El coordinador de Gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, rechazó de manera categórica que exista una persecución política o uso faccioso de las instituciones en contra del exalcalde panista Eduardo Rivera Pérez, tras darse a conocer la inhabilitación por 15 años y una multa millonaria impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial de Puebla. El funcionario calificó de infundadas las acusaciones de la oposición y recordó que el Poder Judicial opera de forma autónoma respecto al Ejecutivo estatal.

García Parra enfatizó que desde el año pasado el gobernador Alejandro Armenta Mier exhortó públicamente a los exservidores públicos municipales a solventar sus observaciones ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) para mantener la transparencia en sus gestiones. Sostuvo que la administración estatal se mantiene al margen de los procedimientos de fiscalización y que las resoluciones derivan estrictamente del marco legal e institucional aplicable a la revisión de cuentas públicas.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier descartó cualquier sesgo de persecución u omisión en este proceso y confirmó que mantiene comunicación abierta con el exedil, anunciando que se reunirá con él en los próximos días como parte de su disposición al diálogo con los actores políticos de la entidad. El mandatario reiteró que vigilará que ningún órgano de fiscalización sea utilizado con fines políticos, garantizando la imparcialidad institucional en el estado.

La controversia cobró relevancia de cara al inicio del proceso electoral de 2027, periodo en el que la posible participación de actores políticos sancionados ha generado debate entre las distintas fuerzas partidistas. Mientras la oposición defiende la presunción de inocencia de Rivera Pérez y cuestiona los tiempos de la resolución judicial, el exalcalde confirmó que impugnará la sanción ante las instancias legales correspondientes para defender sus derechos políticos.

La Asociación de Protectores Independientes A.C. (API) alzó la voz para denunciar públicamente una grave crisis de abandono, violencia y maltrato sistemático en contra de animales domésticos dentro de las instalaciones del parque Ángeles Blancos, ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan. La organización protectora alertó que este problema no constituye un hecho aislado, ya que desde hace más de un año se han acumulado múltiples reportes ciudadanos sobre perros y gatos abandonados en condiciones deplorables en este concurrido espacio público.

El detonante de la exigencia pública actual fue el hallazgo reciente de una bolsa de plástico que contenía a varios gatitos recién nacidos abandonados a su suerte dentro del parque. Ante este suceso, los representantes de la asociación civil señalaron que en los últimos meses se han documentado casos recurrentes de animales amarrados a la intemperie, con huellas de mutilación y, en los escenarios más trágicos, ejemplares localizados sin vida en distintas zonas verdes y recreativas del lugar.

Los defensores de los derechos animales advirtieron sobre el riesgo latente que esta situación representa, recordando que el parque Ángeles Blancos es un punto de reunión cotidiano para familias enteras, deportistas, niños y jóvenes de la demarcación. Por este motivo, consideraron imperativo que las autoridades municipales implementen de manera urgente estrategias integrales de vigilancia, patrullaje preventivo e instalación de cámaras de seguridad para inhibir conductas delictivas y sancionar a los responsables.

Como respuesta a la omisión institucional percibida, la agrupación convocó a vecinos, colectivos defensores y usuarios frecuentes del parque a sumarse a un movimiento ciudadano pacífico para exigir la intervención directa del ayuntamiento. Entre los puntos principales del pliego petitorio destacan la apertura formal de investigaciones sobre los reportes de maltrato, el incremento en la presencia policial, la atención inmediata a denuncias de abandono y la apertura de una mesa de diálogo permanente con las autoridades locales.

La asociación protectora enfatizó que su llamado no persigue fines políticos ni busca confrontaciones con la administración en turno, sino fomentar una auténtica cultura de protección y respeto hacia los animales. Concluyeron reiterando que la seguridad y el bienestar dentro de los espacios públicos dependen de una corresponsabilidad activa entre la sociedad civil y el gobierno municipal para erradicar cualquier manifestación de crueldad.

Con el objetivo central de mejorar la autonomía y las condiciones de bienestar de los grupos en situación de vulnerabilidad, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) puso en marcha una importante estrategia de asistencia social en la entidad poblana. Durante una gira de trabajo encabezada por la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, se entregaron recursos económicos directos y apoyos funcionales enfocados tanto en personas con problemas auditivos severos como en ciudadanos que dedican su vida al cuidado de familiares enfermos.

En el marco de estas acciones, se distribuyeron un total de 429 auxiliares auditivos a 241 habitantes de la capital poblana, representando una inversión superior a los 2 millones 796 mil pesos. Las autoridades señalaron que la entrega de estos dispositivos tecnológicos busca facilitar la comunicación cotidiana y devolver la confianza a personas que presentaban dificultades de audición, permitiéndoles integrarse de manera mucho más plena a sus dinámicas familiares y sociales tras años de limitaciones sensoriales.

De manera paralela, el organismo destinó una partida presupuestal de 810 mil pesos para otorgar 135 apoyos económicos directos de 6 mil pesos cada uno a personas cuidadoras de pacientes con cáncer en 27 municipios del estado. Esta ayuda financiera busca reconocer el esfuerzo diario, el desgaste físico y los gastos médicos que asumen los familiares cuidadores, quienes frecuentemente dejan de laborar o descuidan su propia estabilidad económica para brindar atención especializada a sus seres queridos en momentos críticos de salud.

Durante su intervención, el director general del SEDIF, Carlos Ochoa Rodríguez, refrendó el compromiso de la institución de mantener una presencia permanente en territorio para escuchar de primera mano las demandas de la población más necesitada. Asimismo, puntualizó que estas acciones sociales se alinean con la visión humanista impulsada a nivel federal y estatal, la cual prioriza el apoyo directo a las familias y busca cerrar las brechas de desigualdad social en las diferentes regiones del estado de Puebla.

Los beneficiarios de estos programas expresaron su agradecimiento por el respaldo institucional recibido, destacando que los apoyos representan un verdadero alivio para la economía familiar y un reconocimiento moral indispensable. Con estas acciones, el gobierno estatal fortalece su política de asistencia social, asegurando que los programas lleguen efectivamente a quienes enfrentan condiciones de salud adversas y requieran un acompañamiento integral.