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El Congreso del Estado plantea elevar multas por violencia familiar

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Elevar de 50 a 200 veces del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) la multa por cometer violencia familiar y agravar el delito cuando se comente contra mujeres embarazadas y personas con discapacidad, fue parte de la iniciativa que presentó el diputado Eduardo Castillo López para reformar el Código Penal del Estado de Puebla.

Así lo expuso en sesión ordinaria, donde resaltó la necesidad de fortalecer el marco jurídico para proteger a la familia, especialmente a mujeres y personas con discapacidad que son víctimas de violencia familiar, por lo que se propone elevar las penas hasta en un 50 por ciento en estos casos.

En la misma sesión, la diputada Isabel Merlo Talavera presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para ampliar las causales del delito de feminicidio e incluir algunas de las que se encuentran ya establecidas en los estados de Veracruz, Oaxaca, Nayarit, Colima, Chihuahua y Aguascaliantes.

De igual forma, el diputado Fernando Morales Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con el objetivo de incluir a las escuelas en las actividades de prevención de riesgos y fortalecer el concepto de seguridad escolar.

A nivel constitucional, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una iniciativa de reforma con el objetivo de establecer que los niños y las niñas tienen derecho a disfrutar de una sana y adecuada convivencia familiar para su desarrollo integral, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez.

En el transcurso de la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa que presentaron los diputados Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Jorge Estefan Chidiac para reformar el Código Penal del Estado de Puebla y que castigar la discriminación en contra de las mujeres embarazadas con uno a tres años de prisión y de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

También se dio cuenta de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, promovida por el diputado Antonio López Ruiz, para que la Secretaría de Seguridad Pública organice, consolide y opere el Sistema Estatal de Inteligencia para la Prevención del Delito.

Finalmente, la diputada Azucena Rosas Tapia propuso un exhorto dirigido al Titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para destinar recursos económicos a la restauración, reparación, conservación y demás trabajos necesarios en los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017; mientras que la diputada Nancy Jiménez Morales propuso un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública para que, dentro de los centros penitenciarios, se asegure la existencia de higiene con la finalidad de que las mujeres puedan tener una menstruación digna, así como se les pueda dotar, de manera gratuita, de toallas femeninas y tampones, a fin de asegurarles a las mismas su derecho humano a la salud.

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Congreso de Puebla aprueba el «Plan B»: El Cabildo de la capital y ayuntamientos tendrán menos regidores

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Puebla, Pue. — En una sesión extraordinaria de la LXII Legislatura, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría la homologación de la legislación local con la reforma electoral federal —conocida como el «Plan B»— impulsada a nivel nacional. Con esta modificación, la estructura de los cabildos en los 217 municipios del estado se ajustará formalmente al tamaño poblacional reportado por el INEGI.

La medida modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP), estableciendo un límite máximo de 15 regidurías por ayuntamiento en todo el territorio estatal.

¿Cómo queda conformado el Cabildo de Puebla capital?
El impacto más notable de esta nueva normativa recae sobre el municipio de Puebla (la Angelópolis), que actualmente operaba con una plantilla robusta de regidores. Tras la aprobación del dictamen, el cuerpo edilicio de la capital sufrirá un recorte drástico:

De 23 a 15 integrantes totales: El Cabildo pasará de tener 23 figuras a un máximo de 15.

Nueva distribución: Estará integrado por una presidencia municipal, una sindicatura, 11 regidurías de mayoría relativa y hasta 4 regidurías de representación proporcional.

Esto representa una disminución directa de ocho regidurías en el gobierno de la ciudad.

Nueva integración de Cabildos según la población
El decreto avalado por los diputados locales establece rangos poblacionales basados en el Censo de Población y Vivienda del INEGI para definir la cantidad exacta de regidores en el resto de los municipios poblanos:

Más de 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 4 de representación proporcional.

De 60 mil a 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 3 de representación proporcional.

Menos de 60 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 6 regidurías de mayoría y hasta 2 de representación proporcional.

Austeridad y argumentos del Pleno
Durante la discusión en el Pleno, los legisladores señalaron que esta armonización busca generar esquemas de mayor austeridad gubernamental, optimizar el uso de los recursos públicos en las administraciones municipales y transparentar el ejercicio de la representación ciudadana apegándose a los lineamientos federales de contención del gasto corriente.

El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor, turnándose a los trámites subsecuentes para su publicación oficial y entrada en vigor de cara a los próximos procesos de organización administrativa en la entidad.

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Puebla se mantiene entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país: INEGI

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El 81.3% de la población de 18 años y más que habita en la capital poblana considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este porcentaje registrado en junio de, la Angelópolis se coloca nuevamente en las posiciones más altas a nivel nacional, superando ampliamente el promedio general del país, que se ubicó en el 59.8% entre las 91 áreas urbanas evaluadas.

Sin cambios significativos frente a mediciones previas

El estudio estadístico muestra que la cifra se mantiene prácticamente estática en comparación con el trimestre anterior (marzo), cuando alcanzó el 81.5%. Del mismo modo, al contrastarlo con el mismo periodo del año previo (junio de 2025, cuando reportó 84%), el INEGI determinó que las variaciones no son estadísticamente significativas, evidenciando que el sentimiento de vulnerabilidad de los poblanos se mantiene en una meseta alta.

A nivel nacional, la percepción de inseguridad se concentró en ciudades como Irapuato (Guanajuato), Culiacán (Sinaloa) y Reynosa (Tamaulipas), mientras que Puebla se encuentra en los peldaños críticos junto a demarcaciones como Chilpancingo y Cuernavaca.

¿Dónde se sienten más inseguros los poblanos?

La ENSU detalla cuáles son los espacios físicos y situaciones urbanas donde la ciudadanía experimenta mayor temor al realizar sus actividades cotidianas:

  • Cajeros automáticos en la vía pública.
  • Calles habitualmente transitadas.
  • Transporte público.
  • Carreteras de la región.

Asimismo, el informe destaca que durante el segundo trimestre del año, el 51% de los habitantes de la capital reportó haber tenido algún tipo de conflicto o enfrentamiento directo con vecinos, familiares, compañeros de trabajo o autoridades, reflejando tensiones latentes en el tejido social de la ciudad.

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Exigen auditoría forense y castigo a Eduardo Rivera Pérez por irregularidades en la Avenida Juárez

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El exalcalde de la capital poblana y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Rivera Pérez, deberá enfrentar un nuevo proceso de fiscalización ante las instancias correspondientes tras los señalamientos por el manejo de recursos públicos durante su gestión municipal.

La solicitud fue formalizada por la diputada federal Nora Merino Escamilla, quien exigió de manera directa que se investigue y se castigue la presunta corrupción vinculada a la obra de rehabilitación de la Avenida Juárez, un proyecto insignia de su administración que presentó severas anomalías financieras y técnicas.

Piden una «auditoría forense» por 55.7 millones de pesos

El núcleo de la denuncia se centra en la millonaria obra de remodelación de la Avenida Juárez, la cual tuvo un costo total de 55.7 millones de pesos.

De acuerdo con los señalamientos de la legisladora, dicha obra acumuló múltiples irregularidades que no pueden quedar impunes, por lo que urgió a la intervención formal

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