Elevar de 50 a 200 veces del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) la multa por cometer violencia familiar y agravar el delito cuando se comente contra mujeres embarazadas y personas con discapacidad, fue parte de la iniciativa que presentó el diputado Eduardo Castillo López para reformar el Código Penal del Estado de Puebla.

Así lo expuso en sesión ordinaria, donde resaltó la necesidad de fortalecer el marco jurídico para proteger a la familia, especialmente a mujeres y personas con discapacidad que son víctimas de violencia familiar, por lo que se propone elevar las penas hasta en un 50 por ciento en estos casos.

En la misma sesión, la diputada Isabel Merlo Talavera presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para ampliar las causales del delito de feminicidio e incluir algunas de las que se encuentran ya establecidas en los estados de Veracruz, Oaxaca, Nayarit, Colima, Chihuahua y Aguascaliantes.

De igual forma, el diputado Fernando Morales Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con el objetivo de incluir a las escuelas en las actividades de prevención de riesgos y fortalecer el concepto de seguridad escolar.

A nivel constitucional, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una iniciativa de reforma con el objetivo de establecer que los niños y las niñas tienen derecho a disfrutar de una sana y adecuada convivencia familiar para su desarrollo integral, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez.

En el transcurso de la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa que presentaron los diputados Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Jorge Estefan Chidiac para reformar el Código Penal del Estado de Puebla y que castigar la discriminación en contra de las mujeres embarazadas con uno a tres años de prisión y de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

También se dio cuenta de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, promovida por el diputado Antonio López Ruiz, para que la Secretaría de Seguridad Pública organice, consolide y opere el Sistema Estatal de Inteligencia para la Prevención del Delito.

Finalmente, la diputada Azucena Rosas Tapia propuso un exhorto dirigido al Titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para destinar recursos económicos a la restauración, reparación, conservación y demás trabajos necesarios en los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017; mientras que la diputada Nancy Jiménez Morales propuso un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública para que, dentro de los centros penitenciarios, se asegure la existencia de higiene con la finalidad de que las mujeres puedan tener una menstruación digna, así como se les pueda dotar, de manera gratuita, de toallas femeninas y tampones, a fin de asegurarles a las mismas su derecho humano a la salud.