Colectivos y familias se movilizan en el Monumento a la Revolución tras el incremento de agresiones letales y abusos en operativos migratorios dentro de Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO.— Bajo la consigna “Migrar para vivir, no para ser asesinados”, activistas, organizaciones civiles y migrantes se concentraron en el Monumento a la Revolución durante la Jornada Nacional de Acción y Rendición de Cuentas, exigiendo justicia por al menos 80 personas fallecidas en operativos o bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Durante la manifestación, los asistentes colocaron en el piso fotografías de las víctimas, repartieron material informativo y mostraron pancartas denunciando la violencia sistemática e institucional contra la comunidad migrante.

Escalada de denuncias diplomáticas

La protesta se da en un contexto de creciente tensión diplomática. El embajador de México en EE. UU., Roberto Lazzeri, presentó recientemente 20 denuncias ante fiscalías estatales y locales en ocho estados clave (incluyendo Texas, California, Arizona y Florida) para esclarecer la muerte de 17 mexicanos bajo resguardo o durante operativos de ICE.

Entre los casos más recientes que han encendido las alarmas destacan:

• Lorenzo Salgado Araujo: Residente en EE. UU. desde hace 35 años, abatido en Texas el pasado 7 de julio. Aunque inicialmente las autoridades intentaron vincularlo con actividades ilícitas, la fiscalía confirmó posteriormente que la sustancia hallada en su vehículo era sal y no drogas. Sus hijos llevaron la exigencia de justicia hasta el Congreso norteamericano.
• Joan Sebastián Durán Guerrero: Joven colombiano de 26 años y padre de familia, asesinado a disparos por un agente en Maine el 13 de julio. El caso provocó reclamos formales del gobierno de Colombia y el posterior señalamiento público sobre el historial de abusos del agente involucrado.

Diversas agrupaciones presentes en la movilización insistieron en que la migración no debe ser tratada como un delito criminal ni castigada con la muerte, urgiendo a las autoridades de ambos países a garantizar investigaciones independientes, transparentes y sin impunidad.

CIUDAD DE MÉXICO — Durante la conferencia matutina de este viernes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero —asesinado a balazos el pasado 22 de julio al interior del Palacio Municipal— se encontraba bajo investigación oficial por sus presuntos nexos con estructuras delictivas.

Puntos Clave de la Declaración:

• Líneas de investigación: El funcionario federal detalló que el edil era indagado por su posible relación con células criminales generadoras de violencia en la región oriente de Morelos, específicamente los grupos conocidos como «Los Aparicio» y «Los Huazulco», vinculados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, homicidio y narcomenudeo.
• Nexos familiares: García Harfuch señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos integró carpetas de investigación que contemplan antecedentes de familiares directos detenidos. Entre ellos destaca el caso de su suegra, identificada como Andrea «N», alias «La Patrona» —quien se desempeñara como tesorera municipal—, además de la aprehensión del suegro del edil.
• Denuncias previas: El Gabinete de Seguridad federal recibió nuevas alertas y denuncias relacionadas con el alcalde durante el pasado mes de mayo, información que actualmente es valorada por las autoridades ministeriales para esclarecer el móvil del homicidio.

Antecedentes de Violencia en Temoac

El asesinato de Valentín Lavín Romero —emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— ocurrió el miércoles dentro de las instalaciones del ayuntamiento, cuando sujetos armados ingresaron y le dispararon de manera directa.

Este atentado mortal estuvo precedido por agresiones previas:

1. El primer atentado: El 31 de enero de 2026, el alcalde sobrevivió a un ataque armado mientras circulaba a bordo de una camioneta sobre la carretera federal México-Oaxaca, a la altura del poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco (hecho en el que también resultó afectada su esposa).
2. Licencia temporal: Tras dichos eventos violentos, a inicios de febrero el munícipe solicitó de manera temporal separarse de sus funciones públicas.

Actualmente, las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad mantienen un despliegue operativo en Temoac y municipios aledaños, mientras la Fiscalía estatal y la federación continúan con las indagatorias conjuntas para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen.

Ciudad Madero, Tamps. — La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) ejecutó una orden de aprehensión en contra de Danna Yanina “N”, señalada por su presunta vinculación en el caso de la adolescente Dafne Zapata Quintos, de 13 años, quien perdió la vida durante un curso de verano al interior de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

La detenida, de 18 años, es exalumna del plantel y se desempeñaba como auxiliar de la coordinación del área femenil durante el campamento. Se convierte en la primera persona imputada formalmente dentro de la carpeta de investigación que se tramita bajo el protocolo de feminicidio.

Detención y presentación ante el juez

De acuerdo con los reportes oficiales, la joven acudió inicialmente de manera voluntaria a rendir su declaración ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Mujeres por Razón de Género en Tampico. Sin embargo, al estar en el sitio le fue notificada la orden de aprehensión dictada por un juez de control.

• Traslado bajo custodia: Fue llevada al Centro Integral de Justicia en Altamira para dar inicio a su audiencia inicial, donde el Ministerio Público expondrá los datos de prueba para formular la imputación.
• Causa de la indagatoria: Aunque inicialmente se manejó la versión de un accidente, la necropsia determinó asfixia por sumersión, sumado a testimonios de familiares que señalan posibles actos de maltrato e intimidación previo al fallecimiento.

Exigen justicia y deslinde institucional

Tras la detención, la madre de la víctima, Alejandra Quintos, reiteró el llamado a las autoridades para que la investigación no se detenga en una sola persona y se determine la responsabilidad de directivos y demás personal del campamento.

Por su parte, el Gobierno Federal aclaró que la institución privada donde sucedieron los hechos no pertenece ni tiene vínculo alguno con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni con las Fuerzas Armadas.