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Diputados eligen cuatro perfiles para integrar la Comisión de Búsqueda

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Serán cuatro los perfiles que el Congreso de Puebla votará para que integren los puestos honorarios del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado: dos serán familiares de personas desaparecidas, y los dos lugares restantes serán ocupados por especialistas con experiencia en la defensa y protección de Derechos Humanos.

La decisión fue tomada por las y los legisladores que integran las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Procuración y Administración de Justicia, de la LXI legislatura del congreso estatal, este viernes 11 de marzo. De esta forma, el acuerdo será enviado próximamente al Pleno para someterlo a votación y a su eventual aprobación definitiva.

Como resultado de las comparecencias realizadas por los legisladores de dichos órganos colegiados parlamentarios, el pasado 4 de marzo, se determinó que de los 10 aspirantes que buscaban representar el bloque de familiares en ese cuerpo honorario, dos lograron acreditar todos los criterios de evaluación fijados por la soberanía legislativa: Paloma del Carmen Cabrera Camargo y Gilberto Cabrera Barrón.

Cabrera Camargo es prima de Paulina Camargo Limón, una joven que tenía 19 años de edad cuando fue reportada como desaparecida el 25 de agosto de 2015, en Puebla capital, poco después de haber salido a tomar un café con José María Sosa, su expareja, a quien la justicia poblana le adjudicó los delitos de homicidio y aborto, pues la joven tenía meses de embarazo cuando desapareció.

Por su parte, Cabrera Barrón, integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, es padre de Gerzahín Barrón González, desaparecido en el municipio de Huauchinango, el 8 de mayo de 2020.

En relación al producto final de las evaluaciones, el diputado morenista Fernando Sánchez Sasia, de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, lamentó que sólo pudieran ser elegidos dos perfiles, pues consideró que todos los aspirantes tienen lo que se necesita para asumir el cargo: “Para mí todos son ganadores (…), todos tienen mi reconocimiento y solidaridad por la pena que enfrentan”, declaró.

A ese mismo pronunciamiento se sumaron las voces de las diputadas Mónica Silva Ruiz (PT), Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN), y del diputado Eduardo Castillo López (Morena).

Respecto a la elección de los especialistas que integrarán el panel honorario del organismo público de búsqueda de personas, los legisladores tomaron en cuenta los siguientes requisitos: formación académica, experiencia y trayectoria laboral en materia de protección y defensa de los DDHH, búsqueda de personas desaparecidas, reconocimiento público, exposición de argumentos, la presentación de un ensayo y la capacidad de responder a los cuestionamientos de los diputados, principalmente.

En ese tenor, se dio a conocer que los integrantes de ese bloque de expertos estará conformado por Lidia Islas González, Maestra en Derecho Constitucional y Amparo, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); y por Rivers Emmanuel Morales Salazar, quien de acuerdo con registros públicos, es licenciado en Ingeniería en Biotecnología, por la Universidad Politécnica de Puebla.

Finalmente, la petista Silva Ruiz, presidenta de la comisión de Gobernación, mencionó que al ser puestos honoríficos, ninguna de las personas que integrarán ese cuerpo ciudadano recibirán remuneración por sus servicios: “Lo hacen con la absoluta convicción de poder integrarse a los trabajos en pro de las personas desaparecidas”, insistió.

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Ayuntamiento de Puebla Garantiza Respaldo Social y Jurídico a Damnificados por Explosión en Calefacción

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El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, anunció que su administración brindará acompañamiento integral y apoyo asistencial a las familias que resultaron afectadas por la fuerte explosión registrada en el establecimiento de los Baños Providencia, ubicado en los límites territoriales entre la capital poblana y el municipio de Cuautlancingo. El siniestro, ocurrido en el área de calderas del inmueble situado en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, dejó un saldo de ocho personas lesionadas y cuantiosos daños estructurales en los departamentos y viviendas contiguas.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, el munícipe aclaró que si bien los dictámenes normativos y licencias de funcionamiento originales fueron emitidos en administraciones pasadas por el municipio vecino, el gobierno de la capital asumirá un papel solidario y activo para salvaguardar el bienestar de los habitantes cuyas propiedades se encuentran asentadas dentro de territorio poblano. La prioridad inmediata es garantizar que las personas que perdieron su patrimonio reciban refugio temporal y asistencia médica oportuna.

