La reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y recientemente por la Cámara de Senadores y busca escalar a nivel federal para permitir que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Casa de Moneda, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Banco de México (Banxico) puedan poseer y portar armas de fuego.

Inicialmente el proyecto se derivó de una minuta remitida por la Cámara de Diputados, donde fue aprobada por 476 votos a favor más dos abstenciones y, recientemente aceptada el lunes por el Senado de México de manera unánime con 105 votos a favor. Esta iniciativa que permite a funcionarios portar y poseer armas de fuego buscará su aprobación a nivel nacional.

Las modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fueron remitidas al Congreso de la Unión en septiembre de 2024 por el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y actualmente comenzó a reconsiderarse para hacerla llegar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En un comunicado oficial el Senado subrayó que la ley, vigente desde hace más de cinco décadas (1972) y sin modificaciones significativas hasta ahora, ya necesitaba una actualización para enfrentar las nuevas realidades de violencia que enfrenta el país.

La reforma gira en torno a seis ejes principales:

Reafirmar el carácter de orden público e interés social de la ley y extender su aplicación a todo el territorio nacional
Fortalecer el control estatal sobre armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas
Modernizar la clasificación de armamento y accesorios permitidos o restringidos
Definir con precisión las condiciones para la posesión y portación legal de armas
Reorganizar las facultades de las autoridades competentes en materia de armamento
Vincular la reforma con el Plan Nacional de Seguridad, pilar de la estrategia de seguridad pública de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
De acuerdo con la Comisión de Estudios Legislativos, la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos se encuentra estrechamente relacionada con la consolidación del Plan Nacional de Seguridad, una de las estrategias de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para el debilitamiento de la inseguridad en el país.

¿Quiénes podrán poseer y portar armas legalmente en México?
El nuevo marco legal contempla excepciones específicas que permiten la portación y posesión de armas en los siguientes casos:
Cazadores con permisos correspondientes
Empresas de seguridad privada: también se incluyen paraestatales, órganos autónomos (CFE, Pemex, Banxico, Casa de moneda, SAT) y personas físicas o morales (empresas de seguridad privada)
Sanciones severas por portación ilegal de armas en México

Aunque la reforma presenta un panorama alentador en cuestiones de seguridad, las penas por la portación ilegal de armas a partir de esta reforma, se contemplan de la siguiente manera:

De 4 a 8 años de prisión, además de multas de 700 a mil 500 veces el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización)
De 7 a 30 años de prisión para quienes introduzcan armas o aditamentos prohibidos al país, con multas de hasta 2 mil veces el valor diario de la UMA
De 7 a 15 años de prisión para quienes hagan uso indebido de armas asignadas a instituciones de seguridad pública o procuración de justicia
Esta reforma se encuentra alineada con los esfuerzos del gobierno de Sheinbaum para enfrentar los principales desafíos en materia de seguridad, durante un contexto en que diversas instituciones del Estado han sido blanco de actos delictivos y amenazas.

Sin embargo, diversos analistas en materia de seguridad señalaron que si bien la medida puede fortalecer la protección de infraestructura crítica, también plantea retos en términos de capacitación, control y transparencia.

El secretario de Bienestar estatal, Javier Aquino Limón, dejará el gabinete del gobernador Alejandro Armenta y volverá a desempeñar el cargo de delegado estatal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) en Puebla.

Durante una entrevista realizada el 1 de mayo en el Parque Juárez, el mandatario estatal informó que algunos funcionarios de su gabinete saldrían de su gestión, ello debido a que pasarían a formar parte del gobierno federal.

De manera extraoficial, fuentes confirmaron a e-consulta que uno de estos funcionarios sería Aquino Limón, quien previamente ya se había desempeñado como delegado estatal de esta dependencia federal.

Dicho cargo lo ocupó a partir de marzo de 2018, cuando relevó a Raúl Salvador Aguirre Valencia tras ser designado por el entonces secretario Gerardo Ruiz Esparza, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Al respecto, el gobernador Armenta aún no ha confirmado este traspaso, únicamente informando que será el próximo lunes cuando podrían darse a conocer los cambios en su gobierno, «para que no dejen de ir a las conferencias», mencionó entre risas.

De este modo, el secretario se sumaría a Raymundo Atanacio Luna, quien dejó la dirección general del DIF estatal para encabezar la implementación del Plan Hídrico Nacional en Puebla, coordinando distintas agencias del gobierno.

¿Quién es Javier Aquino Limón?
Javier Aquino Limón, se desempeñó como secretario de Gobernación estatal durante la administración de Sergio Salomón Céspedes, entre 2023 y 2024, tras la salida de Julio Huerta del cargo.

Asimismo, fue coordinador de la campaña para diputado local de Alejandro Armenta, presidente municipal de Acatzingo en el periodo 2005-2008 y diputado local de Puebla en la LVII Legislatura (2008-2011), todo ello mientras se encontraba en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante la actual administración de Alejandro Armenta, siendo secretario de Bienestar ha desempeñado un rol de liderazgo en el Programa de Obra Comunitaria, en el cual se ha dirigido a distintos municipios del estado para participar en las asambleas donde se han otorgado los apoyos a las comunidades.

La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), Blanca Yassahara Cruz García, rechazó que el organismo haya tenido un subejercicio presupuestal en 2024, y se ejerció todo el presupuesto, del cual el 30 por ciento fue destinado al pago de nómina.

En entrevista al terminar la sesión ordinaria, rindió un informe de lo ejercido el año pasado, sostuvo que todo fue manejado con trasparencia, y el documento se entrega previo a que concluya el mes de abril que es límite.

La consejera detalló que en 2024 cuando se llevó el proceso electoral y hubo un mayor gasto, por eso el presupuesto se incrementó, y en total de manejaron Mil 176 millones, 277 mil 28 pesos.

Explicó que los recursos se aplicaron en cinco capítulos, el primero servicios personales, donde entra la nómina, ahí se fue el 18.76 por ciento, donde además del salario de los integrantes del Consejo General, entra el personal de base, el personal eventual, los consejos distritales, auxiliares operativos.

El monto en pago de nómina ascendió a los 341 millones 740 mil pesos, siendo el segundo mayor gasto del presupuesto, y la nómina se amplió por haber sido un proceso muy grande.

En el capítulo 2000 referente a materiales y suministros se tuvieron que erogar 2.27 por ciento, que sólo fue para la operacipon.

En Servicios generales que es el capítulo 3000, se tuvo el 30 por ciento de erogación, ahí fue todo lo de contratación, indumentaria, material electoral, servicios del PREP, servicios externos de auditoria, y todo lo que se necesitó para que la jornada electoral estuviera a la altura.

La consejera presidenta señaló que el principal gasto se dio en el capítulo 4000 donde están las prerrogativas para los partidos políticos, ahí se destinó el 48 por ciento del global, porque además de financiamiento ordinario que reciben los partidos, se les otorgaron recursos para las campañas.

El menor gasto fue en el capítulo 5000, referente a bienes muebles inmueble 0.2 por ciento, ya que solo se cubren temas complementario.

Explicó que en el Convenio con el INE se tuvo que aportar el 50 por ciento para la instalación de casillas, el cincuenta por ciento de la capacitación.