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Senado alista debate para reducir jornada laboral

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¿Te imaginas trabajar menos de ocho horas al día? Este sueño se podría hacer realidad, ya que senadores presentaron distintas iniciativas para reducir la jornada laboral en México.

Con el arranque del periodo ordinario en el Senado de la República, los legisladores de la Cámara Alta aprovecharon para proponer que en México se laboren seis y no ocho horas como lo tiene contemplado la ley.

Por esta razón, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, explicó que para que estas propuestas sean aprobadas, primero debe iniciar el debate para después construir acuerdos entre el Congreso de la Unión y el Gobierno federal.

“Hay seis iniciativas de diferentes bancadas (…) espero que, en las próximas semanas, terminemos de organizar dos foros antes de que termine abril, uno sobre trabajadores de plataformas y otro sobre reducción de jornada”, apuntó.

¿Se puede tomar cerveza en la hora de comida de la jornada laboral? Esto dice la ley
La Ley Federal del Trabajo tiene un apartado sobre la ingesta de bebidas alcohólicas en horario laboral (Foto: Shutterstock)
Una de las iniciativas más recientes que fue presentada fue la del senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRD), quien propuso la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de ocho a seis horas diarias.

Entre los objetivos, dijo Mancera, está promover el cuidado de la salud y citó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para explicar que trabajar jornadas laborales prolongadas ha provocado la muerte de 745 mil personas por accidente cerebrovascular.

Además, en noviembre pasado, el Partido del Trabajo también había presentado una iniciativa para reducir la jornada laboral a seis horas, con derecho a dos días de descanso. Mientras que la senadora de Morena, Bertha Alicia Caraveo, en septiembre de 2022, propuso una jornada de 8 a 7 horas de trabajo diario.

Asimismo, el senador Juan Zepeda presentó, en agosto del año pasado, una reforma en la que pidió una jornada de seis horas y media; sin embargo, en caso de aprobarse esta iniciativa, las horas laborales diarias deberán reducirse de forma escalonada en los tres años posteriores.

México, el país más ‘chambeador’, pero el menos productivo.
México es uno de los países que más horas trabaja, pero su productividad es baja. De acuerdo con datos de la OCDE, los mexicanos, en promedio, trabajan 2 mil 137 horas al año; mientras que los países de esta organización tienen un promedio de mil 730 horas.

Esto quiere decir que en México se trabaja 23 por ciento más horas. Los otros cuatro países con más tiempo de trabajo en promedio son: Costa Rica (2 mil 60 horas al año), Corea del Sur (mil 967), Rusia (mil 965) y Grecia (mil 949).

Los países con menos horas promedio de trabajo son Dinamarca (mil 380), Noruega (mil 384), Alemania (mil 386), Holanda (mil 434), y Suecia (mil 452).

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Bancos en México exigirán identificación oficial y biométricos para depósitos y retiros de 140 mil pesos o más

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CIUDAD DE MÉXICO. La Asociación de Bancos de México (ABM) acordó implementar nuevas medidas de control operativo en las sucursales financieras de todo el país. A partir del 1 de julio de 2026, los usuarios que deseen realizar depósitos o retiros en efectivo por montos iguales o superiores a 140 mil pesos deberán presentar obligatoriamente una identificación oficial vigente y registrar al menos un dato biométrico (como huella dactilar o escaneo facial).

Blindaje contra el lavado de dinero y fraudes

De acuerdo con declaraciones del presidente del organismo, Emilio Romano, el acuerdo del Comité de Asociados de la ABM busca reforzar la seguridad del sistema bancario y prevenir delitos de alto impacto, tales como el lavado de dinero, la suplantación de identidad y el financiamiento de actividades ilícitas.

Estas medidas van más allá del marco regulatorio básico. Adicionalmente, el paquete de acuerdos aprobados contempla:

  • Referenciación en cuentas concentradoras: Todos los depósitos en efectivo realizados a este tipo de cuentas (comúnmente utilizadas por plataformas de comercio electrónico y agregadores de pagos) deberán estar debidamente referenciados para rastrear el origen y destino de los recursos.
  • Transferencias internacionales: Las operaciones con el extranjero solo podrán realizarse entre cuentahabientes formales del sistema financiero.
  • Plataforma de información en tiempo real: Intercambio de datos entre instituciones financieras para detectar y alertar patrones de transacciones inusuales o sospechosas.

Diferencia con los reportes al SAT

Expertos del sector aclaran que esta nueva disposición no debe confundirse con la fiscalización de los depósitos en efectivo que realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Mientras que las instituciones bancarias están obligadas a informar al SAT cuando un contribuyente acumula más de 15 mil pesos mensuales en depósitos en efectivo por razones fiscales, la regla de los 140 mil pesos es una medida estrictamente operativa y de seguridad preventiva por transacción en ventanilla.

