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El Congreso del Estado plantea elevar multas por violencia familiar

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Elevar de 50 a 200 veces del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) la multa por cometer violencia familiar y agravar el delito cuando se comente contra mujeres embarazadas y personas con discapacidad, fue parte de la iniciativa que presentó el diputado Eduardo Castillo López para reformar el Código Penal del Estado de Puebla.

Así lo expuso en sesión ordinaria, donde resaltó la necesidad de fortalecer el marco jurídico para proteger a la familia, especialmente a mujeres y personas con discapacidad que son víctimas de violencia familiar, por lo que se propone elevar las penas hasta en un 50 por ciento en estos casos.

En la misma sesión, la diputada Isabel Merlo Talavera presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para ampliar las causales del delito de feminicidio e incluir algunas de las que se encuentran ya establecidas en los estados de Veracruz, Oaxaca, Nayarit, Colima, Chihuahua y Aguascaliantes.

De igual forma, el diputado Fernando Morales Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con el objetivo de incluir a las escuelas en las actividades de prevención de riesgos y fortalecer el concepto de seguridad escolar.

A nivel constitucional, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una iniciativa de reforma con el objetivo de establecer que los niños y las niñas tienen derecho a disfrutar de una sana y adecuada convivencia familiar para su desarrollo integral, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez.

En el transcurso de la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa que presentaron los diputados Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Jorge Estefan Chidiac para reformar el Código Penal del Estado de Puebla y que castigar la discriminación en contra de las mujeres embarazadas con uno a tres años de prisión y de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

También se dio cuenta de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, promovida por el diputado Antonio López Ruiz, para que la Secretaría de Seguridad Pública organice, consolide y opere el Sistema Estatal de Inteligencia para la Prevención del Delito.

Finalmente, la diputada Azucena Rosas Tapia propuso un exhorto dirigido al Titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para destinar recursos económicos a la restauración, reparación, conservación y demás trabajos necesarios en los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017; mientras que la diputada Nancy Jiménez Morales propuso un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública para que, dentro de los centros penitenciarios, se asegure la existencia de higiene con la finalidad de que las mujeres puedan tener una menstruación digna, así como se les pueda dotar, de manera gratuita, de toallas femeninas y tampones, a fin de asegurarles a las mismas su derecho humano a la salud.

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Cancelan el cierre de la caseta a Atlixco mientras regidores de Acatlán se deslindan de la protesta

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La manifestación y el bloqueo programados en la caseta de cobro a Atlixco para este viernes fueron cancelados oficialmente tras el deslinde de integrantes del Cabildo de Acatlán de Osorio. Los regidores aclararon que la convocatoria difundida en diversas plataformas digitales no fue promovida por ellos, por lo que desautorizaron cualquier acción de protesta que interfiera con las vías de comunicación estatales.

Pese a suspender la movilización hacia la autopista, los regidores confirmaron que mantendrán el plantón permanente en las instalaciones de la presidencia municipal. La protesta tiene como objetivo central presionar a las autoridades correspondientes para que se concrete la revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, a quien señalan de diversas irregularidades en la administración local.

Durante el pronunciamiento, los integrantes del cuerpo edilicio expresaron su rechazo ante la posible intromisión de grupos ajenos al movimiento social y político. Lamentaron que actores externos intenten sacar provecho de la coyuntura para desvirtuar las demandas ciudadanas y desestabilizar las mesas de diálogo que se buscan establecer con las autoridades competentes.

El conflicto en el municipio de la Mixteca poblana continúa bajo el seguimiento del Gobierno del Estado para garantizar la gobernabilidad en la demarcación. Mientras tanto, las actividades en la caseta de peaje a Atlixco operarán con regularidad, al tiempo que se mantiene la vigilancia en la sede del ayuntamiento para evitar conatos de violencia.

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Regidores exigen revocación de mandato a Alcaldesa de Acatlán

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Acatlán de Osorio vive momentos de alta tensión política tras el quiebre definitivo en las negociaciones entre los integrantes del Cabildo y la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.

Ante la falta de acuerdos en las mesas de diálogo mediadas por la Secretaría de Gobernación estatal, las y los regidores, junto con el síndico municipal David Fernando Chico, acudieron formalmente ante el Congreso del Estado de Puebla para solicitar la reactivación inmediata del proceso de revocación de mandato en contra de la edilesa. A través del oficio RRS/016/2026, el cuerpo edilicio dejó en firme su postura de destituir a la munícipe, argumentando que la vía de la concertación se encuentra completamente agotada.

El conflicto escaló desde el pasado mes de junio, cuando los cabildantes iniciaron la recolección de pruebas por presuntos malos manejos financieros y desvío de recursos públicos. Como antecedente directo a este choque político, el 15 de junio los regidores destituyeron de sus funciones al secretario general, Álvaro Cruz Martínez, y al director de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez López, este último cónyuge de la propia presidenta municipal. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior del Estado mantienen abiertas investigaciones para auditar de fondo las cuentas públicas y deslindar posibles responsabilidades penales.

Sobre el panorama legislativo, el diputado Julio Huerta Gómez, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, calificó la relación como una postura irreconciliable. El legislador precisó que el Congreso se encuentra a la espera de los dictámenes de fiscalización correspondientes para determinar la procedencia legal del recurso. Asimismo, aclaró que de concretarse la destitución de la alcaldesa, la normativa vigente permite que el resto del Cabildo y la Sindicatura permanezcan en sus cargos para dar continuidad al gobierno local sin necesidad de disolver el ayuntamiento en su totalidad.

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San Andrés Cholula capta bolsa de 64 millones de pesos por cobro del predial

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El Ayuntamiento de San Andrés Cholula logró captar un ingreso de 64 millones de pesos a través del cobro del impuesto predial durante el periodo correspondiente. Las autoridades municipales señalaron que esta cifra refleja la respuesta positiva de los contribuyentes locales, quienes han acudido a los módulos de pago habilitados en distintas zonas de la demarcación.

De acuerdo con las áreas financieras del municipio, la recaudación permitirá contar con liquidez para la ejecución de proyectos de infraestructura y la prestación de servicios públicos esenciales. Asimismo, se destacó que los esquemas de descuento y la modernización de las plataformas de cobro facilitaron el cumplimiento de esta obligación fiscal por parte de los ciudadanos.

El gobierno municipal informó que los recursos obtenidos se destinarán de manera prioritaria a áreas de seguridad pública, mantenimiento de vialidades y programas de desarrollo social. Con ello, la administración local busca consolidar las finanzas del municipio y dar continuidad a las obras contempladas en el plan anual de trabajo.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a los propietarios que aún presentan rezagos para que se acerquen a regularizar su situación patrimonial. Para ello, mantendrán activos los esquemas de atención personalizada y los canales digitales que permiten realizar el trámite de forma ágil.

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