizadas para el traslado del combustible hacia distintos puntos de la zona norte del estado. Todo lo asegurado quedó bajo resguardo ministerial para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad federales y estatales no reportaron personas detenidas durante el operativo. Las indagatorias continuarán su curso para fincar responsabilidades y determinar el alcance de las operaciones de este grupo dedicado al robo de hidrocarburos en el territorio poblano.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó durante su conferencia matutina los recientes señalamientos emitidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. La mandataria federal solicitó formalmente que se presenten las pruebas necesarias que respalden las acusaciones sobre una supuesta injerencia del Cártel del Noroeste en los comicios electorales del país.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, Sheinbaum Pardo detalló que el gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya se encuentra analizando y revisando los elementos difundidos por el organismo estadounidense. El objetivo principal de esta revisión institucional es determinar si existen indicios reales o evidencias tangibles que confirmen la veracidad de dichos informes dentro del territorio nacional.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal aclaró que cualquier señalamiento de carácter internacional requiere de un sustento sólido y comprobable para poder proceder legalmente bajo las leyes mexicanas. Puntualizó que, si las investigaciones internas de la UIF no encuentran elementos suficientes para acreditar las conductas ilícitas señaladas por la agencia extranjera, las sanciones o medidas correspondientes se mantendrán estrictamente dentro de la competencia de las autoridades de Estados Unidos.

La presidenta enfatizó la distinción fundamental entre las determinaciones de carácter administrativo adoptadas de manera unilateral por el gobierno estadounidense y las indagatorias formales que las instituciones de procuración de justicia en México están obligadas a realizar para esclarecer cualquier posible afectación en los procesos democráticos de la nación.

Finalmente, el gobierno mexicano reiteró su postura de apertura a la cooperación bilateral, pero exigió rigor informativo y pruebas contundentes antes de dar por válidas especificaciones que involucren a la delincuencia organizada en las elecciones presidenciales, subrayando que la soberanía nacional y la certeza jurídica exigen investigaciones debidamente fundamentadas.