Un oficio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) estimó en 46.1 millones de pesos el costo por usar los 40 mil metros cuadrados del Campo Militar Marte durante todo el Mundial de fútbol de la FIFA.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda le solicitó a Defensa la acreditación del pago por el uso del lugar antes de que concluya el Mundial. Hasta antes de eso, la empresa organizadora del festival Campo Marte 26 Santander, The Mates Contents, había obtenido el aprovechamiento de las instalaciones militares sin tener que pagar un solo peso, como reveló MCCI con el contrato firmado el 19 de febrero de 2026 entre la compañía The Mates Content y las secretarías de Defensa y Turismo.

El documento pide acreditar el pago antes de que termine el torneo, pues cuando se firmó el contrato inicial entre la empresa organizadora y las secretarías de Defensa y Turismo se estableció que por la utilización del Campo Marte no habría contraprestación a cargo de las partes. Es decir, que por el aprovechamiento comercial del recinto, The Mates Contents no pagaría ningún monto.

Después de que se dio a conocer que la empresa privada firmó el contrato con las secretarías de Defensa y Turismo para explotar de manera gratuita el Campo Marte con la celebración del fan fest mundialista denominado Campo Marte 26 Santander, las autoridades hacendarias determinaron que sí debía haber un pago por el uso del recinto, como informó Reforma el 14 de junio. Para realizar la estimación del monto, Defensa respondió sobre el aforo y características del evento.

En el nuevo oficio del INDAABIN, enviado el 8 de junio de 2026, las autoridades determinaron que dadas las características del evento debían pagarse 46 millones 71 mil 827 pesos en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Este plazo se cumplió el martes 7 de julio.

El documento, identificado con el número de oficio DGUI/SGUAI/0843/2026 no demuestra que el pago se haya realizado. Tampoco precisa si el monto debía ser cubierto por la empresa privada que explotó comercialmente el evento, por la propia Defensa o mediante algún convenio de reembolso que no ha sido publicado.

El desglose del monto
El cálculo de INDAABIN considera 39 días, del 10 de junio al 19 de julio de 2026, para la realización de “Campo Marte 2026”, incluido el evento gastronómico “México de mis sabores”.

El monto fue dividido en cuatro rubros.

11 mil 575 metros cuadrados para actividades gastronómicas, con un cobro de 23 millones 40 mil pesos, incluido IVA.

4 mil 151 metros cuadrados para expo-arte, por 2 millones 441 mil pesos.

3 mil 41 metros cuadrados para actividades deportivas, por 2 millones 338 mil pesos.

21 mil 233 metros cuadrados para actividades recreativas y musicales, por 18 millones 251 mil pesos.

En conjunto, el uso de 40 mil metros cuadrados del inmueble federal fue valuado en 39 millones 717 mil pesos antes de IVA, o 46 millones 71 mil pesos con el impuesto incluido.

El oficio fue dirigido a Óscar Alencastre Cruz, subdirector administrativo de la Dirección General de Ingenieros de Defensa. El INDAABIN señaló que el cálculo se realizó a partir de información proporcionada por los militares y de un dictamen valuatorio genérico emitido en julio de 2025.

El documento no acredita el pago
La investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que Defensa y Turismo permitieron a una empresa privada utilizar gratuitamente el Campo Marte para un negocio durante el Mundial, pues no sería de acceso gratuito, sino con boletos desde 400 hasta 24 mil pesos y una expectativa de ingresos superior a 500 millones de pesos.

La cláusula tercera del contrato firmado el 19 de febrero de 2026 señala que «Para la concertación objeto del presente instrumento, no mediará contraprestación a cargo de ‘LAS PARTES‘». Este hecho, junto con la omisión de presentar el Programa Especial de Protección Civil ante la alcaldía, fueron parte de los elementos principales que activaron una disputa jurídica encabezada por vecinos de la zona de Polanco y del Bosque de Chapultepec, que promovieron diversos amparos a partir del 20 de mayo de 2026.

El documento de Hacienda donde se determinó que sí debía pagarse por el uso del inmueble público, así como el monto, se emitió hasta que el caso se difundió ante la opinión pública.

El oficio no está dirigido a The Mates Contents, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tampoco incluye una línea de captura, recibo de pago, transferencia bancaria o constancia de entero a la Tesorería de la Federación.

MCCI envió un cuestionario a The Mates Contents vía correo electrónico con preguntas sobre el contenido de esta nota y se comunicó vía telefónica para dar aviso del mismo, al cierre no hubo respuesta.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió este miércoles las versiones que aseguraban que el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encontraba oculto en instalaciones del Ejército Mexicano y sostuvo que el gobierno federal no brinda protección especial a ningún exfuncionario señalado por autoridades estadounidenses.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario aseguró que Rocha Moya permanece en Sinaloa y descartó que esté resguardado en instalaciones militares o bajo custodia de alguna dependencia del Gabinete de Seguridad. «El gobierno no protege a nadie», afirmó al responder a los cuestionamientos sobre el paradero del exmandatario estatal.

García Harfuch explicó que Rubén Rocha no cuenta con escoltas asignados por el Gobierno federal ni ha solicitado medidas de protección a las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, precisó que, en caso de disponer de un esquema de seguridad, éste corresponde a corporaciones del ámbito estatal, como ocurre con otros exgobernadores.

Las declaraciones del titular de la SSPC se producen en medio de las investigaciones abiertas por autoridades de Estados Unidos contra diversos exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado, situación que ha generado versiones sobre la ubicación y el resguardo de Rocha Moya.

Harfuch reiteró que cualquier procedimiento legal deberá seguir los mecanismos de cooperación establecidos entre ambos países y las disposiciones del marco jurídico vigente.

El secretario insistió en que las instituciones federales continúan concentradas en las acciones de combate a la delincuencia organizada y subrayó que las investigaciones y eventuales órdenes judiciales deberán resolverse conforme al debido proceso, sin privilegios ni excepciones para ningún servidor o exservidor público.

La propuesta de la ministra Lenia Batres de gravar las herencias y los recursos que los familiares reciben de la Afore de un trabajador fallecido fue rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Poderejecutivo

“No creemos en que se graven las herencias. Se gravan en casi todos los páises del mundo, no es algo extraño, pero no es un planteamiento que nosotros haríamos”, declaró.

Sheinbaum también descartó la posibilidad de impulsar esta iniciativa en el Congreso de la Unión. “No abriría ese debate legislativo. Es opinión de la ministra y tiene derecho de tener su opinión”, señaló.

Batres calificó como una injusticia que quienes reciben una herencia no paguen impuestos, ya que, argumentó, no obtuvieron esos recursos mediante su propio trabajo.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) profundizó sobre el tema en un video publicado en su canal de YouTube, donde señaló que cerca del 10 por ciento de la población concentra el 76 por ciento de la riqueza mundial.

Sin embargo, reconoció que la SCJN no tiene facultades para establecer impuestos sobre estos recursos, ya que esa atribución corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.

Batres recordó que en México las herencias y los legados estuvieron sujetos a impuestos tras la publicación de una ley federal en 1926; no obstante, dicha legislación fue derogada en diciembre de 1961. Latinosy latinoamericanos

En un informe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que los impuestos sobre sucesiones bien diseñados pueden contribuir a reducir la desigualdad en los países miembros.

Actualmente, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece que las herencias y los legados se encuentran entre los ingresos exentos del pago de este impuesto.