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Ingresos laborales caen después de un año de avances; pobreza laboral se estanca

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En casi dos años de covid-19 los síntomas han variado y eso mismo ha pasado en la economía y el mundo del trabajo. Mientras la tasa de pobreza laboral mejoró marginalmente en el cierre del 2021, al bajar de 40.7 a 40.3% entre el tercer y el cuarto trimestre, la inflación mermó el poder adquisitivo de los trabajadores e impulsó una reducción de 0.9% en el ingreso laboral per cápita después de cuatro trimestres de mejorías.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer este viernes los últimos datos de la tasa de pobreza laboral, indicador que señala el porcentaje de personas cuyos ingresos provenientes de una fuente de trabajo no son suficientes para comprar alimentos básicos.

En el último trimestre del 2021 se registró una disminución de 0.4 puntos en la tasa de pobreza laboral, lo que a decir del Coneval, “no es estadísticamente significativa”. Sin embargo, quiere decir que cerca de 421,000 personas dejaron dicho grupo de precariedad porque sus ingresos laborales les permitieron adquirir una canasta básica.

Este indicador “alcanzó su mayor nivel en el tercer trimestre de 2020 (46.0%), a partir de esta fecha ha presentado una tendencia de recuperación trimestral”. Luego de ese pico, y a lo largo de este periodo pandémico de dos años, la reducción de este indicador ha sido de 5.7 puntos porcentuales.

Pese a la mejoría, que no se ha librado de uno que otro escollo, la población en dicha condición sigue siendo mayor a la que se tenía antes del impacto económico y laboral de la pandemia por la covid-19-

En el primer trimestre de 2020, previo a la emergencia sanitaria, la tasa de pobreza laboral fue de 36.6%, su nivel más bajo en 12 años, abarcando a un poco más de 46 millones de personas. El nivel de 40.3% del último trimestre del 2021 condensa a más de 51.5 millones de personas viviendo en escasez. Es decir, las olas de la covid-19 han arrastrado a un poco más de 5.5 millones y no han logrado salir a flote.

De acuerdo con el Coneval, Guanajuato fue la entidad federativa que tuvo el mayor aumento de población en pobreza laboral entre el tercer y el cuarto trimestre del 2021, al pasar de 37.2 a 40.8 por ciento. PueblaMorelosQuerétaro, Michoacán, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Nuevo León y Oaxaca completan la lista de los 10 estados con mayor nivel de retroceso en el periodo reportado.

Por el contrario, Sonora, con una reducción de 30.9 a 26.8% en su población en pobreza laboral, encabeza la lista de las 22 entidades que lograron una disminución en este indicador. Le siguen en los primeros lugares Baja California Sur, Sinaloa, Campeche y Chihuahua.

En medio de la mejora marginal de la pobreza laboral. En el cuarto trimestre del 2021 el ingreso laboral per cápita se redujo 0.9% respecto del tercer trimestre, al pasar de 2,769.23 a 2,745.32 pesos.

Al ajustar la lupa, se puede ver que las trabajadoras y los trabajadores del sector formal tuvieron la mayor pérdida, la cual fue de 2.8%, frente a sus pares en informalidad, de 0.5 por ciento. Antes de esta merma, el comportamiento de los ingresos laborales había sido positivo durante cuatro trimestres consecutivos.

La explicación a este freno está en los altos niveles de inflación reportados en el último trimestre del 2021 y en “la disminución trimestral de 1.1% de la masa salarial real”, la cual fue de 313,601 millones de pesos, una reducción de 3,517 millones respecto del tercer trimestre.

“Este cambio se da ante un aumento en el número de ocupados en el cuarto trimestre de 2021” y porque hubo un mayor crecimiento en los empleos formales, detalló el organismo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre del año pasado cerca de 775,000 personas se sumaron al mercado laboral casi 600,000 personas en la formalidad y 175,000 en la informalidad.

Si ampliamos la mira a los años de la pandemia, a finales de 2021 el ingreso laboral real fue de 2,745 pesos, casi 284 pesos mayor (11.6% más) al del tercer trimestre de 2020, cuando las personas recibieron en promedio 2,460 pesos.

Además, el Coneval destacó que “el nivel de ingreso de este trimestre (cuarto de 2021) aún es inferior al que se reportó en el primer trimestre de 2020, previo a la crisis sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2 (covid-19), cuando se ubicó en 2,806.61 pesos”, su nivel máximo histórico.

Del informe también se destaca que las mujeres trabajadoras siguen ganando menos. Mientras los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral mensual de 6,835 pesos, el de ellas fue de 5,447 pesos en el último trimestre del año.

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Bancos en México exigirán identificación oficial y biométricos para depósitos y retiros de 140 mil pesos o más

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CIUDAD DE MÉXICO. La Asociación de Bancos de México (ABM) acordó implementar nuevas medidas de control operativo en las sucursales financieras de todo el país. A partir del 1 de julio de 2026, los usuarios que deseen realizar depósitos o retiros en efectivo por montos iguales o superiores a 140 mil pesos deberán presentar obligatoriamente una identificación oficial vigente y registrar al menos un dato biométrico (como huella dactilar o escaneo facial).

Blindaje contra el lavado de dinero y fraudes

De acuerdo con declaraciones del presidente del organismo, Emilio Romano, el acuerdo del Comité de Asociados de la ABM busca reforzar la seguridad del sistema bancario y prevenir delitos de alto impacto, tales como el lavado de dinero, la suplantación de identidad y el financiamiento de actividades ilícitas.

