El Ayuntamiento de Puebla que encabeza José Chedraui Budib reveló que la administración del panista Adán Domínguez dejó un hoyo financiero de 547 millones de pesos; no descartan denuncias penales e incluso la inhabilitación de exfuncionarios municipales.
En rueda de prensa hoy, el tesorero municipal, Héctor González Cobián, revivió el tema del hoyo financiero en el Ayuntamiento de Puebla que asciende a 547 millones de pesos.
El funcionario municipal explicó que de dicho monto, 333.9 millones de pesos son faltantes en bancos, 116.9 millones de pesos son contratos de obra que realizó la administración panista con recursos que le pertenecen al gobierno actual y 96.2 millones de pesos que son rubros prioritarios que no estaban presupuestados.
Asimismo, González Cobián reconoció que el gobierno pasado les dejó 232.8 millones de pesos las cuentas bancarias, de los cuales 100.3 millones de pesos fueron utilizados para cubrir un adeudo de 400 millones de pesos, mientras que el resto se quedó en la cuenta.
Investigación contra exfuncionarios por hoyo financiero
Al respecto, la contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, explicó que esto derivó en diversas investigaciones por los hechos denunciados por parte de la Tesorería, por lo que será hasta febrero de 2025 cuando se determine si habrá o no algún responsable.
Rivera Aranda refirió que de haber responsables se procederá de forma penal e incluso se inhabilitará a los exfuncionarios públicos que todavía pueden responder ante las acusaciones.
Asimismo, la contralora municipal reveló que en el proceso de entrega-recepción se hicieron 368 observaciones que el equipo de Adán Domínguez debe solventar a fin de deslindar responsabilidades.
“Se encuentran en fase de investigación sobre los hechos denunciados con el fin de poder determinar la existencia de faltas administrativas o actas de responsabilidad contra los responsables, no hay fobias ni filias”, puntualizó.
Por último, el secretario de Gobernación, Francisco Rodríguez, señaló que esta situación fue un problema de la administración pasada que se debe solventar, pues los funcionarios pasados tomaron recursos que no les pertenecían.