Por unanimidad, el Pleno de la LXI Legislatura aprobó el dictamen mediante el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 212 del Código Penal del Estado de Puebla, para eliminar la exclusión absolutoria de parientes o amistades de personas presuntamente responsables del delito de feminicidio, por encubrirlos o ayudarlos a sustraerse de la acción de la justicia.

La modificación también conocida como “Ley Montse”, tiene el propósito de garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas u ofendidos del delito de feminicidio, pues se sancionará el delito de encubrimiento para todas las personas.

El Código Penal establece en el artículo 211 fracción II como excluyentes absolutorios al cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes en línea recta o colateral dentro del segundo grado, así como los que al sujeto activo deban respeto, gratitud, amor o estrecha amistad o vivan con él en concubinato, esto no aplicará para el delito de feminicidio, de acuerdo con la reforma.

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado también aprobó el dictamen de decreto mediante el cual se reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

Por otra parte, la LXI Legislatura aprobó reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para que este organismo supervise que las personas privadas de su libertad en diversos establecimientos de detención o reinserción cuenten con las prerrogativas constitucionales y se garantice la plena vigencia de sus derechos humanos.
Como parte de las reformas, también se ajusta la denominación de las instituciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad y establecer atribuciones de supervisión de estos lugares.

En tanto, las y los diputados aprobaron reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que quienes sean designados en las Unidades de Transparencia cumplan con el perfil que acredite su idoneidad para el cargo; además, fomentar la capacitación continua de la persona titular de transparencia, con el propósito de que se desempeñe de manera eficiente.

También se establece que las Unidades de Transparencia contarán con el personal necesario para su funcionamiento, quienes deberán cumplir con el perfil que acredite su idoneidad para el cargo.

Al respecto, la diputada Xel Arianna Hernández García resaltó la importancia de profesionalizar a las y los titulares de las Unidades de Transparencia, así como garantizar que éste sea el principio básico de un gobierno abierto.

MESA DIRECTIVA TURNA INICIATIVAS DE DIPUTADAS
Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar la fracción V del artículo 85 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, con el propósito de especificar el área responsable de la emisión o suscripción del dictamen técnico que sirve como base para evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos requeridos dentro del proceso de adjudicación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su estudio y resolución procedente.

De la misma forma, se dio cuenta de la iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar el último párrafo del artículo 18 y del 60 de la Ley de Extinción de Dominio, con el propósito de actualizar los nombres de las Secretarías de Planeación y Finanzas y de la Función Pública.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.

La Mesa Directiva también dio cuenta de la iniciativa de la diputada Nora Merino Escamilla para reformar el artículo 5 y el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Medios Alternativos en Materia Penal para establecer que se debe actuar con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, esto, a partir de las reformas implementadas a nivel nacional.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación correspondiente.