El magistrado del Poder Judicial del Estado de Puebla, Carlos Palafox Galeana, junto con dos servidores públicos tendrán 10 días hábiles para ser notificados, nuevamente, y presentarse a la audiencia que resolverá la denuncia penal por abuso de autoridad que tienen en su contra desde el pasado 2022, luego de que no se presentaran a la audiencia pactada para el día de hoy.
Norma Romero Cortés, Notaria Pública No. 4 en la ciudad de Puebla, confió que se haga justicia y que los servidores públicos respondan por ética y asuman su responsabilidad, luego de que presentó una denuncia penal en contra del ex consejero jurídico del gobierno del estado en la administración del ex gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
“Es un asunto delicado y en el Estado deben cumplir con las obligaciones cuando son llamados por la autoridad ahí hay una falta de ética al no asistir; el que calla otorga, estas personas dejan abierta la posibilidad de pensar mal ante este tema que es vergonzoso, pero tenemos derecho a la verdad”, comentó.
Los hechos ocurrieron el pasado 27 de mayo del 2022, cuando solicitaron el servicio para dar fe y legalidad en el proceso de la devolución de Los Lavaderos de Almoloya que estaban en comodato con el hotel Rosewood de Puebla, ubicado en la 14 Oriente número 403, ahora conocido como Hotel Azul Talavera.
Los representantes legales acudieron al lugar mencionado para dar legalidad de los hechos, sin embargo, personal de fuerza pública impidió su labor al ejercer violencia física contra José, hijo de la Notaria Pública No. 4, quien fue acusado de usurpación de funciones.
Ante una supuesta orden del ahora magistrado Carlos Palafox, el joven fue privado de su libertad al ser sometido para subirlo a una patrulla de la Policía Estatal y más tarde fue abandonado en otro punto de la ciudad.
Derivado de este hecho se presentó una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad ante el exceso de violencia y seguridad.
Hasta el momento sólo hay un detenido, Ariel N, quien se encuentra en el penal de Tepexi de Rodríguez por el delito de secuestro agravado, mientras que el magistrado del Poder Judicial y dos funcionarios públicos más no se presentaron el pasado viernes para el desahogo de la audiencia por lo que fue reprogramada.
La ex candidata independiente indicó que, a través de la Fiscalía Anticorrupción, continúa el desahogo del problema, por lo que confió en la apertura que tiene la actual administración estatal a cargo del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. (JC)