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El Congreso del Estado plantea elevar multas por violencia familiar

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Elevar de 50 a 200 veces del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) la multa por cometer violencia familiar y agravar el delito cuando se comente contra mujeres embarazadas y personas con discapacidad, fue parte de la iniciativa que presentó el diputado Eduardo Castillo López para reformar el Código Penal del Estado de Puebla.

Así lo expuso en sesión ordinaria, donde resaltó la necesidad de fortalecer el marco jurídico para proteger a la familia, especialmente a mujeres y personas con discapacidad que son víctimas de violencia familiar, por lo que se propone elevar las penas hasta en un 50 por ciento en estos casos.

En la misma sesión, la diputada Isabel Merlo Talavera presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para ampliar las causales del delito de feminicidio e incluir algunas de las que se encuentran ya establecidas en los estados de Veracruz, Oaxaca, Nayarit, Colima, Chihuahua y Aguascaliantes.

De igual forma, el diputado Fernando Morales Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con el objetivo de incluir a las escuelas en las actividades de prevención de riesgos y fortalecer el concepto de seguridad escolar.

A nivel constitucional, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una iniciativa de reforma con el objetivo de establecer que los niños y las niñas tienen derecho a disfrutar de una sana y adecuada convivencia familiar para su desarrollo integral, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez.

En el transcurso de la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa que presentaron los diputados Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Jorge Estefan Chidiac para reformar el Código Penal del Estado de Puebla y que castigar la discriminación en contra de las mujeres embarazadas con uno a tres años de prisión y de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

También se dio cuenta de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, promovida por el diputado Antonio López Ruiz, para que la Secretaría de Seguridad Pública organice, consolide y opere el Sistema Estatal de Inteligencia para la Prevención del Delito.

Finalmente, la diputada Azucena Rosas Tapia propuso un exhorto dirigido al Titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para destinar recursos económicos a la restauración, reparación, conservación y demás trabajos necesarios en los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017; mientras que la diputada Nancy Jiménez Morales propuso un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública para que, dentro de los centros penitenciarios, se asegure la existencia de higiene con la finalidad de que las mujeres puedan tener una menstruación digna, así como se les pueda dotar, de manera gratuita, de toallas femeninas y tampones, a fin de asegurarles a las mismas su derecho humano a la salud.

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Infiltración en Capufe facilitaba el robo a transportistas en la autopista Puebla-Orizaba

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Autoridades identifican que la filtración de datos permitía a grupos delictivos conocer rutas, horarios y tipos de carga en la zona de Esperanza.

Redacción HMX: A través de labores de vigilancia, halconeo y el envío de «pitazos» a bandas dedicadas al robo de carga, personal dentro de Caminos y Puentes Federales (Capufe) favorecía el despojo de mercancías a transportistas. Así lo revelaron fuentes cercanas a las investigaciones tras la aprehensión de una empleada de dicho organismo y del exalcalde de Esperanza, Isaac N.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la presencia de personal infiltrado en puntos clave del trayecto permitía a las organizaciones criminales obtener información detallada sobre los itinerarios y tipos de cargamentos. La zona con mayor impacto se concentraba en la autopista Puebla-Orizaba, concretamente a la altura del municipio de Esperanza, un tramo catalogado como crítico para el transporte de carga.

Ante esta problemática, Jonathan Carlos Amaro Hernández, doctor en Derecho e investigador, señaló que la rotación constante del personal en este tipo de instituciones resulta clave para neutralizar los riesgos de colusión, ya sea por complicidad voluntaria o por coerción.

El especialista detalló que, a la par de la rotación, se requieren esquemas permanentes de supervisión para detectar posibles nexos entre los trabajadores y los grupos delictivos, de manera particular en áreas organizativas con acceso a datos sensibles sobre el flujo vehicular.

Amaro Hernández explicó que el interés de las bandas criminales por cooptar personal de organismos como Capufe responde al carácter estratégico de Puebla, al ser una entidad que conecta el centro con el norte y el sur del país.

«Nuestro estado es una conexión para todo el país; son muchas peculiaridades. Este fenómeno de involucramiento de autoridades, servidores públicos y trabajadores de dependencias, así como de corporaciones policiales, es algo que se ha ido recrudeciendo junto con el robo a unidades de carga y es algo preocupante porque ahora también los presidentes municipales están involucrándose de forma hasta más abierta y descarada», advirtió el especialista. 

