El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó un recorrido de supervisión aérea y terrestre por la región de la Sierra Norte con el objetivo de evaluar las afectaciones provocadas por las lluvias torrenciales registradas durante la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre. Las precipitaciones ocasionaron deslizamientos de tierra y colapsos en la red vial regional, afectando principalmente tramos de interconexión en municipios como Amixtlán, Ahuacatlán, Tepango de Rodríguez y Zapotitlán de Méndez, sin que se reportaran pérdidas humanas ni comunidades totalmente incomunicadas.

Durante la jornada de trabajo, el mandatario estatal confirmó que, de los 15 puntos críticos identificados con derrumbes o pérdida de la carpeta asfáltica, siete ya fueron reabiertos y atendidos en su totalidad. Para agilizar las labores de limpieza y reconstrucción, las autoridades desplegaron equipo pesado proveniente de la flota estatal —que cuenta con casi 300 máquinas, 14 módulos de apoyo y 13 trenes de pavimento—, combinado con insumos como el compuesto AC-20 aportado por el Gobierno de México. Asimismo, las brigadas técnicas realizaron valoraciones estructurales en zonas de ladera donde se determinó la necesidad de reubicar al menos dos viviendas situadas en áreas de alto riesgo geológico.

La estrategia de atención integral incluye el mantenimiento de un albergue temporal coordinado por el Sistema DIF Estatal, en el cual se brinda resguardo, alimentación, servicios médicos, asistencia psicológica y orientación legal a las familias damnificadas. En las labores en campo participan de manera articulada elementos de la Coordinación General de Protección Civil del Estado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Guardia Nacional y las administraciones municipales de la zona serrana.

Para garantizar el seguimiento continuo a las necesidades comunitarias, el Ejecutivo estatal dispuso la presencia permanente de delegados de diversas dependencias gubernamentales en la región, promoviendo al mismo tiempo la ejecución de obras preventivas mediante el programa de Obra Comunitaria. Por su parte, la presidenta municipal de Amixtlán, Blanca Estela Juárez Becerra, así como pobladores de las localidades afectadas, reconocieron la inmediatez de la respuesta gubernamental y solicitaron mantener el flujo de apoyos para consolidar la recuperación de los caminos rurales y las viviendas en la región.

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron este lunes un nuevo informe sobre los avances en las investigaciones del caso Ayotzinapa. El documento expone cuatro líneas prioritarias centradas en la participación de servicios funerarios privados en Iguala, la actividad posterior de los teléfonos móviles de los estudiantes desaparecidos, el testimonio de nuevos implicados y el ocultamiento deliberado de grabaciones de seguridad.

Entre los hallazgos principales destaca la probable implicación del personal de la funeraria “El Ángel” y del Servicio Médico Forense (Semefo) local. De acuerdo con las autoridades, análisis técnicos de telefonía permitieron identificar que en agosto de 2025 un equipo perteneciente al normalista Julio César “N” fue utilizado por Rodolfo “N”, vinculado a la administración de dicha funeraria. Tras inspecciones realizadas entre marzo y junio de 2026 en instalaciones relacionadas con el Semefo e inmuebles particulares, peritos aseguraron un horno crematorio sin registro oficial, cartuchos, armamento y cientos de fragmentos óseos que actualmente se encuentran bajo estudios genéticos.

Asimismo, la FGR confirmó que al menos tres dispositivos móviles pertenecientes a las víctimas registraron señal y uso posterior a los hechos por parte de servidores públicos, lo que refuerza las indagatorias sobre la cadena de custodia y el encubrimiento institucional. El informe contempla el análisis de 17 personas de interés no investigadas previamente, además de acusaciones por la alteración y desaparición de videos clave captados la noche del 26 de septiembre de 2014.

SAN JOSÉ CHIAPA, PUE. — El estado de Puebla fortalece su posición estratégica en la transición hacia la electromovilidad con la construcción de la nueva fábrica de baterías para Olinia, el primer vehículo eléctrico de diseño nacional impulsado por el Gobierno Federal. El proyecto representará una inversión federal de 195 millones de pesos y estará asentado en el municipio de San José Chiapa, dentro de un predio de 27,300 metros cuadrados que albergará una nave industrial de 2,500 metros cuadrados.

De acuerdo con Miryam Aquino Mena, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, las instalaciones contarán con infraestructura especializada para el ensamblaje de los paquetes de baterías de 14.7 kWh que impulsarán a la unidad. Asimismo, la funcionaria detalló que para 2027 la planta no solo ensamblará las celdas energéticas, sino que también asumirá la manufactura local de tarjetas de circuito impreso (PCB), integrando procesos de alta complejidad electrónica y semiconductores al ecosistema productivo de la entidad.

El establecimiento del complejo industrial en San José Chiapa busca dinamizar la cadena de suministro en la región, coordinando esfuerzos entre instituciones académicas, el sector privado y dependencias de gobierno para posicionar a Puebla en el mapa de desarrollo e innovación tecnológica nacional.