El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Puebla (Soapap) se encuentra nuevamente en el centro del debate político y social, luego de que diversas voces en el Poder Legislativo local emitieran duras críticas en su contra. Los legisladores señalaron que este organismo descentralizado ha operado fundamentalmente como una instancia solapadora que solapa y protege los intereses de las concesiones integrales otorgadas a particulares, en detrimento del bienestar ciudadano y del acceso equitativo al agua.
Durante las recientes sesiones de discusión y análisis parlamentario, representantes populares manifestaron su inconformidad ante la falta de rendición de cuentas clara por parte de la empresa operadora del servicio hídrico. Acusaron que, a pesar de los constantes incrementos en las tarifas y de las múltiples denuncias ciudadanas por deficiencias en el suministro y saneamiento, el Soapap ha evitado aplicar sanciones ejemplares o exigir el cumplimiento estricto de las metas establecidas en los títulos de concesión.
Los legisladores críticos argumentaron que la estructura actual del organismo ha perdido su vocación social original, convirtiéndose en una especie de escudo protector para la compañía privada encargada del servicio en la zona metropolitana de Puebla. Señalaron que las quejas por cobros excesivos, tandeos prolongados y falta de infraestructura en colonias populares no reciben la atención prioritaria que merecen por parte de los funcionarios encargados de la supervisión.
Ante este escenario, se han intensificado los llamados desde el Congreso del Estado para revisar a fondo los marcos jurídicos que rigen estas asociaciones público-privadas y los contratos de concesión vigentes. Los legisladores recalcaron que es urgente establecer mecanismos de fiscalización mucho más estrictos y transparentes que garanticen que el agua sea tratada estrictamente como un derecho humano fundamental y no como una mercancía sujeta a la mercantilización desregulada.
Se espera que en las próximas semanas se presenten nuevas propuestas de reforma e iniciativas legales orientadas a obligar tanto al Soapap como a la empresa concesionaria a transparentar sus finanzas, sus planes de inversión anuales y la calidad del agua entregada a los usuarios. La presión legislativa busca restituir la rectoría del Estado sobre un recurso tan vital para el desarrollo social y la salud pública de los poblanos.