Respecto al destino de lo robado, indicó que la mayoría de los productos son comercializados posteriormente en tianguis de comunidades pequeñas. De esta forma, las mercancías se introducen al mercado a un precio inferior al comercial sin pasar por revisiones ni controles sobre su origen.

El investigador comparó la situación con lo que ocurre en diversas corporaciones policiales, destacando que en Capufe existen trabajadores que operan bajo amenazas bajo el esquema de «plata o plomo», mientras que otros se suman por decisión propia atraídos por altos ingresos económicos.

«Es común que los grupos delincuenciales traten de presionar a los servidores públicos que trabajan en este tipo de organismos, dado que los criminales tienen poder económico y de violencia; entonces, o reciben dinero o los matan. Es así como obtienen información sobre qué tipo de camiones pasan, características de los tráileres, tipo de cargas y demás», detalló. 

Como alternativa de solución, planteó replicar esquemas como el del Poder Judicial, donde los jueces de distrito o federales son movidos periódicamente de adscripción o incluso de circuito geográfico para inhibir este tipo de dinámicas. Asimismo, propuso incrementar la presencia de elementos militares o de la Guardia Nacional en las plazas de cobro para resguardar las instalaciones y disuadir la aproximación de grupos delictivos.

Cabe señalar que el pasado 17 de septiembre, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Francisco Sánchez González, confirmó la participación de personal de Capufe con la estructura criminal dedicada al robo en carretera, en la cual también se vincula a los exediles de Tepeyahualco y Esperanza, Said N. e Isaac N.

El funcionario estatal subrayó que el arresto de estos expresidentes municipales marca el comienzo de las acciones para desarticular la red delictiva que operaba en los límites con Veracruz, y confirmó que se mantendrá el monitoreo de los índices delictivos en la zona tras el despliegue de refuerzos policiales.

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Asamblea Social del Agua conmemora 13 años con movilización y baile en el Zócalo de Puebla

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PUEBLA, PUE. — Integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) se congregaron en el Zócalo de la ciudad de Puebla para llevar a cabo la jornada «Bailando por la Desprivatización del Agua», un acto público que combinó expresiones artísticas con la exigencia formal de revocar la concesión del servicio hídrico en la zona metropolitana.

Durante el encuentro, desarrollado en el marco del 13 aniversario de la organización, los voceros denunciaron que la empresa concesionaria Agua de Puebla ha incumplido hasta con el 70 por ciento de los compromisos operativos estipulados en su contrato, derivando en problemas de desabasto, cobros excesivos y fugas no atendidas en diversas colonias.

Los manifestantes señalaron que están realizando consultas comunitarias para documentar de manera técnica los fallos en el suministro. Con estos expedientes, buscan demostrar la viabilidad de retirar la concesión a la firma privada y devolver el manejo del recurso a la administración pública.

La organización reiteró el llamado al Ejecutivo estatal para instalar mesas de diálogo e incorporar a especialistas, activistas y ciudadanos en la revisión integral del contrato de agua potable, bajo la consigna de que el acceso al recurso vital debe ser garantizado como un derecho humano y no como un esquema comercial.

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Ceneval otorga reconocimiento a 115 egresados de la BUAP por rendimiento de excelencia

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PUEBLA, PUE. — Un total de 115 egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fueron distinguidos con el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, galardón que premia a los estudiantes que obtienen las calificaciones más altas en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura.

Los alumnos premiados formaron parte de un bloque de 306 sustentantes pertenecientes a 29 programas educativos de la máxima casa de estudios del estado. Los galardonados provinieron tanto de las unidades académicas de Puebla capital como de las sedes regionales situadas en municipios como Atlixco, Huauchinango, Tehuacán, Tecamachalco y Teziutlán.

Durante la ceremonia protocolaria, el vicerrector de Docencia de la BUAP, José Jaime Vázquez López, felicitó a los graduados y subrayó la constancia académica demostrada. Asimismo, la universidad recibió el distintivo de ingreso al Padrón de Programas de Alto Rendimiento Académico del Ceneval.

Por su parte, Alejandra Zúñiga Bohigas, directiva del Ceneval, detalló que de más de 2.5 millones de profesionistas que han presentado la prueba desde 2011 a la fecha, únicamente el 2.9% alcanza el rango de excelencia. Cada uno de los estudiantes galardonados recibió una credencial e insignia digital verificable para complementar su currículum.

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