CIUDAD DE MÉXICO. — Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un vehemente posicionamiento dirigido a los tres niveles de gobierno y a la sociedad en general, instando a no normalizar la crisis de inseguridad que afecta a diversas regiones del país. En el manifiesto titulado “La paz es tarea de todos”, la representación eclesiástica enfatizó la urgente necesidad de articular esfuerzos conjuntos entre las instituciones del Estado y la ciudadanía para reconstruir el tejido social y restaurar la tranquilidad en el territorio nacional.
El organismo religioso remarcó que la paz verdadera trasciende la simple ausencia de enfrentamientos armados o actos delictivos visibles, pues debe traducirse en garantías reales para que la población ejerza su vida cotidiana con plena seguridad, certeza jurídica y libertad. Los obispos expresaron su constante preocupación por el impacto devastador que fenómenos como los homicidios, las desapariciones forzadas, el desplazamiento interno de comunidades y la extorsión sistemática siguen generando sobre miles de familias mexicanas.
En su pronunciamiento, el Episcopado recordó de manera especial el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín C. Mora, junto con el guía de turistas Pedro Palma, trágico hecho ocurrido en junio de 2022 en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Este acontecimiento se constituyó como un hito trágico que impulsó la creación del «Diálogo Nacional por la Paz», una iniciativa de articulación social promovida desde el sector eclesiástico para formular propuestas integrales en materia de seguridad y justicia comunitaria.
La Iglesia hizo un llamado explícito a las autoridades competentes a asumir cabalmente su responsabilidad constitucional en el combate a la impunidad, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y el blindaje del Estado de derecho. No obstante, señalaron que la solución a la violencia estructural no recae únicamente en la acción policial o gubernamental, sino que requiere de un compromiso civil activo centrado en el diálogo, la mediación comunitaria y la solidaridad.
Para concluir su mensaje, los integrantes de la CEM manifestaron su convicción de que el país cuenta con los recursos morales y sociales necesarios para revertir los índices delictivos. Hicieron hincapié en que únicamente a través de la colaboración estrecha entre las familias, los líderes comunitarios, las iglesias y los organismos estatales será posible frenar el deterioro social y establecer condiciones duraderas de pacificación a lo largo de la República.
