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Rechazan acusaciones personal despedido de ayuntamiento Puebla

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Integrantes del sindicato «Benito Juárez», del Ayuntamiento de Puebla rechazaron que sus compañeros despedidos hayan causado destrozos en las oficinas de organización gremial el pasado 18 de octubre, como lo dijo el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez.

El 4 de julio, el alcalde capitalino, señaló que cualquier trabajador del ayuntamiento que tenga alguna inconformidad sobre supuestos despidos injustificados, puede acudir a las instancias laborales, y señaló que algunas de las personas que manifestaron su inconformidad estuvieron detenidas por vandalizar las oficinas del sindicato «Benito Juárez».

En rueda de prensa este domingo, Susana Vidal, integrante del grupo de trabajadores denunciantes apuntó que no está demostrada por la autoridad judicial la participación o culpabilidad de sus compañeros en los hechos que el alcalde les imputó públicamente.


Con carteles y consignas como: “Eduardo Rivera no cumple” “Somos trabajadores de base y exigimos nuestra reinstalación”, “Eduardo Rivera dejó sin ingresos a nuestras familias”, “Gonzalo Juárez se está quedando con nuestra caja de ahorro”, protestaron por más de dos horas afuera del Palacio Municipal con el objetivo de que el ayuntamiento atendiera sus demandas.

«No existe sentencia del juez competente, las declaraciones de Lalo Rivera se traducen en discriminación laboral, además de violar derechos humanos como la presunción de inocencia de los trabajadores y la dignidad», expresó Susana Vidal.

Exigió al primer regidor que se abstenga de hacer acusaciones sin fundamento, de manera ligera y temeraria, además de que deje de intervenir en los asuntos sindicales.
Recordó que durante el gobierno de Eduardo Rivera Pérez han ocurrido 19 despidos injustificados, por lo que pidió la reinstalación de los afectados.

Susana Vidal apuntó que el ayuntamiento no es un «gobierno de puertas abiertas», pues han tratado de buscar una mesa de diálogo, sin embargo, en varias ocasiones se les ha negado, pues a la fecha no han tenido una solución a su demanda laboral.

«Pedimos a Eduardo Rivera respete el derecho humano al trabajo y sus puestos de base de nuestros compañeros pues con esa actitud de prejuzgar y enjuiciar solo demuestra su dolo, confabulación y protección que tiene con el corrupto dirigente sindical, González Juárez Méndez”, dijo.

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Local

Muere persona abordo de autobús en la México-Puebla

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La mañana de este miércoles una fuerte movilización de elementos de seguridad se presentó sobre la autopista México–Puebla, tras el reporte de una persona inconsciente al interior de un autobús de pasajeros.

El hecho se presentó a la altura del entronque con la carretera federal a Tlaxcala, luego de que reportes de testigos que viajaban a bordo de la unidad, señalan que el hombre comenzó a presentar convulsiones mientras la unidad se encontraba en circulación, por lo que el conductor detuvo su marcha y solicitó apoyo médico. 
Minutos más tarde arribaron paramédicos quienes realizaron las valoraciones correspondientes, sin embargo, se confirmó que la persona de quien hasta el momento se desconoce su identidad, ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada en espera de las autoridades ministeriales, quienes realizaron las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo.

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Política

Buscan cárcel de hasta 10 años para los “montadeudas” en Puebla

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Tras haberse disparado los casos de extorsión mediante la usura excesiva, el Congreso del Estado prepara la modificación al código penal para castigar hasta con diez años de prisión a quien incurra en ella, obligando a la gente a contratar préstamos personales, que son prácticamente un cobro de piso, anunció el diputado José Luis Figueroa Cortés.

En conferencia de prensa el legislador por el Partido del Trabajo, señaló que este tipo de situaciones las ha detectado en la zona sur de la capital, donde llegan los prestamistas a bordo de motocicletas y obligan a los pequeños comerciantes a pedir préstamos con altos intereses.

Explicó que la propuesta contempla penas de 7 a 10 años de prisión, así como multas que van de 500 a 1,000 días de salario mínimo, con el objetivo de inhibir estas conductas ilícitas que se han incrementado en los últimos años, principalmente a través de plataformas digitales.

«Desde el congreso del Estado estamos solicitando reformar este artículo para tener penas más severas, es verifico y yo eh estado en las colonias, me lo ha dicho la gente pero tiene miedo de denunciar» expresó el legislador.

Insistió en que los llamados “montadeudas” ofrecen préstamos aparentemente fáciles y rápidos, pero en realidad imponen intereses excesivos, comisiones no autorizadas y condiciones abusivas, lo que deriva en un ciclo de endeudamiento para las víctimas. Además, cuando las personas no pueden cubrir los pagos, suelen enfrentar amenazas, hostigamiento y difusión indebida de información personal.

«Con eso viven diariamente, a veces no alcanza el dinero y llegamos a solicitar algún tipo de préstamo, eso lo tengo muy presente para que esta iniciativa pueda salir adelante»

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Nacional

Registro de celulares es por seguridad «no es para vigilar a la gente»: Claudia Sheinbaum

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó esta mañana en su conferencia mañanera, que el registro de los teléfonos celulares es “muy importante para garantizar la seguridad” y explicó que “no tiene que ver con vigilancia o saber dónde está la gente”.

Bajo esta premisa, la mandataria aprovechó para explicar también que, quien guarda los datos de los usuarios son las empresas dueñas de telefonía y no el gobierno, como se quiere mal informar.

«Para el registro de celulares, es la propia empresa telefónica quien lo hace y la responsable de cuidar la información”, señaló.

Lo anterior servirá, mencionó la jefa de Estado, para que solamente la autoridad correspondiente sea la que tenga acceso a la información de los usuarios, siempre y cuando se haya cometido un delito en ese teléfono.

¿Qué tipo de delitos serán perseguidos?

Sheinbaum Pardo detalló que la medida tiene el objetivo de fortalecer la seguridad, así como mantener el combate al delito de extorsión principalmente, el cual se ha incrementado en los últimos años.

Aunado a lo anterior, reiteró que el gobierno federal no rastrea al usuario hasta que haya una denuncia formal, es decir; “se registran en la telefónica y si hay un delito, las áreas de seguridad solicitan la información del número a la empresa telefónica”.

«Si hay una llamada de extorsión o de fraude y las personas lo denuncian en el 089, la autoridad puede pedir a la telefónica a quién pertenece ese número”, refirió.

Por último, la doctora reveló que actualmente existen alrededor de 158 millones de líneas celulares en el país, cifra superior a la población nacional, lo que hace indispensable contar con un sistema de registro confiable.

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