Los hackeos a dependencias públicas en México, ocurridos a principios de 2026, no solo expusieron información sensible, también abrieron un escenario de riesgo prolongado para la ciudadanía. Al respecto, Layla Delgadillo, CEO de Silent4Business, advirtió que los datos sustraídos pueden traducirse en “meses o años de intentos de fraude” contra miles de personas.

Para la firma especializada en ciberseguridad, estos hechos evidencian un problema de fondo. Delgadillo señaló que “la ciberseguridad sigue tratándose como un proyecto reactivo y no como una capacidad permanente de Estado”, lo que deja a las instituciones en condición vulnerable ante amenazas cada vez más complejas.

El caso del grupo de ciberdelincuencia “Chronus”, vinculado al hackeo masivo, refuerza este diagnóstico. Un solo actor criminal accedió a más de dos decenas de organismos en un periodo breve. Este hecho refleja la ausencia de una arquitectura de seguridad robusta y de lineamientos obligatorios en el sector público. “Sin gestión de riesgo continua, gobierno de identidades sólido, monitoreo y respuesta madura, los atacantes encuentran caminos repetibles”, insistió la experta.

En este sentido, explicó que el problema no se limita a la tecnología. “La brecha tampoco es solo técnica: incluye procesos, coordinación y estándares”, dijo. La falta de gestión de riesgo continua, de un gobierno sólido de identidades y de mecanismos eficaces de respuesta permite que los atacantes encuentren caminos repetibles.

Las consecuencias de estas filtraciones rebasan el momento del incidente. La exposición de bases de datos de instituciones críticas coloca a la ciudadanía ante riesgos concretos, como suplantación de identidad, fraudes con información fiscal o de registro, campañas de phishing más creíbles y extorsión.

Derivado del monitoreo constante que realizan, el análisis del equipo de Cyber Threat Intelligence de la empresa identificó tres amenazas con crecimiento acelerado en México: la ingeniería social sofisticada, el ransomware y el uso de inteligencia artificial por parte de atacantes para escalar campañas de engaño. Este panorama exige una revisión del enfoque de defensa.

De acuerdo con la compañía, la respuesta no radica en la acumulación de herramientas, sino en un cambio de modelo. “Hay que mover la conversación de ‘herramientas’ a modelo operativo”, planteó Delgadillo. Este esquema incluye medición constante del riesgo, protección de identidades y accesos, monitoreo permanente y planes de continuidad con simulaciones para reducir tiempos de reacción.

“La prevención cuesta una fracción de la remediación, y esa diferencia define si una organización resiste o se paraliza”, afirmó. Este principio aplica tanto en el sector público como en el privado, con especial atención en pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, reiteró la necesidad de un marco legal que ordene el ecosistema de ciberseguridad en México y subrayó la importancia de contar con certeza jurídica, obligaciones mínimas y coordinación. Sobre la iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad, agregó que debe establecer estándares para infraestructura crítica, definir responsabilidades y fortalecer la cooperación entre sectores. “Sin un marco claro, los esfuerzos permanecen aislados; con un marco sólido, se puede construir resiliencia nacional de forma consistente”, concluyó.

De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, correspondientes al mes de febrero de 2026, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, alcanzó un nivel de aprobación del 54.8 por ciento, lo que lo ubicó en el lugar 11 del ranking nacional de mandatarios estatales, reflejando una evaluación favorable por parte de la ciudadanía.

Con base en los resultados publicados por la empresa encuestadora que dirige Roy Campos, los poblanos aprueban mayoritariamente la gestión del mandatario poblano a poco más de un año de encabezar el Poder Ejecutivo Estatal.

En el ámbito municipal, el alcalde de Puebla capital, José Chedraui Budib, registró una aprobación del 55.8 por ciento, posicionándose en el lugar 18 a nivel nacional y colocándose entre los presidentes municipales mejor evaluados del país.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo en Puebla un 60.2 por ciento de aprobación, lo que sitúa a la entidad en el lugar 26 en cuanto a respaldo ciudadano al Gobierno Federal.

Dichos resultados, consolidan a Puebla, tanto a nivel estado como en la capital, entre los estados y ciudades con liderazgo competitivo a nivel nacional, al mantener niveles positivos de evaluación en sus principales autoridades.

La Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana de Puebla capital tuvo una reducción presupuestal del 40 por ciento debido a falta de resultados en la aplicación de programas durante 2025, por lo que seis programas sociales se cancelaron para este año.

Dicha reducción presupuestal la reveló el propio titular de la Secretaría, Carlos Humberto Gómez Tepoz, durante la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto que encabezó el regidor Samuel Hernández Carranza, el 30 de marzo.

En esta sesión el funcionario municipal reveló la extinción de seis programas sociales, pero no dijo cuáles, y al mismo tiempo anunció la creación del uno nuevo: Redes de Mujeres Con Bienestar.

Ante ello e-consulta buscó en la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana qué programas desaparecieron y los motivos. Acorde con los informes proporcionados, los programas eliminados son los siguientes.

Campaña de sensibilización y educación en auto cuidado y prevención de riesgos y estilo de vida saludable
Programa para la sostenibilidad económica comunitaria PISEC
Cursos de cultura, cívica, valores y derechos humanos
Abanderamientos
Festivales para integración comunitaria, sentido de orgullo
Asociaciones imparables
El ayuntamiento de Puebla presentó tres argumentos a la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana para su para reducción presupuestal.

Que no hubo eficacia en la aplicación de sus programas sociales; que no hubo un claro conocimiento de continuidad para la ciudadanía; que no hubo informes precisos para que el alcalde José Chedraui Budib los presentara en su primer informe de gobierno.

Por su parte la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana reveló que el recorte presupuestal que le hizo el gobierno municipal fue de 40 por ciento de lo que reciben por año, cerca de 83 millones de pesos, acorde con información del Tesorero Municipal, Héctor Cobián González, por lo que ahora tiene 209 millones 731 mil pesos asignados.

Carlos Humberto Gómez Tepoz reveló que el presupuesto que recortaron a la dependencia que titula se destinó para la Secretaría de Infraestructura y Movilidad y para la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Por ello informó que se recortaron seis programas sociales de los 24 que se contemplaron aplicar durante este 2026 en dicho organismo.

Al momento los programas sociales que se aplicarán ya fueron aprobados por el Cabildo de Puebla a fin de que la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana comience a trabajar.