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Comenzó la caza de taxis piratas «ejecutivos»

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Cuidado a los conductores de colectivos  y taxis  ejectivos no regularizados el Gobierno de Puebla arrancará operativos de supervisión, vigilancia y revisión para detectar vehículos que presten servicio ejecutivo, pero de forma ilegal e irregular, es decir, sin estar registrados ante una empresa enlistada en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).

Lo anterior quedó asentado en el Periódico Oficial del Estado (POE) este 2 de febrero y de acuerdo con el documento tiene que ver con una regularización, pues varias de estas unidades no cumplen con las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable.

Por cuestiones de seguridad, así como logística, el dictamen no especificó los lugares en donde emprenderán estos operativos, sólo indicaron que arrancarán el día que se publique este documento, es decir, el 2 de febrero.

Las unidades que no cumplan con los requisitos establecidos, no tengan las medidas de seguridad y realicen acciones que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios, la SMT podrá retenerles la licencia a los conductores o retirarles los vehículos para garantizar que no se cometan infracciones.

Dependiendo el caso también podrán retirar la concesión o permiso de transporte, en este punto, el POE indicó que los trabajadores de la Secretaría de Movilidad podrán hacer estas acciones sin contar con el permiso o registro para realizarlo.

Hay que recordar que, a inicio de este año, el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, declaró que los taxis ejecutivos estaban obligados a brindar medidas de seguridad para sus pasajeros, pero que hoy en día, no todos estaban regulados.

Dijo que no quería satanizar este servicio ya que son útiles para los poblanos, sin embargo, cree que aún falta mucha regulación para que sea un mejor servicio, incluyendo la regulación de tarifas y que no ocurra lo de diciembre del 2021 cuando los costos elevaron hasta el triple.

Asimismo, el pasado 28 de enero, Barbosa Huerta, pidió a los representantes de la plataforma Uber asumir a fondo los casos en los que se ven involucrados sus conductores, pues únicamente la empresa se deslinda de los hechos sin darle continuidad a las investigaciones.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer el caso de Beberly Vega, una joven estudiante, quien fue detenida por defenderse de un conductor de Uber que presuntamente la trató de agredir sexualmente. “Uber ya se deslindó de los hechos, inclusive se deslinda, condena el hecho mismo y piensan que con su condena ya resuelven las cosas; por qué no de fondo asumen la solución del asunto”, dijo en aquella ocasión.

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Primera etapa del Ecoparque La Malinche estará lista en diciembre y costará más de 30 mdp

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La primera etapa de construcción del Ecoparque La Malinche, ubicado en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, deberá quedar concluida a más tardar en diciembre del presente año. Este ambicioso proyecto impulsado por el gobierno estatal contempla una inversión inicial superior a los 30.3 millones de pesos para sentar las bases de su infraestructura principal.

Para llevar a cabo los trabajos, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) emitió la convocatoria de licitación pública correspondiente, estimando un periodo de ejecución cercano a los 130 días naturales. El diseño de esta obra contempla el aprovechamiento de predios rústicos que suman más de 50 hectáreas destinadas estrictamente a la preservación ecológica.

El proyecto integral busca promover el ecoturismo, la educación ambiental y la recreación familiar mediante la habilitación de senderos, zonas de campamento y áreas administrativas. Del mismo modo, el gobierno ha remarcado que se implementarán estrictas medidas de vigilancia forestal y control ambiental para salvaguardar la zona natural protegida.

Con el arranque de esta primera fase, la administración estatal pretende consolidar un nuevo atractivo turístico sustentable que impulse la economía local de las comunidades aledañas. Las autoridades estatales reiteraron que vigilarán de cerca el cumplimiento de los tiempos de obra para entregar este espacio en tiempo y forma a las familias poblanas.

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Anuncian relevo en la Subsecretaría de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla

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El Ayuntamiento de Puebla confirmó cambios significativos en el gabinete municipal al anunciar la salida de Norman Campos de la Subsecretaría de Movilidad. En su lugar, las autoridades municipales designaron a José Antonio Ontiveros Palacios, quien asumió formalmente las riendas de la dependencia encargada del ordenamiento vial en la capital.

Durante su comparecencia ante el cuerpo de regidores, el nuevo funcionario reafirmó su compromiso institucional de dar continuidad a los proyectos estratégicos de movilidad motorizada y no motorizada. Asimismo, destacó que su nombramiento representa un perfil de carrera interna, ya que conoce a profundidad la agenda operativa de la dependencia.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, reconoció el desempeño y la labor realizada por el saliente subsecretario durante su gestión al frente del área. Aysa subrayó que la transición se realiza en completa coordinación para evitar afectaciones en los programas vigentes de tránsito y control vehicular en el municipio.

Finalmente, en su primer informe oficial ante los cabildos, Ontiveros Palacios presentó estadísticas recientes sobre el funcionamiento del sistema de parquímetros y la estrategia de reordenamiento comercial. Las autoridades recalcaron que la prioridad del nuevo titular será fortalecer la seguridad vial y optimizar los espacios públicos para peatones y automovilistas.

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CNDH exige al Congreso de Puebla endurecer su código de ética

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó un llamado formal al Congreso del Estado de Puebla para que revise y fortalezca de manera urgente su código de ética legislativo. El organismo autónomo señaló la necesidad de transparentar los procesos internos y garantizar que los lineamientos de conducta para los representantes populares respondan a los estándares actuales de rendición de cuentas.

Esta exigencia busca erradicar posibles vacíos legales que permitan actuaciones discrecionales por parte de los legisladores durante el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Asimismo, la institución federal enfatizó que la actuación ética no debe limitarse a recomendaciones morales, sino traducirse en normas obligatorias que eviten cualquier conflicto de interés dentro del recinto legislativo poblano.

Ante este panorama, diversos sectores sociales y académicos han respaldado la postura de la CNDH, argumentando que el Poder Legislativo local requiere de mecanismos de supervisión más estrictos. La presión institucional pretende obligar a la autocrítica interna entre los distintos grupos parlamentarios para mejorar la percepción ciudadana respecto a la labor de sus representantes.

Se espera que en las próximas semanas las comisiones correspondientes del Congreso analicen los puntos señalados por el organismo nacional para proponer reformas sustanciales. Con ello, se buscaría blindar el marco normativo interno y garantizar un comportamiento ejemplar por parte de quienes integran la actual legislatura poblana.

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