Con una agenda centrada en el fortalecimiento del desarrollo humano y el intercambio de buenas prácticas de gobierno iniciará este miércoles la reunión de la Red M20 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la cual tendrá como sede la joya arquitectónica del Ex Convento de San Francisco de la capital, confirmó el alcalde Alfonso Sánchez García.

En este encuentro, que reunirá a presidentes municipales provenientes de ciudades con los más altos niveles de bienestar en México, se buscará centrar el diálogo en traducir indicadores en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de la población, abundó Sánchez García en su calidad de vicepresidente de la red M20.

De igual forma, se realizará la Presentación de Buenas Prácticas Municipales del M20, donde las y los alcaldes compartirán experiencias exitosas en materia de innovación gubernamental, desarrollo social, planeación urbana y participación ciudadana, con miras a replicar modelos efectivos en otras localidades del país.

El evento tendrá lugar en el Ex Convento de San Francisco, recinto histórico declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, cuya preservación ha sido impulsada por el gobierno municipal encabezado por el alcalde Alfonso Sánchez García, quien además logró la recuperación de espacios emblemáticos como la Plaza Xicohténcatl con el regreso de artesanos.

Cabe destacar que el encuentro del M20 posiciona a Tlaxcala en la agenda nacional e internacional y además refuerza su compromiso con un modelo de desarrollo basado en resultados, cooperación y bienestar social.

El coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, reviró que “no necesita reformas para comparecer en el Congreso local” y pidió que, en la iniciativa planteada, se incluya la facultad de asistir a todas las sesiones para sumarse al debate legislativo.

Durante una rueda de prensa, dijo estar dispuesto a ser cuestionado de manera abierta por los diputados locales, luego de que el panista Rafael Micalco Méndez considerara que debe rendir cuentas, debido a que su cargo tiene un peso similar al de cualquier secretario.
En respuesta, argumentó que la Coordinación de Gabinete no ejerce recursos públicos ni opera programas, además de que su estructura es de apenas 10 trabajadores, en contraste con otras dependencias que cuentan con entre 600 y más de mil empleados.

Pese a ello, externó su disposición para asistir en cuanto sea convocado. Sin embargo, pidió al legislador que, en la iniciativa que pretende presentar, incluya la posibilidad de que pueda participar de manera permanente en las sesiones, con voz pero sin voto.

García Parra mencionó que de esta manera podría fortalecerse el intercambio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo mediante un diálogo constante y público.

“Me gustaría estar en el pleno del Congreso con los 41 legisladores para tener un encuentro de debate de ideas y diálogo (…) Que el coordinador tenga la facultad de acudir a todas las sesiones de pleno, sin voto desde luego, pero con voz”, puntualizó.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier dejó en claro que cualquier integrante de la administración pública está preparado para rendir cuentas, aunque señaló que la intención de la oposición es que el funcionario se presente en el pleno.

El gobernador Alejandro Armenta Mier instruyó al presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, a fiscalizar el desempeño de los inspectores de la Dirección de Normatividad y Regulación Comercial, tras la denuncia de una presunta red de extorsión contra el sector restaurantero.

En rueda de prensa, confirmó que solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la titularidad de Idamis Pastor Betancourt, el inicio de una investigación para identificar a los funcionarios municipales implicados en cobros ilegales.
«Le hago un llamado respetuoso al señor presidente para que revise a su equipo como yo lo hago con mi equipo», sentenció.

La intervención del Ejecutivo ocurre luego de que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) expusiera irregularidades como cobros en los establecimientos, que oscilan entre 3 mil y 14 mil pesos.

Supuestamente, el personal municipal utiliza omisiones administrativas menores o la falta de documentos específicos para amagar con la clausura inmediata si no se entrega el efectivo.

Los agremiados reportaron un incremento en el rigor de las inspecciones y visitas recurrentes con fines recaudatorios fuera de la ley.

Por su parte, el Ayuntamiento de Puebla, a través de la Secretaría de Gobernación Municipal, estableció mesas de trabajo con la Canirac y el municipio notificó al mandatario estatal que se mantiene a la espera de que los afectados presenten las denuncias formales con nombres y cargos ante las instancias correspondientes.