Documentos requeridos en ventanilla

Para realizar estas transacciones a partir de la entrada en vigor de la medida, las personas físicas deberán acudir presencialmente a la sucursal física —puesto que la restricción impide hacer montos de esa escala en cajeros automáticos convencionales— con:

  1. Credencial para votar (INE) o pasaporte oficial vigente y en óptimo estado.
  2. Verificación biométrica activa en el sistema del banco.
  3. Documentación o referencias para acreditar el origen o destino de los fondos en caso de requerirse.

Con este acuerdo, la banca en México reafirma su compromiso de digitalizar gradualmente la economía nacional y reducir el uso desmedido de efectivo para garantizar transacciones más transparentes y seguras para los usuarios.

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«El Mayo» Zambada no posee propiedades incautadas a su nombre en México: García Harfuch

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CIUDAD DE MÉXICO.— Ismael «El Mayo» Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa capturado en Estados Unidos en julio de 2024, no cuenta con propiedades formalmente aseguradas o inscritas a su nombre en México, según informó este miércoles Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el marco de las investigaciones y los aseguramientos patrimoniales dirigidos contra la delincuencia organizada, el funcionario detalló que las labores de inteligencia patrimonial y la revisión de registros no identificaron inmuebles, terrenos o fincas a nombre de Zambada García dentro del sistema legal mexicano.

Operaciones mediante prestanombres y redes familiares
La ausencia de propiedades a nombre del capo responde a la histórica estrategia financiera empleada por las cúpulas del crimen organizado en México. De acuerdo con las autoridades, la infraestructura inmobiliaria y comercial vinculada al Cártel de Sinaloa solía operar bajo la titularidad de prestanombres, familiares o empresas fachada.

A lo largo de las últimas décadas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. había identificado diversas empresas —desde establos ganaderos hasta gasolineras y centros educativos— asociadas a la red de «El Mayo» en Sinaloa, las cuales estaban inscritas a nombre de allegados o familiares directos.

Contexto y seguimiento tras su captura
El reporte del gabinete de seguridad nacional forma parte de las acciones de seguimiento sobre la estructura operativa y financiera de la organización criminal, tras la entrega y detención de Zambada en un aeródromo cercano a El Paso, Texas, en julio de 2024.

García Harfuch reiteró que, si bien la figura individual de Zambada García no registra activos inmobiliarios directos en las bases de datos de bienes incautados, las investigaciones sobre las estructuras de lavado de dinero y la identificación de bienes operados por sus redes de colaboradores continúan en coordinación con las autoridades correspondientes.

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FGR amplia investigación por huachicol: van tras dos empresas vinculadas a Ingemar

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  • Servicios Portuarios y Dragados y Puertos, propiedad de los empresarios Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro, obtuvieron contratos millonarios con el Gobierno federal tras modificar su objeto social para ingresar al sector hidrocarburos.

MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) extendió sus investigaciones en torno a la red de huachicol fiscal ligada a la empresa Ingemar, poniendo bajo la mira a dos compañías socias: Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V.

Ambas firmas, vinculadas a Ricardo Thompson Ramírez y a su hijo Ricardo Thompson Navarro —este último actualmente detenido junto al exgobernador Ernesto Ruffo—, recibieron en conjunto 13 contratos federales por más de 49 millones de pesos entre 2019 y 2024, principalmente otorgados por la estatal Exportadora de Sal (ESSA).


Cambios de giro para entrar al negocio petrolero

De acuerdo con registros del Registro Público de Comercio, ninguna de las dos empresas nació enfocada en el sector energético, pero modificaron sus estatutos para incursionar en la industria de los combustibles:

  • Servicios Portuarios: Fundada en 1993 como una compañía de desarrollo tecnológico, amplió su objeto social en noviembre de 2018 para almacenar, comercializar y transportar hidrocarburos y petrolíferos. A pesar de haber sido suspendida parcialmente del Padrón de Importadores en 2021 por incumplimientos normativos, continuó recibiendo adjudicaciones directas del Gobierno federal para el mantenimiento de remolcadores y equipo marítimo, sumando más de 48.8 millones de pesos.
  • Dragados y Puertos: Constituida en 2009 para obras marítimas y de dragado, modificó su sociedad en febrero de 2022 para comercializar gasolinas y diésel de Pemex Refinación. La empresa obtuvo tres adjudicaciones directas de la Asipona Ensenada (SEMAR) por más de 554 mil pesos por servicios de batimetría y estudios técnicos.

Red empresarial bajo escrutinio judicial

Las investigaciones de las autoridades federales apuntan a que estas modificaciones estatutarias habrían permitido a la red empresarial beneficiarse de contratos públicos e incursionar en el mercado de petrolíferos, presuntamente ligado a operaciones ilícitas de hidrocarburos.

Actualmente, las autoridades avanzan en la definición de la situación jurídica de los implicados en el caso.

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