El gobierno interino de Venezuela aseguró recientemente que 808 personas consideradas presos políticos han sido liberadas, cifra que fue anunciada por autoridades estatales como parte de un proceso de excarcelaciones iniciado meses atrás. Sin embargo, esta cifra ha sido cuestionada por organizaciones independientes que realizan seguimientos detallados de los casos.

La administración, encabezada por Delcy Rodríguez, ha presentado balances públicos sobre las liberaciones en medios oficiales y defendido que el proceso de excarcelación comenzó antes de diciembre de 2025. Según estas declaraciones, el conteo acumulado de personas que han salido de los centros de reclusión supera ampliamente las 800, incluyendo ciudadanos venezolanos y extranjeros detenidos por motivos políticos.
No obstante, Foro Penal, una destacada organización de derechos humanos que monitorea detenciones por causas políticas en el país, ha reportado cifras significativamente menores. Su presidente, Alfredo Romero, indicó que solo 383 casos han sido verificados y confirmados hasta ahora, destacando que el ritmo de liberaciones ha sido más lento de lo reflejado en los informes oficiales. Esta brecha en los datos se atribuye a la falta de listas públicas y verificables por parte del Estado, lo que dificulta comprobaciones independientes.

El primer ministro Mark Carney restó importancia este lunes a la más reciente amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 100% a las importaciones canadienses en Estados Unidos si Canadá alcanzara un acuerdo comercial con China , al señalar que se trata de una postura previa a la próxima revisión del T-MEC . «Pronto entraremos en negociación o revisión de nuestro acuerdo con Estados Unidos y México (T-MEC). El presidente es un negociador experimentado… algunos comentarios y posturas deben verse en ese contexto más amplio», dijo ante la prensa.

Carney admitió que las relaciones bilaterales atraviesan un momento tenso —tras su acercamiento al gobierno chino—, pero insistió en que Canadá busca diversificar mercados, con mayor énfasis en Asia y Europa , frente a la “guerra comercial” iniciada por Washington. Recordó que durante su visita a Beijing el 16 de enero anunció un deshielo en los vínculos bilaterales con la creación de una “ nueva asociación estratégica ” y la consecución de un acuerdo comercial preliminar . Por su parte, el gobierno chino afirmó que ese entendimiento “no apunta contra terceros”.
El mandatario canadiense rechazó que su discurso en el Foro de Davos —en el que criticó las políticas de Trump y ofreció a las potencias medias la opción de confrontar a las grandes potencias— haya deteriorado la relación con Washington . Explicó que su intervención planteó la forma en que Canadá ve el mundo : “Es un reconocimiento de que el mundo ha cambiado… Canadá entendió la magnitud del cambio de la política comercial de Estados Unidos y lo que significó para nuestra economía mucho antes que otros países”.

Carney reiteró que Canadá no busca un acuerdo de libre comercio con China y que, conforme al T-MEC , en caso de hacerlo debería notificar a Estados Unidos y México . “Si lo estuviésemos considerando —que no lo estamos y nunca lo haremos—, lo hubiésemos notificado”, subrayó. Mientras tanto, el gobierno prevé una revisión compleja del T-MEC a la luz de las amenazas arancelarias y del contexto geopolítico reciente.

Podemos adelantar un acuerdo con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez para aprobar, vía real decreto, una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular que podría beneficiar a cerca de 500 mil individuos. Según explicó la eurodiputada Irene Montero, la medida será este martes aprobada en el Consejo de Ministros y permitirá acceder al procedimiento a quienes acreditan al menos cinco meses de estancia en España, con independencia de su forma de entrada o situación previa.

De acuerdo con lo anunciado, podrán acogerse quienes demuestren residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y prueben una permanencia continuada mínima de cinco meses mediante documentos como empadronamientos, informes médicos o justificantes de envíos de dinero. Mientras se tramite la solicitud, el Gobierno otorgará una autorización provisional de residencia, lo que supondrá un blindaje administrativo inmediato para los solicitantes. Montero subrayó que Podemos velará por un proceso ágil y eficaz y ubicó la medida en la necesidad de proteger a este colectivo frente a lo que describió como “violencia racista”.
El Ejecutivo sostiene que la iniciativa es necesaria para ordenar una situación desbordada y que no requerirá trámite parlamentario, al aprobarse por decreto. La regularización se enmarca, además, en la Iniciativa Legislativa Popular sobre migración que obtuvo el respaldo de la mayoría del arco parlamentario —con la excepción de Vox— y el voto favorable del Partido Popular (PP).

El anuncio generó reacciones inmediatas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó en redes sociales la oportunidad y el alcance de la medida, a la que atribuyó un “efecto llamada” y un posible impacto en los servicios públicos. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, rechazó la regularización y la calificó como un estímulo a la inmigración irregular.