El Poder Judicial del Estado de Puebla ejecutó una importante depuración al interior del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), confirmando la remoción de 13 servidores públicos. Esta medida correctiva se implementó tras documentar diversas irregularidades graves, entre las que destacan presuntos actos de extorsión y cobros ilegicientes —conocidos comúnmente como «moches»— a los padres de familia que acuden a las instalaciones para ver a sus hijos.
La decisión fue anunciada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, durante una postura oficial en la que detalló que las investigaciones internas alcanzaron a personal de distintas áreas. La red de irregularidades involucraba tanto a psicólogos y trabajadores sociales como a médicos, directivos y jefes de departamento que operaban al margen de la ley dentro del organismo.
De acuerdo con las indagatorias del órgano judicial, los implicados exigían depósitos de dinero utilizando cuentas de índole personal e incluso recurrían a las mismas plataformas bancarias institucionales donde recibían sus nóminas oficiales. Estas acciones no solo violentaban los reglamentos internos, sino que vulneraban la economía de familias en procesos legales sumamente vulnerables y sensibles.
Esta intervención administrativa se originó un día después de una protesta generalizada encabezada por aproximadamente 35 trabajadores del Cecofam. Dicha manifestación paralizó temporalmente las actividades cotidianas del inmueble como forma de reclamo ante una supuesta sobrecarga laboral, falta de personal operativo, cancelación de periodos vacacionales y presunto acoso institucional para forzar renuncias.
No obstante, las autoridades judiciales aclararon que las demandas laborales no frenarán las sanciones contra quienes descuidaron sus responsabilidades. El Consejo de la Judicatura enfatizó que la prioridad absoluta es salvaguardar el bienestar y la seguridad emocional de las niñas, niños y adolescentes poblanos, garantizando que las convivencias familiares se desarrollen bajo un entorno transparente, seguro y completamente libre de corrupción.
