La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó que en la cuenta pública 2020 del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, faltó documentación que comprobara el uso de recursos para el proyecto de ampliación del aeropuerto de Puebla, así como el destino de programas sociales, sin embargo, estas observaciones se declararon solventadas un mes después de que se nombró como auditora a Amanda Gómez Nava, exsecretaria de la Función Pública del gobierno estatal.
El informe individual de fiscalización señala que la ASE, en la gestión del destituido y ahora preso Francisco Romero Serrano, encontró anomalías por 247 millones 441 mil 920 pesos correspondientes al programa Centros Preventivos de Bienestar, que operó la Secretaría de Bienestar, a cargo de Lizeth Sánchez García.
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De acuerdo con el informe de fiscalización publicado en el portal de internet de la auditoría, no había documentación sobre la licitación y contratación de los Centro Preventivos, faltaban los registros contables de los gastos por el servicio, mientras que de la empresa que fue contratada no se tenían documentos que comprobaran sus antecedentes y su situación fiscal, e incluso ni estaba su acta constitutiva
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Sin embargo, todo esto se declaró solventado mediante un oficio recibido el 28 de junio de este año, un mes después de que el Congreso local nombró a Gómez Nava como auditora del estado, pese a los cuestionamientos por su conflicto de interés y la reciente obtención de su cédula profesional.
Ese mismo 28 de junio la ASE recibió un paquete de oficios con los que quedaron solventadas todas las observaciones que Romero Serrano había hecho a la cuenta pública 2020 de Barbosa Huerta.
Ya observaciones pendientes, el mandatario presumió el martes el trabajo de su exsecretaria, pues afirmó que ahora sí se fiscaliza de manera real y “sin extorsiones”, no como cuando estaba Romero Serrano, a quien igual impulsó en 2019.
