El personal adscrito al Poder Judicial en el estado de Puebla anunció que mantendrá de manera firme su paro de labores de carácter indefinido, supeditando el levantamiento de la protesta a la obtención de garantías reales y certeza jurídica absoluta respecto a la conservación de sus plazas laborales y derechos adquiridos.

La decisión de prolongar la suspensión de actividades se tomó tras una asamblea en la que los trabajadores expresaron su inconformidad ante la falta de claridad en las disposiciones normativas recientes que podrían impactar su estabilidad laboral. Los manifestantes recalcaron que no reanudarán las labores cotidianas en los juzgados y oficinas administrativas hasta que las instancias correspondientes firmen acuerdos formales que aseguren la protección total de sus fuentes de empleo.

Esta movilización continúa generando un impacto considerable en la impartición de justicia y el desarrollo de los procedimientos legales en la entidad, afectando a abogados litigantes y ciudadanos que esperaban la resolución de diversos expedientes. Los líderes del movimiento insistieron en que el diálogo institucional debe basarse en el respeto irrestricto a la antigüedad y las conquistas laborales del gremio judicial poblano.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, llevó a cabo un estudio de calidad exhaustivo a un total de 36 productos procesados entre caldos de pollo, res, camarón, vegetales y sazonadores en presentaciones de cubos, polvos y concentrados.

El análisis reveló diversas fallas normativas e irregularidades comerciales, destacando el caso del caldo de vegetales en polvo sabor costilla de res de la marca Knorr, el cual declara un contenido neto de 200 gramos pero arrojó un peso real de 188.7 gramos, además de deficiencias detectadas en productos de Calnort por omitir la declaración nutrimental por producto preparado y las instrucciones de uso.

Asimismo, marcas como Selecto Brand presentaron errores en el formato de declaración de sodio expresándolo en gramos en lugar de miligramos, mientras que productos de diversas firmas comerciales incluyeron cubos individuales que carecían de número de lote, fecha de caducidad o la leyenda de restricción para su venta individual.

Ante la presencia de altos niveles de sodio en estos sazonadores industrializados, la Profeco recordó las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre moderar el consumo diario de sal, invitando a los consumidores a revisar detalladamente las etiquetas nutrimentales y optar preferentemente por la preparación de caldos naturales en casa.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer los resultados y eventos más destacados derivados de las acciones operativas implementadas durante el fin de semana del 6 al 8 de noviembre de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad que prioriza la inteligencia y la coordinación federal.

Las acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y las policías estatales permitieron cumplimentar cateos, detenciones de generadores de violencia y aseguramientos importantes de armamento y drogas en Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Entre los golpes más significativos al crimen organizado destacan operativos en Sinaloa y Michoacán, así como la inhabilitación de grandes centros de concentración de sustancias químicas y laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas en municipios poblanos como Tlachichuca, Tepeyahualco y Atempan, donde se aseguraron toneladas de precursores químicos y metanfetaminas que representan afectaciones económicas millonarias a las estructuras delictivas.

Asimismo, las autoridades federales informaron sobre la captura de objetivos prioritarios vinculados con delitos de alto impacto, homicidio, secuestro y extorsión en distintas entidades, reafirmando el compromiso interinstitucional para disminuir la incidencia delictiva y garantizar el Estado de derecho en todo el territorio nacional.