De acuerdo con una investigación de Puente News Collaborative y Los Angeles Times, el gobierno de Estados Unidos ha iniciado una investigación criminal contra Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas.

“Durazo, de 71 años, el gobernador del estado fronterizo de Sonora, es uno de los líderes de más alto perfil que se cree estar bajo investigación hasta la fecha”.

Según el reportaje la visa estadounidense de Durazo fue cancelada el año pasado y actualmente es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Antes de asumir la gobernatura, se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes con conocimiento del caso señalaron que, pese a la revocación de su visa, Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir atención médica mediante un programa especial utilizado por personas que colaboran en asuntos de seguridad pública.

“El programa, conocido como Significant Public Benefit parole, permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos u otros”.

La oficina del gobernador no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el tema.

El periodista mexicano Luis Chaparro había informado previamente que Durazo perdió su visa estadunidense y obtuvo acceso a este mecanismo migratorio.

En el caso de Américo Villarreal, la investigación estaría relacionada con actividades de huachicol. “Las fuentes informaron que Villarreal también tiene un parole Signficant Public Benefit. Cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadunidenses”.

La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las investigaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al considerarlas parte de una campaña de difamación con motivaciones políticas dirigida contra el gobierno de izquierda.

El reportaje también indica que durante una reunión celebrada en mayo entre Sheinbaum y el secretario de Seguridad Interna Markwayne Mullin, este último expresó que la administración de Donald Trump esperaba que México enviara a Rocha Moya a Estados Unidos. De acuerdo con las fuentes citadas, la mandataria respondió que cualquier decisión sobre el futuro del gobernador corresponde a las autoridades mexicanas y advirtió que nuevas acusaciones estadounidenses contra funcionarios electos serían interpretadas como una injerencia política en los asuntos internos del país.

Tras darse a conocer que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema y cuestionó la acción del gobierno estadounidense.

Claudia Sheinbaum, insistió en que hay intereses de grupos en Estados Unidos para difamar a la Cuarta Transformación, esto después de que L.A Times publicó que EU retiró visas a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villareal.

“Ellos tienen que aclarar, pero antier, ayer lo dije: ¿Qué intención con quitar la visa? Y además hacerlo público. Vamos a filtrarlo porque así luego actúan algunos sectores para decirle a los mexicanos ‘aguas, aguas, te van a quitar tu visa’“, dijo en la ‘mañanera’ de este miércoles 3 de junio.

Claudia Sheinbaum afirmó que los militantes de la Cuarta Transformación deben “estar tranquilos” si trabajan a favor del bienestar del pueblo de México. “Tenemos todo el derecho al menos de la duda”, puntualizó.

¿Qué sabemos de la nueva supuesta investigación de EU a gobernadores mexicanos?

LA Times afirmó que la administración de Donald Trump investiga a Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos nexos con cárteles del narcotráfico, una acusación similar a la que hizo contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia.

l diario Los Angeles Times, en colaboración con Puente News Collaborative, informó que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo y Américo Villarreal, ambos de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, respectivamente.

Según el medio, a ambos se les revocó la visa en medio de investigaciones penales, pero se encuentran bajo un programa especial conocido como “Significant Public Benefit Parole”, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar consecuencias de cargos actuales o pendientes en su contra o en contra de terceros.

Investigación revelada por LA Times
La investigación contra Durazo se relaciona con presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que la de Villarreal apunta al contrabando de combustible. Ambos casos se suman a la ofensiva judicial estadounidense contra gobernadores de Morena, luego de que en abril el Departamento de Justiia acusara al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, de colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Un gran jurado en Nueva York emitió la acusación y se solicitó la extradición de Rocha Moya, lo que tensó aún más las relaciones bilaterales.

De acuerdo con la investigación periodística, Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir atención médica bajo este programa especial, mientras que Villarreal también cuenta con el permiso y, según los reporteros, “cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadounidenses”.

El programa, según la explicación oficial, permite a individuos colaborar con la seguridad pública y testificar ante un gran jurado, incluso si enfrentan investigaciones o cargos pendientes.

Durazo y Villarreal reaccionan a la información publicada por el medio
Américo Villarreal calificó de falsas todas las acusaciones en su contra mientras que la vocera del estado de Sonora, Paloma Terán, rechazó en su cuenta de X la acusación publicada por el LA Times, asegurando que el gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de autoridades estadounidenses.

La investigación periodística señala que cuando el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se reunió en mayo con la presidenta Claudia Sheinbaum, le transmitió que Washington esperaba la extradición de Rocha Moya.

Sheinbaum respondió que el destino del gobernador se determinaría en México y advirtió que acusaciones adicionales contra otros personajes políticos serían consideradas interferencia política en los asuntos internos del país.