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El Congreso del Estado plantea elevar multas por violencia familiar

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Elevar de 50 a 200 veces del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) la multa por cometer violencia familiar y agravar el delito cuando se comente contra mujeres embarazadas y personas con discapacidad, fue parte de la iniciativa que presentó el diputado Eduardo Castillo López para reformar el Código Penal del Estado de Puebla.

Así lo expuso en sesión ordinaria, donde resaltó la necesidad de fortalecer el marco jurídico para proteger a la familia, especialmente a mujeres y personas con discapacidad que son víctimas de violencia familiar, por lo que se propone elevar las penas hasta en un 50 por ciento en estos casos.

En la misma sesión, la diputada Isabel Merlo Talavera presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para ampliar las causales del delito de feminicidio e incluir algunas de las que se encuentran ya establecidas en los estados de Veracruz, Oaxaca, Nayarit, Colima, Chihuahua y Aguascaliantes.

De igual forma, el diputado Fernando Morales Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con el objetivo de incluir a las escuelas en las actividades de prevención de riesgos y fortalecer el concepto de seguridad escolar.

A nivel constitucional, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una iniciativa de reforma con el objetivo de establecer que los niños y las niñas tienen derecho a disfrutar de una sana y adecuada convivencia familiar para su desarrollo integral, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez.

En el transcurso de la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa que presentaron los diputados Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Jorge Estefan Chidiac para reformar el Código Penal del Estado de Puebla y que castigar la discriminación en contra de las mujeres embarazadas con uno a tres años de prisión y de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

También se dio cuenta de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, promovida por el diputado Antonio López Ruiz, para que la Secretaría de Seguridad Pública organice, consolide y opere el Sistema Estatal de Inteligencia para la Prevención del Delito.

Finalmente, la diputada Azucena Rosas Tapia propuso un exhorto dirigido al Titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para destinar recursos económicos a la restauración, reparación, conservación y demás trabajos necesarios en los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017; mientras que la diputada Nancy Jiménez Morales propuso un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública para que, dentro de los centros penitenciarios, se asegure la existencia de higiene con la finalidad de que las mujeres puedan tener una menstruación digna, así como se les pueda dotar, de manera gratuita, de toallas femeninas y tampones, a fin de asegurarles a las mismas su derecho humano a la salud.

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Refuerzan Vigilancia en Carreteras de la Zona Metropolitana ante Robos a Transportistas

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Municipios de la zona metropolitana de Puebla y de regiones con alta incidencia delictiva acordaron reforzar la vigilancia carretera y desplegar a sus corporaciones locales para atender reportes de asaltos al transporte de carga, tras el llamado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Entre las demarcaciones contempladas en los acuerdos figuran Esperanza, San Martín Texmelucan y Tepeaca, señaladas por el sector como zonas de riesgo para el traslado de mercancías.

Enrique Rodríguez González, delegado de Canacar en Puebla, dio a conocer que este miércoles 18 de noviembre se evaluaron los avances en una mesa de trabajo celebrada en Casa Aguayo, como seguimiento a compromisos pactados 15 días atrás. Explicó que los presidentes municipales y mandos locales de seguridad deberán mantener enlace directo con los transportistas para que las policías municipales acudan de inmediato ante cualquier reporte de atraco.

Con este esquema se busca que los conductores no dependan exclusivamente de la Guardia Nacional y de las fuerzas estatales al momento de sufrir un robo, sino que cuenten también con apoyo de las corporaciones municipales por donde transitan. Rodríguez González destacó que en Esperanza se ha observado una baja en los robos tras el reforzamiento de autoridades estatales y federales, aunque persisten hechos delictivos en otros tramos como la carretera federal 150.

El encuentro, que duró cerca de dos horas y media, reunió a funcionarios del gobierno estatal, ayuntamientos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Ejército. Aunque en estas mesas se han expuesto señalamientos contra policías municipales por presunta extorsión en vías de comunicación, durante la sesión de este miércoles no se reportaron sanciones ni avances en investigaciones al respecto.

A diferencia de la reunión previa, donde también se abordaron intervenciones viales propuestas por Caminos y Puentes Federales (Capufe), el diálogo reciente se centró en la operatividad de seguridad y el respaldo municipal. Estas mesas de trabajo cobraron mayor impulso luego de las protestas realizadas el 26 de octubre en tramos de San Martín Texmelucan y Amozoc, donde transportistas exigieron mayores garantías ante los robos en el estado.

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Refuerzan Vigilancia en Carreteras de la Zona Metropolitana ante Robos a Transportistas

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Municipios de la zona metropolitana de Puebla y de regiones con alta incidencia delictiva acordaron reforzar la vigilancia carretera y desplegar a sus corporaciones locales para atender reportes de asaltos al transporte de carga, tras el llamado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Entre las demarcaciones contempladas en los acuerdos figuran Esperanza, San Martín Texmelucan y Tepeaca, señaladas por el sector como zonas de riesgo para el traslado de mercancías.

