Ayer martes 5 de noviembre, el Ministro Javier Laynez Potisek suspendió de manera indefinida la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) por más de 15 mil millones de pesos.
La suspensión fue admitida por Laynez Potisek luego de que los legisladores de oposición en el Congreso de la Unión, de las bancadas del PAN, PRI, PRD, y Movimiento Ciudadano, así como senadores de la Cámara Alta, interpusieran acciones de inconstitucionalidad.
“Se concede la suspensión solicitada por las diversas senadoras y senadores, así como determinadas diputadas y diputados del Congreso de la Unión, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído”, indicó el ministro en el acuerdo publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con los diputados federales y los senadores, lo que buscaron con la solicitud de la suspensión de la desaparición de los fideicomisos era evitar causar perjuicio a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.
Por ahora, la extinción de los fideicomisos y la integración de esos fondos a la Tesorería de la Federación estará pausada de manera indefinida hasta que se resuelva si la reforma al Artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF es válida y vigente o si se comprueba que es violatoria al marco constitucional.
Asimismo, el Ministro Javier Laynez deberá presentar un proyecto de resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, no existe un límite temporal para la resolución de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la extinción de los fideicomisos.
Luego de aprobada la suspensión, Laynez Potisek enfatizó que “la medida cautelar surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”.
Cabe recordar que, tras el impacto del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, tanto Andrés Manuel López Obrador como la ministra presidenta Norma Piña habían acordado utilizar el dinero de los fideicomisos para ayudar a la reconstrucción de Guerrero, sin embargo, tras las múltiples intervenciones legales que han frenado el traslado de los fondos a manos del gobierno federal, esto no será posible.
