Con una inversión de mil 500 millones de pesos mediante el Programa de Obra Comunitaria y casi mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISMUN) administrados por los pueblos originarios, el Gobierno del Estado impulsa acciones para atender una deuda histórica y ampliar las condiciones de bienestar, desarrollo y participación de las comunidades indígenas, afromexicanas y originarias.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el gobernador Alejandro Armenta Mier refrendó que Puebla mantiene plena coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que el reconocimiento constitucional de sus derechos se traduzca en acciones concretas y en justicia social.

El Ejecutivo del estado resaltó que la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum coloca a los pueblos originarios como una prioridad de la transformación nacional y llamó a que su reconocimiento no permanezca únicamente en el ámbito jurídico, sino que se refleje en decisiones, presupuesto y obras. Señaló que Puebla comparte esta ruta mediante mecanismos de participación comunitaria, en los que las propias comunidades determinan sus prioridades y administran recursos, con la participación de mujeres como responsables de las tesorerías de los comités. Añadió que para 2027 se prevé incrementar a 2 mil millones de pesos el presupuesto del Programa de Obra Comunitaria.

En materia de infraestructura y oportunidades, Alejandro Armenta Mier mencionó acciones que permiten reducir brechas históricas en regiones indígenas, entre ellas el Puente de la Transformación sobre el Lago de Valsequillo, que redujo de aproximadamente una hora a un minuto los traslados entre comunidades, la rehabilitación de caminos y rutas de evacuación en la región del Iztaccíhuatl, y los trabajos para concluir la carretera Interserrana que comunicará comunidades de la Sierra Norte y Sierra Nororiental.

En educación superior, destacó la operación de cinco campus de la Universidad de la Salud en regiones como Yaonáhuac, Zoquitlán, Tepexi de Rodríguez e Izúcar de Matamoros, además de la oferta universitaria impulsada por el Gobierno de México.

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, afirmó que los pueblos indígenas son parte viva del presente y fundamentales para el futuro de México, por lo que su reconocimiento debe traducirse en respeto a sus derechos, lenguas, territorio, autonomía y participación. Informó que durante 2025 se realizaron 820 proyectos en 383 localidades de 115 municipios, con una inversión de 211 millones 909 mil 656 pesos, mientras que en 2026 se desarrollan 271 proyectos en 190 localidades de 85 municipios, por 83 millones 291 mil 824.82 pesos.

A su vez, la directora general del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, Apolinaria Martínez Arroyo, destacó la coordinación con el Gobierno de México y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para fortalecer las lenguas originarias y acompañar la consulta sobre la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Un caso de gran impacto social se registró en el municipio de Tehuacán, luego de que un bebé recién nacido fuera localizado en situación de abandono. Ante el reporte ciudadano, corporaciones de emergencia y seguridad se trasladaron al sitio para brindar la atención médica inicial y asegurar la integridad física del infante, quien presentaba condiciones de vulnerabilidad tras el suceso.

Tras la valoración médica que confirmó su estado de salud estable, las autoridades competentes procedieron a activar los protocolos institucionales correspondientes. En este sentido, se determinó que el menor sea puesto bajo el resguardo temporal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), instancia que se encargará de velar por su bienestar y protección jurídica.

El caso ha generado consternación y llamados a la reflexión entre la ciudadanía sobre la importancia de la red de apoyo social y los servicios de atención disponibles para madres o familias que enfrentan situaciones de crisis extrema. Mientras tanto, las instancias ministeriales continuarán con las investigaciones de ley para dar con el paradero de los responsables.

La posible clausura definitiva del Foro Cultural Karuzo ha desencadenado un movimiento de solidaridad y protesta por parte de colectivos artísticos y ciudadanos que defienden la permanencia de los espacios autónomos en Puebla. La falta de permisos y las trabas burocráticas han puesto al recinto en una situación crítica, amenazando con apagar un foco importante de resistencia cultural y comunitaria.

Los defensores de los espacios independientes señalan que la burocracia actual no contempla las particularidades ni la función social que cumplen estos centros culturales. Para muchos artistas, la desaparición de Karuzo significaría un duro golpe para la autogestión y el desarrollo de disciplinas artísticas que no siempre encuentran cabida en los circuitos comerciales o institucionales tradicionales.

En respuesta a la crisis, diversos colectivos han alzado la voz para exigir a las autoridades facilidades administrativas y un marco normativo que proteja y reconozca la labor de los centros culturales independientes. Argumentan que el arte y la cultura autónoma son pilares indispensables para la construcción de una sociedad más crítica, participativa y diversa en el estado.