PUEBLA, PUE.— El Congreso del Estado de Puebla dio inicio formal al procedimiento para la revocación de mandato de la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, así como de los siete regidores y el síndico municipal que integran el Cabildo. Tras más de tres meses de conflicto político e institucional, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales procedió a la apertura formal del expediente identificado bajo la clave CGPC/HCE/001/2026.
Durante la sesión de trabajo, el cuerpo colegiado del Poder Legislativo dio por recibidos de manera oficial las solicitudes, escritos y expedientes promovidos por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento acateco. Los documentos detallan una profunda crisis de gobernabilidad en la demarcación, marcada por constantes señalamientos, desacuerdos operativos e incapacidad para alcanzar acuerdos en las sesiones de Cabildo.
Entre los elementos probatorios integrados al expediente turnado a la comisión, destacan denuncias formales por parte de los regidores quienes acusaron ser víctimas de intimidaciones y presuntas amenazas en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se incorporaron los reportes de movilizaciones sociales registradas a las afueras de la Presidencia Municipal de Acatlán, donde manifestantes a favor y en contra de la alcaldesa protagonizaron momentos de alta tensión que requirieron la intervención de las fuerzas del orden público.
La radicación del caso en la sede legislativa se dio luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla diera por concluidas las mesas de diálogo dirigidas a través de la Dirección de Delegaciones de Gobierno. Ante el agotamiento de la vía de la conciliación política entre las partes involucradas, la dependencia estatal remitió las actuaciones correspondientes para que el Congreso ejerza sus facultades constitucionales e intervenga en la resolución definitiva del conflicto.
Al respecto, el presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, estimó que la definición jurídica de la alcaldía podría concretarse antes del 15 de septiembre. Por su parte, el diputado Julio Huerta, presidente de la Comisión de Gobernación, precisó que se mantienen a la espera de los informes técnico-financieros de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para determinar si existen elementos suficientes que deriven en la remoción parcial o total de los integrantes del Ayuntamiento o en la conformación de un Concejo Municipal.
