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Congreso pide a apoyo al DIF Estatal estudio para ubicar y apoyar a huérfanos de la pandemia

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El Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia (DIF) tendrá que realizar un estudio para ubicar y analizar la situación en la que se encuentran los menores que han quedado huérfanos en la entidad a causa de la pandemia de Covid-19, según lo establece un acuerdo aprobado por el pleno del Congreso del Estado.

El objetivo es que las autoridades estatales tengan datos concretos sobre la ubicación de los menores y se implementen acciones para canalizarlos a los programas que tienen las diferentes dependencias.

La presidenta de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez en el poder legislativo, Mónica Rodríguez Della Vecchia, explicó que según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Organización de las Naciones (ONU) se estima que en el país hay más de 118 mil menores en situación de orfandad derivado de la pandemia.

Dijo que en el caso de Puebla no hay datos precisos sobre la cantidad y ubicación de menores en esta condición, que deben ser considerados como un grupo vulnerable que requiere atención de las autoridades locales.

“Podremos saber con este estudio donde están esos niños, niñas y adolescentes, en qué situación se encuentran y a partir de esa información estar en condiciones de que les pueda ayudar y darles seguimiento”, expresó.

Este sería el segundo acuerdo que el que se solicita al Gobierno de Puebla integrar un registro sobre los menores en situación de orfandad por la pandemia en la entidad, luego que el 13 de julio del 2021 el diputado de la pasada legislatura, Abundio Sandre Popoca, presentó un exhorto para que el DIF Estatal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboraran el informe.

“Se exhorta atentamente al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, al titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Puebla y a la directora general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para que a la brevedad:

Primero: se integre un registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por la pandemia de covid-19, a efecto de que se consideren los apoyos necesarios para garantizar sus derechos básicos.

Segundo: suscriban convenios para dar acceso a becas a las niñas, niños y/o adolescentes en situación de orfandad derivada de la pandemia causada por el covid-19.” se lee en el acuerdo de la LX legislatura del 13 de julio.

El acuerdo presentado el jueves pasado por la diputada Rodríguez Della Vecchia obtuvo la unanimidad del pleno del Congreso con 39 votos y será remitido al sistema DIF del estado.

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Primera etapa del Ecoparque La Malinche estará lista en diciembre y costará más de 30 mdp

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La primera etapa de construcción del Ecoparque La Malinche, ubicado en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, deberá quedar concluida a más tardar en diciembre del presente año. Este ambicioso proyecto impulsado por el gobierno estatal contempla una inversión inicial superior a los 30.3 millones de pesos para sentar las bases de su infraestructura principal.

Para llevar a cabo los trabajos, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) emitió la convocatoria de licitación pública correspondiente, estimando un periodo de ejecución cercano a los 130 días naturales. El diseño de esta obra contempla el aprovechamiento de predios rústicos que suman más de 50 hectáreas destinadas estrictamente a la preservación ecológica.

El proyecto integral busca promover el ecoturismo, la educación ambiental y la recreación familiar mediante la habilitación de senderos, zonas de campamento y áreas administrativas. Del mismo modo, el gobierno ha remarcado que se implementarán estrictas medidas de vigilancia forestal y control ambiental para salvaguardar la zona natural protegida.

Con el arranque de esta primera fase, la administración estatal pretende consolidar un nuevo atractivo turístico sustentable que impulse la economía local de las comunidades aledañas. Las autoridades estatales reiteraron que vigilarán de cerca el cumplimiento de los tiempos de obra para entregar este espacio en tiempo y forma a las familias poblanas.

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Anuncian relevo en la Subsecretaría de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla

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El Ayuntamiento de Puebla confirmó cambios significativos en el gabinete municipal al anunciar la salida de Norman Campos de la Subsecretaría de Movilidad. En su lugar, las autoridades municipales designaron a José Antonio Ontiveros Palacios, quien asumió formalmente las riendas de la dependencia encargada del ordenamiento vial en la capital.

Durante su comparecencia ante el cuerpo de regidores, el nuevo funcionario reafirmó su compromiso institucional de dar continuidad a los proyectos estratégicos de movilidad motorizada y no motorizada. Asimismo, destacó que su nombramiento representa un perfil de carrera interna, ya que conoce a profundidad la agenda operativa de la dependencia.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, reconoció el desempeño y la labor realizada por el saliente subsecretario durante su gestión al frente del área. Aysa subrayó que la transición se realiza en completa coordinación para evitar afectaciones en los programas vigentes de tránsito y control vehicular en el municipio.

Finalmente, en su primer informe oficial ante los cabildos, Ontiveros Palacios presentó estadísticas recientes sobre el funcionamiento del sistema de parquímetros y la estrategia de reordenamiento comercial. Las autoridades recalcaron que la prioridad del nuevo titular será fortalecer la seguridad vial y optimizar los espacios públicos para peatones y automovilistas.

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CNDH exige al Congreso de Puebla endurecer su código de ética

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó un llamado formal al Congreso del Estado de Puebla para que revise y fortalezca de manera urgente su código de ética legislativo. El organismo autónomo señaló la necesidad de transparentar los procesos internos y garantizar que los lineamientos de conducta para los representantes populares respondan a los estándares actuales de rendición de cuentas.

Esta exigencia busca erradicar posibles vacíos legales que permitan actuaciones discrecionales por parte de los legisladores durante el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Asimismo, la institución federal enfatizó que la actuación ética no debe limitarse a recomendaciones morales, sino traducirse en normas obligatorias que eviten cualquier conflicto de interés dentro del recinto legislativo poblano.

Ante este panorama, diversos sectores sociales y académicos han respaldado la postura de la CNDH, argumentando que el Poder Legislativo local requiere de mecanismos de supervisión más estrictos. La presión institucional pretende obligar a la autocrítica interna entre los distintos grupos parlamentarios para mejorar la percepción ciudadana respecto a la labor de sus representantes.

Se espera que en las próximas semanas las comisiones correspondientes del Congreso analicen los puntos señalados por el organismo nacional para proponer reformas sustanciales. Con ello, se buscaría blindar el marco normativo interno y garantizar un comportamiento ejemplar por parte de quienes integran la actual legislatura poblana.

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