Estas medidas van más allá del marco regulatorio básico. Adicionalmente, el paquete de acuerdos aprobados contempla:

  • Referenciación en cuentas concentradoras: Todos los depósitos en efectivo realizados a este tipo de cuentas (comúnmente utilizadas por plataformas de comercio electrónico y agregadores de pagos) deberán estar debidamente referenciados para rastrear el origen y destino de los recursos.
  • Transferencias internacionales: Las operaciones con el extranjero solo podrán realizarse entre cuentahabientes formales del sistema financiero.
  • Plataforma de información en tiempo real: Intercambio de datos entre instituciones financieras para detectar y alertar patrones de transacciones inusuales o sospechosas.

Diferencia con los reportes al SAT

Expertos del sector aclaran que esta nueva disposición no debe confundirse con la fiscalización de los depósitos en efectivo que realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Mientras que las instituciones bancarias están obligadas a informar al SAT cuando un contribuyente acumula más de 15 mil pesos mensuales en depósitos en efectivo por razones fiscales, la regla de los 140 mil pesos es una medida estrictamente operativa y de seguridad preventiva por transacción en ventanilla.

Documentos requeridos en ventanilla

Para realizar estas transacciones a partir de la entrada en vigor de la medida, las personas físicas deberán acudir presencialmente a la sucursal física —puesto que la restricción impide hacer montos de esa escala en cajeros automáticos convencionales— con:

  1. Credencial para votar (INE) o pasaporte oficial vigente y en óptimo estado.
  2. Verificación biométrica activa en el sistema del banco.
  3. Documentación o referencias para acreditar el origen o destino de los fondos en caso de requerirse.

Con este acuerdo, la banca en México reafirma su compromiso de digitalizar gradualmente la economía nacional y reducir el uso desmedido de efectivo para garantizar transacciones más transparentes y seguras para los usuarios.

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«El Mayo» Zambada no posee propiedades incautadas a su nombre en México: García Harfuch

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CIUDAD DE MÉXICO.— Ismael «El Mayo» Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa capturado en Estados Unidos en julio de 2024, no cuenta con propiedades formalmente aseguradas o inscritas a su nombre en México, según informó este miércoles Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el marco de las investigaciones y los aseguramientos patrimoniales dirigidos contra la delincuencia organizada, el funcionario detalló que las labores de inteligencia patrimonial y la revisión de registros no identificaron inmuebles, terrenos o fincas a nombre de Zambada García dentro del sistema legal mexicano.

Operaciones mediante prestanombres y redes familiares
La ausencia de propiedades a nombre del capo responde a la histórica estrategia financiera empleada por las cúpulas del crimen organizado en México. De acuerdo con las autoridades, la infraestructura inmobiliaria y comercial vinculada al Cártel de Sinaloa solía operar bajo la titularidad de prestanombres, familiares o empresas fachada.

A lo largo de las últimas décadas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. había identificado diversas empresas —desde establos ganaderos hasta gasolineras y centros educativos— asociadas a la red de «El Mayo» en Sinaloa, las cuales estaban inscritas a nombre de allegados o familiares directos.

Contexto y seguimiento tras su captura
El reporte del gabinete de seguridad nacional forma parte de las acciones de seguimiento sobre la estructura operativa y financiera de la organización criminal, tras la entrega y detención de Zambada en un aeródromo cercano a El Paso, Texas, en julio de 2024.

García Harfuch reiteró que, si bien la figura individual de Zambada García no registra activos inmobiliarios directos en las bases de datos de bienes incautados, las investigaciones sobre las estructuras de lavado de dinero y la identificación de bienes operados por sus redes de colaboradores continúan en coordinación con las autoridades correspondientes.

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FGR amplia investigación por huachicol: van tras dos empresas vinculadas a Ingemar

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  • Servicios Portuarios y Dragados y Puertos, propiedad de los empresarios Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro, obtuvieron contratos millonarios con el Gobierno federal tras modificar su objeto social para ingresar al sector hidrocarburos.

MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) extendió sus investigaciones en torno a la red de huachicol fiscal ligada a la empresa Ingemar, poniendo bajo la mira a dos compañías socias: Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V.

Ambas firmas, vinculadas a Ricardo Thompson Ramírez y a su hijo Ricardo Thompson Navarro —este último actualmente detenido junto al exgobernador Ernesto Ruffo—, recibieron en conjunto 13 contratos federales por más de 49 millones de pesos entre 2019 y 2024, principalmente otorgados por la estatal Exportadora de Sal (ESSA).


Cambios de giro para entrar al negocio petrolero

De acuerdo con registros del Registro Público de Comercio, ninguna de las dos empresas nació enfocada en el sector energético, pero modificaron sus estatutos para incursionar en la industria de los combustibles:

  • Servicios Portuarios: Fundada en 1993 como una compañía de desarrollo tecnológico, amplió su objeto social en noviembre de 2018 para almacenar, comercializar y transportar hidrocarburos y petrolíferos. A pesar de haber sido suspendida parcialmente del Padrón de Importadores en 2021 por incumplimientos normativos, continuó recibiendo adjudicaciones directas del Gobierno federal para el mantenimiento de remolcadores y equipo marítimo, sumando más de 48.8 millones de pesos.
  • Dragados y Puertos: Constituida en 2009 para obras marítimas y de dragado, modificó su sociedad en febrero de 2022 para comercializar gasolinas y diésel de Pemex Refinación. La empresa obtuvo tres adjudicaciones directas de la Asipona Ensenada (SEMAR) por más de 554 mil pesos por servicios de batimetría y estudios técnicos.

Red empresarial bajo escrutinio judicial

Las investigaciones de las autoridades federales apuntan a que estas modificaciones estatutarias habrían permitido a la red empresarial beneficiarse de contratos públicos e incursionar en el mercado de petrolíferos, presuntamente ligado a operaciones ilícitas de hidrocarburos.

Actualmente, las autoridades avanzan en la definición de la situación jurídica de los implicados en el caso.

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