La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado de Puebla ejecutó este viernes una diligencia de embargo precautorio en la sede de TV Azteca Puebla, situada en la exclusiva Torre Centro Mayor, en la zona de Calzada Zavaleta.
La acción, fundamentada en el incumplimiento de multas fiscales federales, marca un precedente en la entidad al aplicar los convenios de colaboración fiscal entre el Estado y la Federación para presionar a uno de los conglomerados mediáticos más influyentes del país: Grupo Salinas.
Minutos después de las 11 horas, auditores y notificadores estatales ingresaron al inmueble de la Calzada Zavaleta.
A diferencia de otros operativos, el personal administrativo de la televisora facilitó el acceso para recibir la notificación de los créditos fiscales firmes que la empresa no ha liquidado.
Tras un careo legal de casi una hora, las autoridades procedieron a la colocación de sellos de embargo sobre activos y áreas estratégicas. No obstante, bajo la figura de “embargo sin extracción”, la operación técnica y el derecho a la información no fueron vulnerados.
El operativo en Puebla forma parte de una estrategia jurídica que se libra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en la tribuna de Palacio Nacional. El origen del conflicto radica en una deuda histórica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha documentado meticulosamente.
A nivel nacional, el corporativo arrastra adeudos que superan los 32 mil millones de pesos.
El empresario Ricardo Salinas Pliego ha calificado estos cobros como “extorsiones”, mientras que el gobierno federal sostiene que se trata de impuestos omitidos por años mediante estrategias de elusión en administraciones previas.
De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Hacienda, Grupo Salinas solo ha liquidado el 43.5 por ciento de los montos reclamados originalmente, dejando un boquete fiscal que ahora las entidades federativas están facultadas para cobrar.
