Alrededor de mil 200 personas adultas mayores ya disfrutan de los servicios y beneficios de la nueva Casa del Abue Sur, a poco más de un mes de su apertura, un compromiso cumplido de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano.

De esta cifra, cerca de 350 abuelitas y abuelitos ya cuentan con una credencial que les acredita como miembros de la casa. “Los tratamos con mucho amor, nos sentimos agradecidos de ver materializado este sueño que nos tiene contentos a todas y todos”, aseguró la coordinadora general de Casa del Abue Sur, Elva García Rosas. Este proyecto nació gracias a la sinergia con el Ayuntamiento de Puebla encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, quien colaboró con la donación del terreno donde está construido.

Desde el pasado 12 de febrero, el recinto cobró vida con 7 talleres: gimnasia cerebral, active dance, fortalecimiento muscular, inglés, guitarra y computación, por mencionar algunos en los que las y los asistentes participan mientras ponen a prueba sus sentidos, desarrollan habilidades y ejercitan su cuerpo y mente. Una vez que se inscriben, también reciben servicios de consulta médica, odontología, nutrición y psicología, con un seguimiento personalizado que garantiza el control de su salud, tanto física como emocional.

“Es una maravilla, me ha cambiado mucho la vida desde que vengo porque estoy feliz, he encontrado buenas amigas y nos hacen sentir que estamos vivas”, comentó Rocío Pérez, usuaria de Casa del Abue Sur, quien ha encontrado en este lugar un espacio para practicar una de sus grandes pasiones: el baile.

El gobernador Alejandro Armenta Mier ha instruido al personal de la casa tratar a las personas adultas mayores “como si fueran de su propia familia”, en sintonía con la política humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, permanente promotora del cuidado y protección a las y los abuelitos.

Este centro gerontológico se ubica en la calle 103 poniente, número 1559 de la Colonia Torres de Mayorazgo. Las y los interesados en formar parte, pueden solicitar su inscripción personalmente y como requisitos deben presentar copia de su credencial de elector, un comprobante de domicilio, dos fotografías tamaño infantil y proporcionar dos números telefónicos de contacto.

El Congreso del Estado de Puebla aprobó el dictamen para adicionar diversas disposiciones al Código Penal, con el propósito de sancionar a quienes coloquen o lancen en vías de comunicación o espacios públicos objetos punzocortantes, conocidos como ponchallantas, así como cualquier otro artefacto que represente un riesgo para la sociedad, las fuerzas armadas, las instituciones de seguridad pública y sus vehículos de transporte.

A través del dictamen, aprobado por las y los integrantes de la LXII Legislatura el pasado 15 de marzo, se consideran penas contra quienes hagan uso de ponchallantas, se previene el delito y se brinda seguridad jurídica a la ciudadanía, pues las modificaciones permitirán aplicar sanciones con la contundencia que el hecho amerita.

Con las modificaciones, se adicionan los artículos 192 bis y 192 ter al Código Penal del Estado para establecer que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión, y multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso de los objetos utilizados, a quien coloque o arroje en vías de comunicación objetos punzocortantes, estrellas metálicas, abrojos, erizos, varillas o cualquier artefacto similar elaborado con materiales de acero o de cualquier otro, con la finalidad de obstaculizar ilícitamente el tránsito vehicular o se utilice para ponchar llantas o dañar cualquier vehículo.

La misma pena se aplicará a quien ilícitamente posea, fabrique, distribuya, comercialice o facilite la obtención de estos objetos con el propósito de ser utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular o causar daño a terceros.

Además, se estableció que las penas mencionadas aumentarán hasta en una mitad de su mínima y máxima cuando el acto: se cometa de noche, sirva como medio de ejecución de otro ilícito, sea en contra de vehículos oficiales, de emergencia o destinados al transporte público, en autopista o que, por las características del camino o vialidad, la víctima no pueda recibir apoyo oportuno.

El gobierno estatal alista un proceso judicial contra la concesionaria Agua de Puebla porque ha incumplido con la obligación de prestar los servicios establecidos en el contrato que obtuvo en 2013, anunció el titular del Ejecutivo, Alejandro Armenta Mier, quien aseguró que actualmente se integran los expedientes para iniciar el procedimiento legal.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la Ciudad de México, el mandatario poblano reiteró que el título de concesión fue otorgado mediante condiciones leoninas que solo favorecen a la empresa, ya que ha encontrado un modelo de negocio en el cobro de servicios que no otorga, específicamente el de saneamiento de agua.
“Nos cobra por por la potabilización en cada recibo que pagamos, pero no potabiliza”, dijo al tiempo de señalar que el contrato signado entre el gobierno estatal -entonces a cargo de Rafael Moreno Valle- y la firma violaba la Constitución, por lo que se concretó con “un sentido delincuencial” y con la complicidad de autoridades.

Frente a la falta de saneamiento del agua residual por parte de Agua de Puebla, Armenta afirmó que el proyecto del saneamiento del río Atoyac que impulsa el gobierno federal exige que se actúe para eliminar las fuentes de contaminación.

Aseguró que las primeras intervenciones en el río han permitido que en los primeros 30 kilómetros, a la altura de Santa Rita Tlahuapan y San Matías Tlalancaleca, el agua haya recuperado su tono cristalino, mediante la puesta en marcha de biodigestores, cuyos resultados se reforzarán con la proxima habilitación de plantas de tratamiento.

Pide modificar la ley para asegurar inversiones en saneamiento
El titular del Ejecutivo sentenció que para limpiar el Atoyac y conseguir el saneamiento del Lago de Valsequillo se requiere que al menos tres gobiernos estatales trabajen consecutivamente en las acciones que ha iniciado el gobierno de la República, es decir, un periodo de 18 años.
Por lo anterior, exhortó a las y los diputados locales a promover una iniciativa para que en la ley quede establecida la obligación de dar continuidad a los proyectos de saneamiento en los gobiernos estatales posteriores.