Cuatro horas tardó el Congreso de Puebla en discutir y aprobar la nueva reforma de ciberasedio. La propuesta emitida por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo -que prohíbe a los servidores públicos denunciar este delito y reduce la pena mínima a seis meses de prisión- fue aprobada por la mayoría calificada de Morena y sus aliados, con el evidente rechazo de los partidos opositores, excepto uno: Movimiento Ciudadano, que a pesar de haber presumido su respaldo a la nueva norma poco antes de ser avalada, se abstuvo de votar.
La extensa discusión en torno a la reforma, que modifica el artículo 480 del Código Penal del estado, estuvo marcada por reproches y críticas cargadas de tintes políticos entre las bancadas. El resultado, además de la próxima promulgación de la norma, fue un oficialismo satisfecho con la aprobación de su propuesta -que poco se modificó-, un disentimiento entre el PRI y Movimiento Ciudadano, así como la frustración de la bancada panista que, por su propio descuido, excluyeron sus sugerencias de la hoy aprobada reforma.
De esta manera, el recién modificado artículo promete respetar la libre expresión, al imponer un freno a los servidores públicos de denunciar este delito, debido a que están sometidos al escrutinio ciudadano. Excluye, además, de ser sancionadas aquellas manifestaciones del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión.
La redacción de la reforma es diferente a la original, objeto de críticas por organizaciones internacionales de derechos humanos, sin embargo, tiene el mismo propósito: castigar el asedio digital con las mismas penas máximas (tres años de prisión) y económicas, ratificadas en 50 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que este año equivalen de cinco mil 657 hasta 33 mil 942 pesos. El nuevo artículo es el siguiente:
“Artículo 480: Comete el delito de ciberasedio quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, de forma reiterada o sistemática realice actos de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa a otra persona, y como consecuencia altere su vida cotidiana, perturbe su privacidad o dañe su integridad física o emocional. Para determinar la existencia del delito, la autoridad deberá considerar el contexto de los hechos.
Se perseguirá a petición de parte, salvo que la víctima sea niña, niño, adolescente, persona con discapacidad o exista una relación de autoridad o subordinación, en cuyo caso será perseguible de oficio. A la persona responsable de la conducta descrita en el presente artículo se le impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito. Cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, la sanción se aumentará una tercera parte de la pena mínima y hasta dos terceras partes de la pena máxima.
Quedan excluidas del presente artículo, las manifestaciones o críticas que estén orientadas a satisfacer un interés público, garantizar el desarrollo democrático o traten del escrutinio de cualquier órgano del Estado o persona servidora pública, y todas aquellas expresiones emitidas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el periodismo, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia y demás disposiciones aplicables”.
La reforma fue aprobada con 34 votos a favor de Morena y aliados (Verde, Fuerza por México, Verde y Nueva Alianza), seis en contra (de panistas Rafael Micalco, Luana Amador, Celia Bonaga, Marcos Castro, Susana Riestra; y la priista Delfina Pozos), y una abstención de la emecista Fedrha Suriano.
Comisión aviva discusión entre partidos opositores
La nueva norma no sufrió cambio alguno en la Comisión de Procuración de Justicia, que analizó este jueves la iniciativa a escasos minutos de haber sido presentada ante el Pleno. Ahí, en la sesión que tardó cerca de una hora, se presentó una primera discusión: la diputada panista Susana Riestra reprochó a sus homólogos del oficialismo que la sugerencia de su bancada no fuera tomada en cuenta por extemporaneidad, cuestionando cuál era la prisa.
Quien respondió tal queja, sorpresivamente, fue la emecista Fedrha Suriano, quien parecía haberse sumado al discurso oficialista al defender: “no podemos esperar para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes”. El presidente de tal Comisión, Mauricio Céspedes, -visiblemente satisfecho por la respuesta de la emecista- procedió a la votación, en la que Suriano votó en abstención. Una vez avalada la reforma, con el único voto en contra de Riestra, fue turnada nuevamente al Pleno para formalizar su ineludible aprobación.
Oposición exhibió fractura ante el Pleno
El debate en el Pleno se redujo a una pelea entre la oposición. El grueso de diputados de Morena y aliados poco esfuerzo invirtió en defender la propuesta, que derivó en una fractura entre el PRI y Movimiento Ciudadano. El PAN, que materializó su propuesta fuera de tiempo, poco pudo defenderse de las críticas en su contra.
La única diputada del PRI, Delfina Pozos Vergara, fue la primera en subir a tribuna. “Desde el inicio dejé clara mi postura, la ley debió ser derogada, así lo propuse y lo sostengo”, dijo al anticipar que su voto sería en contra. Fue breve su crítica al oficialismo, ya que optó por reprochar a la emecista Suriano Corrales.
sesión ordinaria del Congreso de Puebla
La reforma de ciberasedio mantiene penas de cárcel y económicas para los infractores.
Vergara lanzó: “El PRI mantuvo su postura firme, otros prefirieron apoyar al oficialismo en lugar de respaldar a los ciudadanos, y me refiero a Movimiento Ciudadano que se abstuvo (en la comisión). Cuando se trata de derechos no se puede ser neutral”.
Poco tardó en recibir una respuesta de su homóloga. En su intervención, Suriano no criticó al oficialismo, sino que agradeció en un corto discurso a la morenista y presidenta de la Jugocopo, Laura Artemisa García Chávez, por incorporar su sugerencia a la nueva reforma, que ahora, afirmó, no vulnera la libertad de expresión. Sin embargo, justificó que su voto sería nuevamente en abstención porque la norma sigue siendo insuficiente para enmendar sus errores.
Reducirán penas mínimas y excluirán a servidores públicos en cambios a ley de ciberasedio
MC respaldó la nueva propuesta, PRI se opuso e insiste en su derogación
De inmediato, respondió a Pozos: “No podemos pasar por alto la actitud poco seria del PRI, que durante semanas se empecinó en exigir la derogación, a sabiendas de que es jurídicamente improcedente”. Hizo una pausa, y remató: “Tal parece que el estar relegados les ha hecho perder todo tipo de juicio y objetivo de valor, priorizando el escándalo sobre la solución, el protagonismo sobre la técnica jurídica”.
La panista Susana Riestra, por su parte, subió a tribuna para quejarse nuevamente sobre la exclusión de la propuesta de su bancada. En respuesta, la morenista Laura Artemisa García Chávez, poco dudó en usar la extemporaneidad de la presentación de dicha sugerencia, y cerró el debate diciendo: “(El PAN) presentó una acción de inconstitucionalidad y finalmente una reforma para su modificación con vicios claros, improcedente, con nulo interés por defender la libertad de expresión. Casi un mes tardaron en hacer una propuesta y queda la duda ¿qué estaban esperando?”.
