Puebla, Pue.— El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, evitó entrar en confrontaciones políticas tras la reciente suma del exgobernador José Antonio Gali Fayad a las filas de Movimiento Ciudadano (MC). El alcalde morenista afirmó que cualquier actor político cuenta con el derecho constitucional de construir sus propias aspiraciones de cara al proceso electoral que se celebrará en 2027.

En entrevista, el munícipe destacó que sostiene una relación de amistad de años con el exmandatario estatal, por lo que descartó de manera categórica que su retorno a la escena pública represente un motivo de preocupación o una amenaza para su administración o proyecto político. En este sentido, subrayó que el ambiente democrático del estado permite la pluralidad de voces y aspiraciones de cualquier ciudadano.

Chedraui Budib declinó emitir juicios de valor sobre el impacto que la suma de Gali Fayad tendrá en el escenario político local o dentro del partido naranja. El edil capitalino sostuvo que este tipo de valoraciones deben ser respondidas de manera directa por el propio exgobernador y por los liderazgos que integran las distintas fuerzas políticas de la entidad.

Sin embargo, al interior del Cabildo capitalino la postura de la bancada de Morena no coincidió del todo con la línea institucional del presidente municipal. El regidor Gabriel Biestro Medinilla señaló que el exmandatario no puede posicionarse como una alternativa de renovación sin antes esclarecer diversos señalamientos sobre su gestión anterior y la evolución de su patrimonio.

El regidor morenista enfatizó que, si bien la definición de candidaturas y nombramientos le corresponde únicamente a la estructura de Movimiento Ciudadano, los actores políticos con trayectoria pública deben someterse de manera transparente al escrutinio de la ciudadanía antes de pretender retornar a la contienda por cargos de elección popular.

Puebla, Pue.— Con una inversión bipartita de 40 millones de pesos entre la Federación y los productores beneficiarios, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó este viernes un total de 49 autorizaciones para la ejecución de proyectos de infraestructura hidroagrícola, con los cuales se busca fortalecer y modernizar el trabajo en el campo poblano.

El evento se llevó a cabo en el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), donde la directora local de la Conagua, Beatriz Torres Trucios, encabezó la entrega de los apoyos. La funcionaria destacó que las obras permitirán la rehabilitación e incorporación de sistemas de riego tecnificado en un área aproximada de mil 600 hectáreas distribuidas en diversos municipios de la entidad.

Entre los proyectos aprobados se contempla la sustitución de equipos de bombeo de alta potencia, rehabilitación de pozos e instalación de sistemas de riego avanzado. Asimismo, resalta la integración de tecnología sustentable mediante la colocación de sistemas de paneles solares destinados a operar bombas sumergibles, medida que reducirá los costos operativos de energía en la extracción del recurso hídrico.

La titular de la dependencia explicó que el esquema financiero contempla un esquema donde los agricultores aportan el 50 por ciento de la inversión total, mientras que el resto proviene de los recursos federales y estatales. Los cultivos que se verán directamente beneficiados con estas acciones abarcan principalmente la producción de hortalizas, maíz y frijol.

Finalmente, la representación de la Conagua precisó que el personal técnico de la institución dará seguimiento directo en campo a cada una de las obras autorizadas. La supervisión constante garantizará que las intervenciones físicas cumplan estrictamente con las normativas vigentes y permitan a los beneficiarios consolidar el desarrollo productivo en sus parcelas.

PUEBLA, PUE.— El Congreso del Estado de Puebla dio inicio formal al procedimiento para la revocación de mandato de la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, así como de los siete regidores y el síndico municipal que integran el Cabildo. Tras más de tres meses de conflicto político e institucional, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales procedió a la apertura formal del expediente identificado bajo la clave CGPC/HCE/001/2026.

Durante la sesión de trabajo, el cuerpo colegiado del Poder Legislativo dio por recibidos de manera oficial las solicitudes, escritos y expedientes promovidos por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento acateco. Los documentos detallan una profunda crisis de gobernabilidad en la demarcación, marcada por constantes señalamientos, desacuerdos operativos e incapacidad para alcanzar acuerdos en las sesiones de Cabildo.

Entre los elementos probatorios integrados al expediente turnado a la comisión, destacan denuncias formales por parte de los regidores quienes acusaron ser víctimas de intimidaciones y presuntas amenazas en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se incorporaron los reportes de movilizaciones sociales registradas a las afueras de la Presidencia Municipal de Acatlán, donde manifestantes a favor y en contra de la alcaldesa protagonizaron momentos de alta tensión que requirieron la intervención de las fuerzas del orden público.

La radicación del caso en la sede legislativa se dio luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla diera por concluidas las mesas de diálogo dirigidas a través de la Dirección de Delegaciones de Gobierno. Ante el agotamiento de la vía de la conciliación política entre las partes involucradas, la dependencia estatal remitió las actuaciones correspondientes para que el Congreso ejerza sus facultades constitucionales e intervenga en la resolución definitiva del conflicto.

Al respecto, el presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, estimó que la definición jurídica de la alcaldía podría concretarse antes del 15 de septiembre. Por su parte, el diputado Julio Huerta, presidente de la Comisión de Gobernación, precisó que se mantienen a la espera de los informes técnico-financieros de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para determinar si existen elementos suficientes que deriven en la remoción parcial o total de los integrantes del Ayuntamiento o en la conformación de un Concejo Municipal.