La administración estatal actual instruyó desde hace seis meses, iniciar las acciones legales para investigar a la Fundación Mary Street Jenkins por presunto desvío de recursos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras el exhorto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) siga de cerca el caso, el coordinador gabinete de Puebla, José Luis García Parra, confirmó que la entidad cuenta también con indagatorias.

Durante una conferencia matutina, destacó que esta acción se tomó antes de que el tema cobrara relevancia a nivel nacional o fuera abordado por otros actores políticos.

​»Sin necesidad de que nos lo pidieran, hace aproximadamente seis meses, instruyó a la Consejería Jurídica para que iniciara todos los procedimientos para poder investigar, y en su caso, iniciar las denuncias correspondientes en contra de este tema de la Fundación Jenkins”, señaló.

​El caso de la Fundación Jenkins se relaciona con el desfalco de un fideicomiso que, según estimaciones, llegó a acumular un patrimonio de cerca de 14 mil millones de pesos destinados a la beneficencia pública en Puebla.

La investigación busca esclarecer el destino de los recursos que, según la denuncia, fueron triangulados a paraísos fiscales.

A su vez, Pável Gaspar Ramírez, el presidente del Congreso Local, me sumo a la instrucción de la comandanta para que la UIF revise el caso de la Fundación, haciendo énfasis en que en Puebla no habrá impunidad.

“No se protege a quienes están bajo una investigación judicial. Respaldo el llamado desde la oficina del ejecutivo de seguir construyendo una Puebla de cero tolerancia a la corrupción”, escribió.

La audiencia de inicio de juicio por el homicidio del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández registró un nuevo aplazamiento de acuerdo con lo que informó su hija Diana Luisa Ramírez, quien también lamentó la dilatación en la aplicación de justicia y el actuar que han mostrado los funcionarios de menor nivel los cuales han mostrado clara empatía con los abogados de los imputados en caso.

Indicó que originalmente la audiencia estaba programada para el pasado 30 de octubre, pero posteriormente esta se aplazó hasta el 18 de noviembre, por lo que tampoco se tiene la certeza de que este día se lleve a cabo.
Mencionó que estos cambios de última hora en las audiencias no solo es un retraso a la impartición de justicia, sino también significan un desgaste emocional para su familia, así como gastos económicos y tiempo invertido.

La también abogada señaló que el expediente de juicio de su padre cuenta con más de 50 pruebas entre periciales, declaraciones de testigos, videos e información que se van a desahogar en el juicio.

Comentó que tras notificarle que la audiencia de juicio se había reprogramado, nuevamente se le citó para que se presentarán a otra audiencia para la revisión de pruebas, bajo la advertencia de que si no se acudían podrían ser sancionadas con una multa, pero la sorpresa es que cuando acudieron resultó que dicha citación, no estaba programa y por lo tanto se canceló.

Expresó que se ha observado la falta de tacto del auxiliar del juez, quien ignoró prácticamente a la parte agraviada, mientras que con los abogados defensores de los presuntos homicidas se registró un trato diferente, lo cual dijo es una falta de respeto y hasta de sospecha de favoritismo.

Diana Luisa mencionó que el proceso penal se complica también por cuestiones estructurales del sistema judicial poblano, ya que el Tribunal de Enjuiciamiento del Estado, cuenta con apenas siete jueces, lo que causa que ante tantos casos podría derivarse los constantes aplazamientos en la audiencia.

Cabe mencionar que el periodista Marco Aurelio Ramírez fue ultimado el 23 de mayo del 2023 mientras que conducía su vehículo en el fraccionamiento Agua Blanca, por lo que hay dos hombres imputados en el caso José Francisco “N” y Jesús Armando “N”, alías “El Güero”.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, presentó los videos que reconstruyen el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a través de los cuales confirmo que quien lo asesino era un sicario enviado por grupos del crimen organizado.

Estás imágenes confirman que al menos dos personas participaron en el ataque, entre ellas el autor material, quien aún no ha sido identificado. De acuerdo con las indagatorias, el agresor se registró en un hotel del centro de la ciudad a las 16:00 horas, donde realizó algunas compras.

Más tarde, alrededor de las 20:00 horas, salió del lugar vestido con una sudadera blanca, desplazándose sin obstáculos entre los asistentes al evento. El sujeto fue captado caminando por la plaza de Uruapan, donde la multitud de personas le impidió acercarse de inmediato al edil.

Minutos después logró aproximarse y, sin mediar palabra, disparó siete veces contra Manzo, provocando una reacción inmediata. La fiscalía informó que el responsable no llevaba identificación, por lo que se solicitó apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) para obtener datos.

Según análisis periciales, el atacante tenía entre 17 y 19 años. Los estudios realizados confirmaron que el joven accionó el arma homicida, una pistola calibre 9 milímetros, la cual también habría sido usada en dos asesinatos previos. Las pruebas toxicológicas arrojaron resultados positivos.

Torres Piña señaló que el crimen estuvo vinculado con la delincuencia organizada, tanto por el tipo de arma empleada como por la forma en que se ejecutó el ataque. Añadió que ya existe una persona detenida por su posible participación y que las investigaciones continuarán.