Las investigaciones por presuntos cobros de piso en el puerto de Acapulco derivaron en un despliegue simultáneo que culminó con la captura de 11 personas señaladas por integrar una red de extorsión que, de acuerdo con autoridades federales, operaba principalmente contra negocios del sector turístico.
El secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los arrestos fueron resultado de trabajos de inteligencia y denuncias presentadas por empresarios. Las diligencias incluyeron nueve cateos ejecutados de manera simultánea en distintos puntos de Acapulco, Guerrero.
Entre los detenidos se encuentra Jesús Zamora Cervantes, a quien instancias de seguridad identifican como presunto líder del grupo. De manera extraoficial, se le ubica como abogado de restauranteros y asesor jurídico del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítimo Terrestre. También fue arrestada su esposa, aunque hasta ahora no se ha detallado públicamente la situación jurídica individual de cada uno de los implicados.
De acuerdo con la información difundida, siete de los 11 detenidos contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada con fines de extorsión. En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la SSPC y corporaciones estatales.
Durante las intervenciones fueron aseguradas armas de fuego, presuntas drogas, documentos y dispositivos electrónicos, materiales que serán analizados como parte de las carpetas de investigación abiertas. Las autoridades señalaron que la información recabada podría ampliar las indagatorias y revelar posibles vínculos con otras conductas delictivas.
Tras los hechos, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, expresó que corresponde a las instancias competentes determinar responsabilidades y sostuvo que la aplicación de la ley debe realizarse sin distinción. Asimismo, negó que las acciones tengan como propósito afectar a representantes sociales o integrantes de organizaciones civiles.
