Tras el trágico accidente ocurrido en una gruta de Cuetzalan, donde cuatro integrantes de una familia perdieron la vida, la Secretaría de Desarrollo Turístico (Sectur) de Puebla ha intensificado los esfuerzos para identificar y certificar a los guías de turistas que operan en la entidad. La titular de la dependencia, Carla López-Malo Villalón, admitió que muchos operadores de este sector no estaban registrados.

La funcionaria estatal reconoció que, antes de la tragedia del 7 de julio, no se tenía una base de datos completa de todos los guías, agencias y tour operadores en la entidad. Actualmente, la Sectur está realizando un censo para detectar quiénes operan sin certificación y, posteriormente, gestionar su capacitación ante la Secretaría de Turismo Federal, enfocándose especialmente en turismo de naturaleza.

Además de los procesos de certificación, se está trabajando en la elaboración de una «Guía de Turista» oficial. Este documento servirá como una herramienta para que los visitantes puedan identificar qué agencias cuentan con el respaldo gubernamental y qué precauciones deben tomarse en lugares de riesgo, como cascadas y grutas, para evitar futuros siniestros.

López-Malo reiteró sus condolencias a las familias afectadas y subrayó que la prioridad absoluta es la seguridad. El gobierno estatal busca que la experiencia turística en Puebla sea segura y responsable, asegurando que todos los servicios cumplan con los estándares necesarios para proteger tanto a los visitantes nacionales como a los extranjeros.

En una iniciativa que busca reivindicar el papel de los pueblos originarios, los Congresos de Puebla y del Estado de México han iniciado diálogos formales para renombrar el conocido «Paso de Cortés». La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca que la vía sea denominada «Paso de los Pueblos Indígenas».

Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, confirmó que ya existe comunicación con sus homólogos mexiquenses para integrar una mesa de trabajo conjunta. Los equipos jurídicos de ambos estados se encuentran analizando la ruta normativa, ya que el cambio de nombre de una ruta con estas características requiere procedimientos administrativos minuciosos.

El coordinador de la bancada de Morena en Puebla subrayó que este cambio no es solo una modificación estética, sino un paso firme para reconocer los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Esta acción se alinea con las adecuaciones constitucionales que se están promoviendo a nivel federal para erradicar la glorificación de la colonización.

Se prevé que el decreto pueda ser concretado este mismo año, atendiendo a la instrucción del gobernador Alejandro Armenta Mier. Con esto, ambas entidades buscan consolidar una postura simbólica frente a la historia nacional, alejándose de figuras coloniales para enaltecer la herencia cultural de los pueblos que históricamente habitaron la región.

Habitantes y autoridades auxiliares de Acatlán de Osorio han alzado la voz contra lo que denominan una «obra fantasma». Según el reporte ciudadano, una rehabilitación en el camino que conecta a Garzones con San Vicente Boquerón aparece en los registros de cabildo como concluida y pagada, a pesar de que en la realidad los trabajos nunca se realizaron.

El monto señalado en el proyecto asciende a 418 mil pesos, una cifra considerable que, de acuerdo con la información expuesta por la comunidad, habría sido liquidada en su totalidad desde el pasado mes de junio. Esta discrepancia entre el papel y la infraestructura visible ha causado indignación entre los pobladores afectados, quienes exigen transparencia.

Ante este escenario, los vecinos han solicitado una auditoría inmediata sobre el ejercicio de estos recursos. La denuncia pone de relieve una preocupación creciente por la falta de supervisión en la ejecución de proyectos de infraestructura municipal en las zonas rurales del estado, donde la transparencia es fundamental para el desarrollo.

Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte de la administración municipal sobre las razones de esta inconsistencia. Los pobladores esperan que las autoridades estatales intervengan para esclarecer el destino del dinero destinado a esta obra y, en caso de ser necesario, fincar responsabilidades contra quien resulte responsable de la irregularidad.