En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezaron la Mesa de Inteligencia Interestatal con el propósito de fortalecer la seguridad y blindar la franja limítrofe entre ambos estados.

Durante la sesión se ratificó la coordinación operativa e institucional entre autoridades civiles y mandos de las Fuerzas Armadas, priorizando acciones estratégicas de prevención, inteligencia y reacción.
Respecto al caso de Karina N. y Alexandro N., las autoridades estatales reiteraron la colaboración plena entre ambas entidades, con apego estricto al debido proceso y en coordinación con las instancias ministeriales competentes, con el compromiso compartido de aportar lo pertinente para esclarecer los hechos y en consecuencia llevar a los responsables ante la justicia.

A dicha mesa de trabajo asistieron mandos de seguridad nacional, como: Miguel Ángel Aguirre Lara, comandante interino de la VI Región Militar; Francisco Antonio Enríquez Rojas, comandante de la 25/a Zona Militar; Héctor Francisco Morán González, jefe de Estado Mayor de la VI Región Militar; José Martín Luna de la Luz, coordinador territorial de la Guardia Nacional Región Centro; Isidro Revilla Castañeda, comandante del Mando Especial Cero Robos Autopista México-Puebla y Representantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Por parte del Gobierno del Estado de Puebla acompañaron: Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación. José Luis García Parra, coordinador de Gabinete; Vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública; Idamis Pastor Betancourt, fiscal General del Estado.

Y en representación del estado de Tlaxcala: José Mario Vega Hernández, comandante de la 23/a Zona Militar; Raúl Martínez González, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno; Alberto Martín Perea Marrufo, secretario de Seguridad Ciudadana y Ernestina Carro Roldán fiscal General de Justicia del Estado.

La Mesa de Inteligencia Interestatal consolida los mecanismos de cooperación entre los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, así como con las instancias federales, para garantizar condiciones de seguridad, legalidad y estabilidad en la región.

Ante la manipulación informativa, las audiencias poseen el derecho a conocer la verdad, aseguró el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al indicar que, durante el operativo coordinado entre las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal en Jalisco, se registró una escalada de desinformación difundida en redes sociales.

Enfatizó que frente a la mentira y la calumnia debe respetarse el derecho de la población a recibir noticias verificadas. “El respeto a los ciudadanos debe ser garantizado por quienes participan en la difusión de la información que la población merece”, puntualizó.
Ante medios de comunicación, el gobernador expresó que quienes están en contra de cualquier acción de los gobiernos de la Cuarta Transformación utilizan la violencia como instrumento de operación para beneficio propio. Sin embargo, destacó que lo importante será siempre actuar con congruencia y en apego a la ley, por ello defendió la libertad de expresión y resaltó que en Puebla se respeta el derecho a la crítica.

En su intervención, el coordinador de Estrategia de Comunicación del Gobierno del Estado, Javier Sánchez Galicia, recordó que el Artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece que dicho servicio debe prestarse en condiciones de competencia y calidad, con el objetivo de satisfacer los derechos de las audiencias, ya que son actores con garantías legales para recibir información real.

Actualmente las noticias falsas se comparten un 70 por ciento más que las verdaderas, por lo que Sánchez Galicia llamó a los medios de comunicación a verificar con responsabilidad la información que difunden en redes sociales, ya que compartir imágenes no verificadas crea distorsiones de la realidad.

En el mismo orden de ideas, el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, llamó a los medios de comunicación y a la población a verificar datos y a ser prudentes. Además, enfatizó la importancia de que sean noticias veraces y oportunas.

Aunque el arranque de año trajo una ligera disminución en el número total de denuncias, el estado de Puebla se mantuvo entre los estados con más delitos del país, pues durante enero de 2026 se abrieron 6 mil 423 carpetas de investigación, ubicando a la entidad en el sexto lugar nacional.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) esa cifra representa el 4.15 por ciento de los 154 mil 703 delitos registrados en todo el país durante el mismo periodo.

Es decir, poco más de 4 de cada 100 delitos denunciados en México ocurrieron en territorio poblano.

En promedio, se iniciaron alrededor de 207 investigaciones por día, prácticamente una denuncia cada siete minutos a lo largo del mes.

Una baja ligera en unos meses
En diciembre de 2025 se habían iniciado 6 mil 560 carpetas de investigación en Puebla y para enero de 2026 la cifra bajó a 6 mil 423, lo que implica una reducción de 137 delitos, equivalente a poco más del 2 por ciento.

Sin embargo, la disminución no fue suficiente para que el estado descendiera posiciones a nivel nacional, por el contrario, se mantuvo entre las entidades con mayor volumen de denuncias, sólo por debajo del Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Baja California.

Mientras el Estado de México concentró 28 mil 318 delitos (alrededor del 18 por ciento del total nacional) y la Ciudad de México 16 mil 23; Puebla se ubicó por encima de otras entidades como Yucatán, Campeche y Tlaxcala, que reportaron 562, 349 y 129 casos respectivamente.

Delitos que crecieron en enero
Aunque el total general bajó ligeramente, algunos delitos mostraron un comportamiento al alza en comparación con diciembre.

Las lesiones pasaron de 440 a 451 casos, un incremento cercano al 2.5 por ciento; el feminicidio, pasó de un caso en diciembre a dos en enero, lo que representa un aumento del 100 por ciento.

El secuestro, que no había registrado casos en diciembre, sumó dos investigaciones en enero. El fraude subió de 390 a 447 denuncias, un crecimiento aproximado del 14.6 por ciento, mientras que el abuso de confianza pasó de 107 a 135 casos, lo que equivale a un aumento superior al 26 por ciento.