La inseguridad y la delincuencia generaron un impacto financiero devastador para el sector privado en México, acumulando pérdidas y gastos de prevención estimados en 115 mil 100 millones de pesos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE). Este monto, que representa el 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, refleja la pesada carga que enfrentan los establecimientos comerciales e industriales del país para mantener sus operaciones cotidianas en un entorno marcado por la violencia y el acecho de la delincuencia organizada y común.
El informe detalló que el costo económico se dividió prácticamente en partes iguales entre las pérdidas directas por la comisión de ilícitos y las inversiones destinadas a medidas de protección, tales como la instalación de sistemas de videovigilancia, alarmas, blindajes y contratación de seguridad privada. Dentro de la incidencia delictiva, la extorsión se consolidó como el delito más frecuente en contra de las unidades económicas, afectando severamente la viabilidad financiera de miles de micro, pequeños y medianos empresarios que sufren constantes presiones mediante llamadas de amenaza o cobros de piso.
Consecuencia directa de esta creciente ola delictiva, el 14.5 por ciento de los negocios en el país optó por cancelar planes de expansión e inversión previstos, frenando el desarrollo económico regional y la creación de empleos formales. Asimismo, porcentajes significativos de establecimientos se vieron obligados a modificar sus dinámicas comerciales, reduciendo horarios de atención, disminuyendo el manejo físico de efectivo o cancelando rutas de distribución para evitar exponer a su personal y mercancías.
A nivel regional, la problemática mostró disparidades importantes entre las 32 entidades federativas del país. Estados como Tabasco encabezaron la lista con un 32.1 por ciento de establecimientos que decidieron frenar sus inversiones por temor a la delincuencia, seguidos de cerca por Morelos con el 27.4 por ciento y Puebla con un 23.9 por ciento de negocios que optaron por retirar o posponer capitales productivos. Estas cifras evidencian que los corredores económicos del centro y sureste experimentan un freno considerable debido al clima de vulnerabilidad imperante.
Finalmente, el estudio del INEGI reveló que la cifra negra de delitos no denunciados se mantiene en niveles críticos superiores al 90 por ciento, impulsada principalmente por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones locales y la percepción de que acudir a las autoridades representa una pérdida de tiempo. Los empresarios urgieron a los tres órdenes de gobierno a rediseñar las estrategias de procuración de justicia y combate frontal a la extorsión, única vía para recuperar la confianza y reactivar el flujo seguro de inversiones en territorio nacional.
