A partir de este martes 3 de noviembre entraron oficialmente en vigor las nuevas disposiciones regulatorias que limitan el uso de teléfonos celulares y tabletas electrónicas en las escuelas primarias y secundarias del estado de Puebla y del resto del país.

La medida obedece a los lineamientos establecidos en el Acuerdo federal 09/09/26, publicado previamente en el Diario Oficial de la Federación, siendo aplicable tanto para planteles educativos del sector público como del privado en las 32 entidades.

De acuerdo con las nuevas reglas, los alumnos conservan el derecho de ingresar a las instituciones educativas portando sus dispositivos móviles, pero tienen prohibido usarlos de forma libre e indiscriminada durante las horas de clase y los recesos.

El uso de los aparatos quedará condicionado exclusivamente a la autorización previa de los docentes, quienes podrán requerirlos con fines estrictamente académicos y pedagógicos dentro de sus planeaciones didácticas.

Asimismo, la normativa contempla excepciones plenamente justificadas para situaciones de emergencia, requerimientos especiales de salud, discapacidad o accesibilidad que necesiten los estudiantes durante su estancia escolar.

El secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado Carrillo, ha señalado que estas restricciones buscan mitigar los impactos negativos derivados de la hiperconectividad y la exposición prolongada a pantallas en la infancia y adolescencia.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla informó sobre un saldo blanco al concluir las tradicionales festividades de Todos Santos, consolidando un ambiente de tranquilidad y orden para las familias locales y los visitantes que acudieron a los diferentes puntos de celebración.

Los resultados positivos fueron posibles gracias a la estrategia de seguridad impulsada por el alcalde Pepe Chedraui, en un esquema de trabajo estrechamente coordinado entre los tres órdenes de gobierno, involucrando a instancias estatales y federales.

Durante el fin de semana de conmemoración, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó de manera rigurosa el operativo denominado “Todos Santos 2026”, desplegando un robusto estado de fuerza compuesto por 562 elementos operativos y 84 unidades móviles.

Este despliegue estratégico garantizó la vigilancia constante y la proximidad social en los panteones de mayor afluencia, tales como el Panteón Municipal, el de La Piedad, el Panteón Jardín y los camposantos ubicados en distintas juntas auxiliares del municipio.

Asimismo, la estrategia abarcó el Centro Histórico de la capital poblana, donde se desarrollaron diversas actividades culturales y artísticas que congregaron a una masiva afluencia de ciudadanos sin que se registraran incidentes de consideración.

Paralelamente a las labores de seguridad, las dependencias municipales de servicios públicos y limpia mantuvieron intervenciones constantes, asegurando el saneamiento y el orden en el espacio público para recibir el flujo masivo de visitantes.

Una profunda indignación y exigencias de revisión judicial se han desatado en el municipio de Atlixco, luego de que familiares y representantes legales de Margarito —conocido cariñosamente como Don Toño, un dedicado comerciante de materiales para la construcción con más de treinta años de trayectoria en la región— denunciaran presuntas irregularidades durante una audiencia celebrada en la Casa de Justicia local.

De acuerdo con los testimonios expuestos por los afectados, los hechos se originaron tras el lamentable fallecimiento del comerciante, quien perdió la vida luego de permanecer veintitrés días internado en un hospital a consecuencia de las graves lesiones físicas sufridas durante una agresión previa. Ante esta situación, la familia y su equipo jurídico se presentaron puntualmente a las 8:15 horas del pasado 29 de octubre en el Centro de Justicia Penal para participar en la diligencia correspondiente.

Sin embargo, los denunciantes señalaron que, a pesar de haber arribado con la anticipación requerida, personal del recinto judicial les impidió el acceso bajo el pretexto de que la audiencia ya había dado inicio. Esta exclusión provocó que el procedimiento legal se llevara a cabo por completo a espaldas de la parte afectada y sin la presencia de sus abogados defensores, lo cual calificaron como una flagrante violación a sus garantías constitucionales y derechos como víctimas.

Durante dicha audiencia, el juez de Control a cargo del caso determinó la liberación inmediata del imputado al considerar, bajo su apreciación legal, que los elementos presentados no acreditaban de manera concluyente una relación directa y causal entre la agresión física perpetrada y el posterior deceso del comerciante atlixquense. La decisión judicial causó desconcierto y profunda molestia entre los familiares de la víctima.

Ante este panorama adverso, la representación legal encabezada por el abogado Daniel Navarro anunció que interpondrán los recursos necesarios y solicitarán de manera formal la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Puebla y del Consejo de la Judicatura para indagar la actuación del juzgador. Asimismo, exigieron a la Fiscalía General del Estado dar un puntual seguimiento a la apelación interpuesta, con el firme objetivo de que se garantice el acceso a la justicia y se esclarezcan los hechos con total transparencia.