El estado de Puebla inició el año con 69 carpetas de investigación por delitos cometidos en materia de hidrocarburos, es decir, que, en el territorio poblano, presuntamente ocurrieron casos de compra, comercialización, resguardo, transporte o distribución de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de manera irregular.

El reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) deja en evidencia que con el número de averiguaciones por estas probables violaciones, la entidad poblana se ubica en segundo lugar nacional con el mayor número de carpetas, solo por debajo de Hidalgo que arrancó el año con 104 casos.

A nivel nacional se iniciaron 444 carpetas de investigación, es decir que Hidalgo y Puebla concentran el 38.9 por ciento del total de ilícitos denunciados.

En contraste, los estados que menos casos de este tipo enlistaron al inicio de 2022 fueron Aguascalientes, Durango, Morelos, Nayarit y Zacatecas con 0 carpetas cada uno, Yucatán, Oaxaca y Guerrero con una carpeta cada uno, mientras que Baja California Sur, Chiapas, Quintana Roo y San Luis Potosí solo reportaron dos carpetas, respectivamente.

En el recuento histórico, el territorio poblano registró un total de mil 481 carpetas de investigación de enero a diciembre de 2019, para el 2020 la cifra bajó a 937 y en el 2021 repuntó la cifra con un total de mil 43 indagaciones.

El Secretariado Ejecutivo no señaló el motivo por el cual se dio cada carpeta de investigación, pero la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos dice que los posibles delitos pueden ser los siguientes: sustraer hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

Así como quien compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios; altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

Estas conductas se sancionan dependiendo de la cantidad de litros que haya sido apropiada de manera ilegal, mismos que va desde 4 a 12 años de prisión y una multa de 4 mil a 17 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.