Enrique Rodríguez González, delegado de Canacar en Puebla, dio a conocer que este miércoles 18 de noviembre se evaluaron los avances en una mesa de trabajo celebrada en Casa Aguayo, como seguimiento a compromisos pactados 15 días atrás. Explicó que los presidentes municipales y mandos locales de seguridad deberán mantener enlace directo con los transportistas para que las policías municipales acudan de inmediato ante cualquier reporte de atraco.

Con este esquema se busca que los conductores no dependan exclusivamente de la Guardia Nacional y de las fuerzas estatales al momento de sufrir un robo, sino que cuenten también con apoyo de las corporaciones municipales por donde transitan. Rodríguez González destacó que en Esperanza se ha observado una baja en los robos tras el reforzamiento de autoridades estatales y federales, aunque persisten hechos delictivos en otros tramos como la carretera federal 150.

El encuentro, que duró cerca de dos horas y media, reunió a funcionarios del gobierno estatal, ayuntamientos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Ejército. Aunque en estas mesas se han expuesto señalamientos contra policías municipales por presunta extorsión en vías de comunicación, durante la sesión de este miércoles no se reportaron sanciones ni avances en investigaciones al respecto.

A diferencia de la reunión previa, donde también se abordaron intervenciones viales propuestas por Caminos y Puentes Federales (Capufe), el diálogo reciente se centró en la operatividad de seguridad y el respaldo municipal. Estas mesas de trabajo cobraron mayor impulso luego de las protestas realizadas el 26 de octubre en tramos de San Martín Texmelucan y Amozoc, donde transportistas exigieron mayores garantías ante los robos en el estado.

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ANTE CARENCIAS DEL SERVICIO, PIPAS DE AGUA PARA EL BIENESTAR ABASTECEN A FAMILIAS

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-Mediante 100 pipas y comités liderados por mujeres tesoreras, el Estado resarce el derecho al agua y mejora la infraestructura en los 217 municipios ante las omisiones de concesionarias privadas.

-Con un ahorro de 8 mil millones de pesos logrado tras sanear la deuda del Museo Barroco, la administración de Alejandro Armenta canalizará 500 millones anuales a bachilleratos, tecnológicos y universidades.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la indiferencia de los entes privados y las omisiones en el ámbito municipal, Gobierno del Estado desplegó una flotilla de 100 pipas para garantizar este derecho humano en la zona metropolitana, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien exhortó a los ayuntamientos a cumplir con sus obligaciones constitucionales en materia de limpia, mantenimiento de accesos, drenaje y alumbrado, sin necesidad de contratar empresas externas para tareas básicas de faena comunitaria.

En materia de servicios básicos, el gobernador reiteró las graves afectaciones provocadas por la privatización del suministro hídrico, los rellenos sanitarios y el alumbrado público en administraciones anteriores. Puntualizó que la concesionaria del líquido vital incumple con las inversiones de saneamiento e infraestructura comprometidas, lo cual mantiene sin abasto a diversas colonias donde sí se cobra el servicio.

“Con el programa de Obra Comunitaria, el dinero del pueblo regresa a las localidades y es administrado por las mujeres para atender sus necesidades prioritarias”, destacó el gobernador Alejandro Armenta Mier en conferencia de prensa desde la capital del país. El ejecutivo estatal subrayó que su administración combate las herencias de corrupción del pasado para devolver la justicia social a las familias poblanas mediante una gestión transparente y cercana.

Armenta Mier explicó que el saneamiento financiero de proyectos como el Museo Barroco permitió rescatar 8 mil millones de pesos de un esquema que comprometía las finanzas estatales hasta el año 2039. Gracias a este ahorro histórico, el Ejecutivo etiquetó 500 millones de pesos cada año, durante los próximos cuatro ejercicios, para fortalecer a las instituciones educativas de nivel medio superior y superior, lo que permitirá rehabilitar laboratorios y fomentar la innovación tecnológica, cultural y deportiva.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, detalló los resultados alcanzados en los 217 municipios durante 2025 y 2026 a través de los esquemas de participación ciudadana. Informó que en este periodo se benefició de manera directa a 273 mil 559 personas y de forma indirecta a otras 203 mil 444, consolidando un modelo humanista donde las asambleas vecinales deciden las prioridades y comités con tesoreras mujeres ejercieron más de 2 mil 500 millones de pesos en ambos años.

La funcionaria precisó que dentro del rubro de infraestructura vial se concretaron 515 proyectos de adoquinamiento de calles y 205 obras de guarniciones y banquetas, con el objetivo de revertir el abandono urbano a una tercera parte del costo tradicional. Estas acciones se suman a las becas de conectividad, coinversión social y mejoramiento de vivienda para familias de los cuerpos de seguridad.

Finalmente, García Chávez resaltó el impacto del programa Agua para el Bienestar Por Amor a Puebla, el cual realizó 67 mil 930 entregas gratuitas en municipios como Puebla capital, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Ocoyucan, San Andrés y San Pedro Cholula. Con dos dotaciones mensuales por hogar, esta estrategia atiende a más de 60 mil habitantes, además, reafirma el compromiso estatal con el desarrollo y la equidad social.

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