María Guadalupe Daniel Hernández, expresidenta municipal de Cuautlancingo, rechazó de manera categórica la resolución administrativa que contempla su inhabilitación por un periodo de 10 años, denunciando públicamente que se trata de un acto de persecución política orquestado para obstaculizar sus aspiraciones y limpiar el camino rumbo a los comicios electorales de 2027.

En conferencia de prensa, la exfuncionaria sostuvo que el procedimiento jurídico en su contra deriva de la adquisición de dos predios durante su gestión municipal comprendida entre los periodos de 2018 a 2021, cuya legalidad defendió al argumentar que cuentan con sus respectivas escrituras notariales. Daniel Hernández detalló que de una operación total de más de 7 millones de pesos, quedaron pendientes pagos menores correspondientes a terrenos destinados a corralón y resguardo vehicular, cuya liquidación —aseguró— corresponde cubrir a la actual administración municipal encabezada por Omar Muñoz.

Como parte de su estrategia legal, la exalcaldesa presentó una constancia expedida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno estatal que avala la ausencia de inhabilitaciones vigentes al momento, confirmando además que interpuso los recursos de impugnación correspondientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa para echar abajo la sanción económica y la medida restrictiva temporal.

Finalmente, la exmandataria municipal confirmó su registro reciente dentro del proceso interno del partido Morena para buscar nuevamente la candidatura a la presidencia municipal de Cuautlancingo, vinculando los ataques recientes con conflictos políticos locales y denunciando presuntas amenazas directas en contra suya y de su círculo familiar.

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla dio inicio oficial al periodo de registro para ciudadanas y ciudadanos interesados en postularse a cargos de elección popular bajo la figura de candidaturas independientes de cara al proceso electoral local ordinario 2026-2027.

De acuerdo con los lineamientos aprobados, el plazo para manifestar la intención formal de competir abarcara un periodo de 25 días, concluyendo el próximo 5 de diciembre. La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que deseen contender por una diputación local por el principio de mayoría relativa o bien integrar alguno de los ayuntamientos en los distintos municipios de la entidad sin el respaldo de partidos políticos.

Entre los requisitos fundamentales establecidos por la autoridad electoral destaca la presentación de una copia certificada ante notario público del acta constitutiva de la asociación civil que representará formalmente al aspirante, entidad jurídica indispensable para la apertura de cuentas bancarias y el manejo transparente de los recursos financieros destinados a la búsqueda del respaldo ciudadano.

Asimismo, el organismo comicial estableció modificaciones reglamentarias enfocadas en transparentar los topes de gastos de campaña para la etapa de captación de firmas de apoyo, así como los límites máximos permitidos de aportaciones económicas de simpatizantes, exhortando a los interesados a revisar detalladamente la convocatoria en los portales oficiales del instituto.

Personal operativo, paramédicos y el agrupamiento de motociclistas del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) en Puebla iniciaron formalmente un esquema de trabajo bajo protesta, denunciando un clima persistente de hostigamiento sistemático, aplicación de actas administrativas punitivas, falta de equipo de protección y un colapso operativo que vulnera la atención a los ciudadanos. Ante este panorama, el gremio exigió públicamente la destitución inmediata del titular del área, Fernando Carrasco, y del coordinador operativo, Brandon Yareth Abraján Pérez.

La protesta pacífica se concentró a las afueras del Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Rafael Moreno Valle, donde los inconformes rotularon las ambulancias con mensajes de inconformidad y colocaron mantas informativas sin interrumpir el tránsito vehicular ni detener la atención de emergencias. El representante sindical Álvaro Vélez denunció que desde la llegada de la actual administración se ha carecido de canales institucionales de diálogo, señalando además que mandos operativos carecen de nombramientos oficiales válidos dentro de la estructura de la Secretaría de Salud.

Por su parte, los elementos operativos detallaron abusos cotidianos que incluyen visitas domiciliarias de hostigamiento para verificar su ubicación fuera de turno, amagos de rescisión contractual y sanciones arbitrarias por supuesta baja productividad aplicada incluso a personal en periodo vacacional. Asimismo, revelaron que el personal de motociclistas debe costear por sus propios medios el equipo de protección indispensable como cascos, botas y chamarras, operando además con un déficit crítico de unidades disponibles en la capital y la zona metropolitana.

Pese a la gravedad de las acusaciones y la exigencia de cambios directivos, los paramédicos reiteraron su compromiso absoluto con la sociedad poblana, confirmando que no realizarán paros totales de labores sino que mantendrán las unidades circulando bajo protesta mientras sostienen mesas de negociación con la Secretaría de Salud estatal para alcanzar acuerdos definitivos y garantizar condiciones laborales dignas.