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Congreso pide a apoyo al DIF Estatal estudio para ubicar y apoyar a huérfanos de la pandemia

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El Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia (DIF) tendrá que realizar un estudio para ubicar y analizar la situación en la que se encuentran los menores que han quedado huérfanos en la entidad a causa de la pandemia de Covid-19, según lo establece un acuerdo aprobado por el pleno del Congreso del Estado.

El objetivo es que las autoridades estatales tengan datos concretos sobre la ubicación de los menores y se implementen acciones para canalizarlos a los programas que tienen las diferentes dependencias.

La presidenta de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez en el poder legislativo, Mónica Rodríguez Della Vecchia, explicó que según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Organización de las Naciones (ONU) se estima que en el país hay más de 118 mil menores en situación de orfandad derivado de la pandemia.

Dijo que en el caso de Puebla no hay datos precisos sobre la cantidad y ubicación de menores en esta condición, que deben ser considerados como un grupo vulnerable que requiere atención de las autoridades locales.

“Podremos saber con este estudio donde están esos niños, niñas y adolescentes, en qué situación se encuentran y a partir de esa información estar en condiciones de que les pueda ayudar y darles seguimiento”, expresó.

Este sería el segundo acuerdo que el que se solicita al Gobierno de Puebla integrar un registro sobre los menores en situación de orfandad por la pandemia en la entidad, luego que el 13 de julio del 2021 el diputado de la pasada legislatura, Abundio Sandre Popoca, presentó un exhorto para que el DIF Estatal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboraran el informe.

“Se exhorta atentamente al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, al titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Puebla y a la directora general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para que a la brevedad:

Primero: se integre un registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por la pandemia de covid-19, a efecto de que se consideren los apoyos necesarios para garantizar sus derechos básicos.

Segundo: suscriban convenios para dar acceso a becas a las niñas, niños y/o adolescentes en situación de orfandad derivada de la pandemia causada por el covid-19.” se lee en el acuerdo de la LX legislatura del 13 de julio.

El acuerdo presentado el jueves pasado por la diputada Rodríguez Della Vecchia obtuvo la unanimidad del pleno del Congreso con 39 votos y será remitido al sistema DIF del estado.

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Congreso de Puebla aprueba el «Plan B»: El Cabildo de la capital y ayuntamientos tendrán menos regidores

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Puebla, Pue. — En una sesión extraordinaria de la LXII Legislatura, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría la homologación de la legislación local con la reforma electoral federal —conocida como el «Plan B»— impulsada a nivel nacional. Con esta modificación, la estructura de los cabildos en los 217 municipios del estado se ajustará formalmente al tamaño poblacional reportado por el INEGI.

La medida modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP), estableciendo un límite máximo de 15 regidurías por ayuntamiento en todo el territorio estatal.

¿Cómo queda conformado el Cabildo de Puebla capital?
El impacto más notable de esta nueva normativa recae sobre el municipio de Puebla (la Angelópolis), que actualmente operaba con una plantilla robusta de regidores. Tras la aprobación del dictamen, el cuerpo edilicio de la capital sufrirá un recorte drástico:

De 23 a 15 integrantes totales: El Cabildo pasará de tener 23 figuras a un máximo de 15.

Nueva distribución: Estará integrado por una presidencia municipal, una sindicatura, 11 regidurías de mayoría relativa y hasta 4 regidurías de representación proporcional.

Esto representa una disminución directa de ocho regidurías en el gobierno de la ciudad.

Nueva integración de Cabildos según la población
El decreto avalado por los diputados locales establece rangos poblacionales basados en el Censo de Población y Vivienda del INEGI para definir la cantidad exacta de regidores en el resto de los municipios poblanos:

Más de 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 4 de representación proporcional.

De 60 mil a 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 3 de representación proporcional.

Menos de 60 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 6 regidurías de mayoría y hasta 2 de representación proporcional.

Austeridad y argumentos del Pleno
Durante la discusión en el Pleno, los legisladores señalaron que esta armonización busca generar esquemas de mayor austeridad gubernamental, optimizar el uso de los recursos públicos en las administraciones municipales y transparentar el ejercicio de la representación ciudadana apegándose a los lineamientos federales de contención del gasto corriente.

El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor, turnándose a los trámites subsecuentes para su publicación oficial y entrada en vigor de cara a los próximos procesos de organización administrativa en la entidad.

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Puebla se mantiene entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país: INEGI

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El 81.3% de la población de 18 años y más que habita en la capital poblana considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este porcentaje registrado en junio de, la Angelópolis se coloca nuevamente en las posiciones más altas a nivel nacional, superando ampliamente el promedio general del país, que se ubicó en el 59.8% entre las 91 áreas urbanas evaluadas.

Sin cambios significativos frente a mediciones previas

El estudio estadístico muestra que la cifra se mantiene prácticamente estática en comparación con el trimestre anterior (marzo), cuando alcanzó el 81.5%. Del mismo modo, al contrastarlo con el mismo periodo del año previo (junio de 2025, cuando reportó 84%), el INEGI determinó que las variaciones no son estadísticamente significativas, evidenciando que el sentimiento de vulnerabilidad de los poblanos se mantiene en una meseta alta.

A nivel nacional, la percepción de inseguridad se concentró en ciudades como Irapuato (Guanajuato), Culiacán (Sinaloa) y Reynosa (Tamaulipas), mientras que Puebla se encuentra en los peldaños críticos junto a demarcaciones como Chilpancingo y Cuernavaca.

¿Dónde se sienten más inseguros los poblanos?

La ENSU detalla cuáles son los espacios físicos y situaciones urbanas donde la ciudadanía experimenta mayor temor al realizar sus actividades cotidianas:

  • Cajeros automáticos en la vía pública.
  • Calles habitualmente transitadas.
  • Transporte público.
  • Carreteras de la región.

Asimismo, el informe destaca que durante el segundo trimestre del año, el 51% de los habitantes de la capital reportó haber tenido algún tipo de conflicto o enfrentamiento directo con vecinos, familiares, compañeros de trabajo o autoridades, reflejando tensiones latentes en el tejido social de la ciudad.

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Exigen auditoría forense y castigo a Eduardo Rivera Pérez por irregularidades en la Avenida Juárez

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El exalcalde de la capital poblana y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Rivera Pérez, deberá enfrentar un nuevo proceso de fiscalización ante las instancias correspondientes tras los señalamientos por el manejo de recursos públicos durante su gestión municipal.

La solicitud fue formalizada por la diputada federal Nora Merino Escamilla, quien exigió de manera directa que se investigue y se castigue la presunta corrupción vinculada a la obra de rehabilitación de la Avenida Juárez, un proyecto insignia de su administración que presentó severas anomalías financieras y técnicas.

Piden una «auditoría forense» por 55.7 millones de pesos

El núcleo de la denuncia se centra en la millonaria obra de remodelación de la Avenida Juárez, la cual tuvo un costo total de 55.7 millones de pesos.

De acuerdo con los señalamientos de la legisladora, dicha obra acumuló múltiples irregularidades que no pueden quedar impunes, por lo que urgió a la intervención formal

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