Las familias damnificadas, entre las que figuran trabajadores de la salud y residentes de los edificios contiguos, han manifestado su incertidumbre ante la pérdida total de bienes materiales y los daños severos en las paredes y cimientos de sus hogares. Ante este panorama, personal de la Secretaría de Bienestar municipal y brigadas de protección civil han acudido a la zona de desastre para realizar censos socioeconómicos y coordinar la entrega de apoyos emergentes a los afectados directos.

En paralelo, peritos especializados de la Fiscalía General del Estado y de Protección Civil continúan realizando las diligencias técnicas en el lugar de la explosión para deslindar responsabilidades y determinar si el establecimiento operaba con las medidas de seguridad adecuadas en sus sistemas de calderas y gas. Las autoridades adelantaron que se aplicará todo el rigor de la ley en caso de detectarse negligencias u omisiones graves por parte de los propietarios del negocio o de las instancias que otorgaron los permisos de funcionamiento.

El ayuntamiento poblano recalcó que se intensificarán las inspecciones sorpresa en establecimientos comerciales de giros similares en zonas limítrofes, con el firme propósito de prevenir accidentes similares que pongan en riesgo la vida y el patrimonio de los ciudadanos, estableciendo un canal de comunicación directo con las juntas auxiliares para atender denuncias vecinales sobre comercios irregulares.

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Emite INAH estrictos protocolos de conservación para evitar deterioros irreparables en esculturas sacras de la entidad

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Derivado de la reciente controversia suscitada por el uso de recintos históricos en eventos ajenos a la solemnidad litúrgica, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH emitió una serie de recomendaciones técnicas obligatorias destinadas a salvaguardar la integridad de las esculturas religiosas en Puebla.

El organismo federal advirtió que la manipulación inadecuada, el uso de broches metálicos punzantes y la colocación de indumentarias excesivamente pesadas durante las festividades patronales generan fracturas en extremidades, desgastes superficiales y daños estructurales irreversibles en piezas elaboradas con madera antigua.

Entre las medidas preventivas priorizadas por los expertos destacan la colocación previa de una prenda interior de algodón ligero y holgado que funcione como protección contra fricciones, así como la supervisión constante de articulaciones y la limpieza mediante herramientas de cerdas finas para evitar la acumulación de agentes nocivos.

Las autoridades del instituto recordaron que el vasto patrimonio sacro resguardado en los templos poblanos requiere de un equilibrio permanente entre las expresiones de fe de la comunidad y la aplicación rigurosa de protocolos científicos de conservación para garantizar su legado histórico a las futuras generaciones.

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Congreso del Estado analiza vanguardista Ley de Cultura para salvaguardar lenguas originarias y patrimonio histórico

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Con el firme propósito de actualizar el marco jurídico estatal y reconocer plenamente los derechos colectivos e individuales, el Congreso del Estado de Puebla mantiene en análisis una iniciativa para expedir la nueva Ley de Cultura y Derechos Culturales, impulsada por los legisladores Azucena Rosas Tapia y Pável Gaspar Ramírez.

La propuesta legislativa establece mecanismos de protección jurídica para el patrimonio material, inmaterial y biocultural de la entidad, poniendo un especial énfasis en la preservación de las lenguas originarias y la salvaguarda de los saberes tradicionales arraigados en las comunidades indígenas y afromexicanas poblanas.

Asimismo, el documento incorpora una sólida perspectiva de inclusión social y accesibilidad para derribar las barreras físicas, lingüísticas y territoriales que históricamente han limitado la participación de los sectores más vulnerables y de las localidades alejadas en las expresiones artísticas del estado.

Respaldada por la Secretaría de Cultura, la normativa busca colocar a las personas en el centro de las políticas públicas institucionales, garantizando que el acceso al arte y la preservación de las culturas vivas comunitarias sean una realidad garantizada en todas las regiones de Puebla.

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