El Gobierno de Puebla instalará 2 mil alarmas vecinales durante el presente año, con el propósito de fortalecer la seguridad y la organización comunitaria. El gobernador Alejandro Armenta destacó que este modelo funciona a través de comités vecinales y prioriza en todo momento la protección de la ciudadanía, sin exponerla a riesgos. Explicó que las alarmas cuentan con videocámaras conectadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), lo que permite que, al activarse, el llamado sea atendido de manera inmediata por la patrulla más cercana.

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó que en 2025 se instalaron mil 500 alarmas vecinales en tres municipios, en beneficio de 11 juntas auxiliares de Puebla capital, 11 de San Pedro Cholula y dos de Cuautlancingo, lo que permitió mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Para dar seguimiento a los resultados y definir las próximas zonas de colocación, se llevan a cabo mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, a fin de evaluar el impacto del programa y fortalecer su operatividad.

Esta estrategia se alinea con la visión de seguridad y bienestar impulsada a nivel nacional por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que coloca a la prevención, la tecnología y la participación ciudadana como ejes fundamentales para construir comunidades más seguras y solidarias.

Una buena respuesta ha tenido el programa Basura Cero que se impulsó en los primeros días de diciembre, así lo dio a conocer la coordinadora del sistema operador de Limpia, Rubi Vázquez.

Detalló que esta medida ha generado diferentes opiniones, desde aquellos que están a favor porque se dejan las montoneras de basura y ningún ayuntamiento había actuado, hasta aquellos que están en contra porque son quienes incumplen con los horarios y días de recolección.
Además, informó que los ciudadanos son los que están colaborando con denuncias ciudadanas para dar a conocer quiénes dejan la basura en el lugar, reportes que llegan directamente a esta coordinación.

La funcionaria municipal dejo en claro que el objetivo del programa es generar conciencia en la población para que se cumpla con el reglamento de limpia, pero sobre todo porque los desechos que dejan en la calle fuera de los horarios se convierten en un problema de salud social.

Detalló que por el momento se encuentran en la segunda fase del programa Basura Cero, ya que se han hecho invitaciones a quienes han sido detectados incurriendo en alguna irregularidad y ahora, se tienen listas las notificaciones, segundo paso antes de una sanción.

En la tercera sesión de audiencia por el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una tienda ubicada en el centro de la ciudad, un Juez de Control vinculó un proceso a siete de los nueve imputados: seis personas físicas y una persona moral —Waldo’s, a través de su representante legal—, al considerar que existen elementos suficientes para iniciar la causa penal. De acuerdo con información proporcionada, entre los dos no vinculados no se encuentra ninguna de las cabezas de Protección Civil que hayan sido judicializadas.

La Fiscalía informó que la no vinculación obedeció, en un caso, a la prescripción de la presunta conducta delictiva; en el otro, a que el juez no acreditó la probable responsabilidad, determinación que la institución adelantó será impugnada. En cuanto a las medidas cautelares, se mantuvieron sin cambios: los servidores públicos señalados comenzarán el proceso en libertad, con prohibición de salir de la entidad, obligación de presentar una garantía económica y de firmar de manera periódica ante la autoridad. Para el representante legal de Waldo’s se dictó prisión preventiva, actualmente suspendida por un amparo.
Los delitos atribuidos a los ahora vinculados —que seguirán su proceso en libertad— son incumplimiento de un deber legal, homicidio culposo, lesiones culposas, daños y aborto. En lo que respeta a la empresa, se investiga además el presunto uso de documentos apócrifos para trámites que habrían permitido la operación irregular del establecimiento siniestrado.

La autoridad fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. El expediente involucra a cerca de 20 posibles responsables adicionales que deberán comparar en los próximos días; tres de ellos fueron citados para el próximo jueves. Se presume que los funcionarios de mayor jerarquía ya se encuentran entre los imputados.