El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dijo que su administración respeta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional el artículo 480 del Código Penal estatal relacionado con el delito de “ciberasedio”.

No obstante, rechazó que esta determinación represente un revés para su gobierno o para el Congreso local, al sostener que forma parte de la dinámica propia del sistema jurídico mexicano.

Al término de la ceremonia por el 495 Aniversario de la Fundación de Puebla, el mandatario recalcó que el Estado mexicano debe agotar todos los mecanismos legales para garantizar los derechos fundamentales.

“Nosotros somos respetuosos de la ley y consideramos que el Estado mexicano seguirá buscando, bajo los preceptos constitucionales, el cumplimiento de los derechos”, declaró.

En esa tónica, el morenista, quien recordó su trayectoria de más de dos décadas como legislador, insistió en que las normas no son estáticas.

«Hay leyes que se aprueban, leyes que se derogan, leyes que se perfeccionan y marcos normativos que se construyen; es parte de la dinámica del marco normativo de nuestro país”, expresó tras ser cuestionado sobre si el fallo judicial significaba un retroceso.

La resolución de la Corte, emitida el pasado 14 de abril, determinó la invalidez del delito de “ciberasedio” al considerar que su redacción vulneraba principios constitucionales, lo que obligará al Congreso de Puebla a replantear el marco legal en la materia.

Ante este escenario, Armenta Mier señaló que corresponde al Poder Legislativo actuar con plena autonomía para ajustar la legislación.

A pesar de la anulación del artículo, el gobernador enfatizó que existen diversos ordenamientos vigentes —como la Constitución federal, la estatal y los códigos Penal y Civil— que permiten proteger a la población, particularmente a sectores vulnerables.

“Tenemos que buscar siempre la defensa de los derechos de las mujeres, de los jóvenes y de los niños”, sostuvo.

En ese sentido, el mandatario estatal consideró que la decisión de la SCJN confirma la vigencia de la división de poderes en el país, al rechazar versiones sobre una supuesta injerencia del Ejecutivo en el Judicial.

Señaló que este tipo de resoluciones evidencian “el respeto entre los poderes públicos” en el contexto de la llamada Cuarta Transformación.

De paso, informó que, en la reunión con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, se dio seguimiento a la estrategia en materia de seguridad en la entidad, y comentó que habrá especial coordinación con el gobierno federal por el arranque de la Olimpiada Nacional Conade.

Un total de 38 expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos se registraron en el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos durante el primer trimestre de 2026. Entre las autoridades con mayor número de señalamientos se encontraron el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal de Electricidad, cuyas actuaciones fueron objeto de revisión dentro de estos casos.

Los datos abiertos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhibieron que en el primer trimestre de 2026 se inició, en promedio, una queja cada dos días por posible violación a los derechos humanos. Además, la cifra de ese año fue 34.4 por ciento menor respecto a los 58 expedientes abiertos en 2025.

De acuerdo con la última actualización, de los más de 30 expedientes, se concluyeron 21, la mayoría durante el trámite debido a que el organismo descartó vulneración a las garantías individuales, mientras que 17 siguieron en trámite.

Las acusaciones se dirigieron contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que acumuló 16 quejas; seguido de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 6; el IMSS Bienestar, con 4 expedientes, y la Secretaría de la Defensa Nacional, también con 4.

Otros entes que también figuraron, pero en menor dimensión, fueron la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Respecto a las presuntas violaciones a derechos humanos más frecuentes, destacaron omitir el proporcionar atención médica, no suministrar medicamentos, así como prestar indebidamente el servicio público.

Como una medida preventiva ante la temporada de lluvias, el Gobierno de Alfonso Sánchez García impulsa la construcción de ocho bocas de tormenta y la colocación de rejillas pluviales, obras ejecutadas gracias a la gestión realizada ante el Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, con el objetivo de evitar afectaciones y encharcamientos en zonas que de manera constante se anegan durante las precipitaciones pluviales.

En una acción más de este gobierno que escucha y resuelve, a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano se atienden necesidades prioritarias de la ciudadanía, especialmente en puntos donde durante cada temporada de lluvias se registraban afectaciones a la movilidad y riesgos para vecinos, peatones y automovilistas.

Con la ampliación del sistema de captación pluvial, se busca mejorar el desalojo del agua de lluvia para reducir riesgos en las zonas y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por estos puntos. Esta infraestructura contribuirá además a proteger calles y espacios públicos que anteriormente resultaban afectados.

Cabe destacar que una boca de tormenta es una estructura hidráulica instalada a nivel de calle o banqueta que permite captar y canalizar el agua de lluvia hacia el sistema de drenaje, evitando que se acumule en vialidades y espacios públicos. En este caso, estas obras permitirán mejorar el desfogue pluvial en la periferia del río Zahuapan, una de las zonas con mayores problemas de anegación.

Las bocas de tormenta y rejillas pluviales se instalan en el puente de la zona de Artesanías; otra más cerca de las oficinas de la Casa de Artesanías, en el conocido Puente Rojo; y en la zona del Parque de la Juventud se colocarán cuatro adicionales. La primera obra ya concluida es la ubicada en la calle 1ro de Mayo.

Con estas obras, que responden a demandas reales de la población y que están alineadas a los preceptos de la Cuarta Transformación, el gobierno de Alfonso Sánchez privilegia la prevención, el bienestar social y la atención directa en las zonas donde más se necesita.