Puebla, Pue. — Ante el anuncio de posibles manifestaciones y cierres carreteros, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla emitió un posicionamiento oficial en el que reconoce y respeta el derecho constitucional a la manifestación pacífica. Sin embargo, hizo un llamado urgente a privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos para evitar afectaciones a terceros.

Atención a la inseguridad y respeto al libre tránsito

La organización empresarial señaló que comparte la preocupación del sector transportista y de la ciudadanía frente a los desafíos de inseguridad y extorsión que vulneran su patrimonio y tranquilidad, reconociendo que estas problemáticas exigen respuestas eficaces y coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.

No obstante, Coparmex recalcó que el ejercicio de los derechos debe darse en un marco de respeto hacia los demás, advirtiendo que los cierres carreteros prolongados dañan la libertad de tránsito, el derecho al trabajo, el acceso a servicios de salud y educación, y la continuidad productiva. Al respecto, el organismo destacó que detrás de cada vía detenida hay trabajadores, familias, pequeños negocios y empresas afectadas.

Consecuencias económicas y llamado a mesas de trabajo

El sector patronal advirtió que las repercusiones económicas de estos bloqueos no se limitan a pérdidas empresariales, sino que impactan las cadenas de suministro, el empleo, la competitividad y el bienestar general.

Por ello, Coparmex Puebla propuso:

• Establecer mesas de diálogo y trabajo con responsabilidades definidas, plazos de cumplimiento e indicadores medibles.
• Construir soluciones sostenibles que atiendan las causas de las inconformidades sin trasladar las consecuencias a otros sectores de la sociedad.

Finalmente, el organismo reiteró su absoluta disposición para fungir como un puente de entendimiento y acompañar espacios que fortalezcan la seguridad, la paz social y el desarrollo económico de la entidad.

Durante la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), representantes de diversas fuerzas políticas, encabezados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la organización Somos México, exigieron la separación temporal o la renuncia definitiva de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo autónomo.

Los cuestionamientos y reclamos de la oposición surgieron a raíz de la divulgación de investigaciones periodísticas que señalan presuntos conflictos de interés en las contrataciones de proveedores de materiales electorales, vinculando a la titular del instituto con relaciones comerciales cercanas a empresas adjudicatarias de contratos dentro del órgano electoral.

Durante las intervuciones de los representantes partidistas, se solicitó formalmente iniciar indagatorias exhaustivas y que Taddei Zavala se separe de su cargo para garantizar la transparencia y la imparcialidad institucional de cara a los próximos procesos comiciales; postura que contrastó con las intervenciones de representantes oficialistas, quienes abogaron por agotar los cauces institucionales de revisión.

Por su parte, la consejera presidenta rechazó categóricamente los señalamientos de favoritismo o corrupción, asegurando que las adquisiciones del instituto se encuentran apegadas estrictamente a los marcos legales de fiscalización y auditoría. Taddei afirmó que continuará al frente de sus funciones constitucionales y manifestó su disposición para colaborar con las instancias fiscalizadoras correspondientes.

Con 312 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que da luz verde a la denominada “Ley Antimemes”, enviada originalmente como iniciativa por la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, estableciendo sanciones severas para quienes utilicen indebidamente logotipos u obras protegidas. Durante la sesión, la discusión estuvo marcada por fuertes advertencias de la oposición sobre posibles riesgos para la libertad de expresión y la sátira política.

La normativa contempla penas de hasta cinco años de prisión por el uso, reproducción o imitación no autorizada de símbolos y logotipos oficiales del Gobierno de México. Asimismo, impone sanciones de cuatro a diez años de cárcel y multas de hasta 20 mil días de Unidad de Medida (equivalentes a más de 226 mil pesos) a quienes difundan obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial. Adicionalmente, en materia de reparación del daño, se prevén indemnizaciones que podrían alcanzar hasta los 5 millones 865 mil 500 pesos dependiendo de la gravedad de la conducta.

El debate legislativo escaló rápidamente cuando los legisladores trasladaron a la tribuna confrontaciones verbales directas, destacando el choque entre el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Diversos oradores de la oposición recordaron episodios históricos y declaraciones recientes para recriminar posturas pasadas y actuales, mientras que los legisladores de la bancada oficialista defendieron la medida argumentando la necesidad de proteger los derechos de autor y evitar el uso indebido de insignias oficiales.

Durante el desarrollo de la plenaria, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano recriminaron que el texto carezca de excepciones expresas para salvaguardar el ejercicio periodístico, las caricaturas, las parodias y los tradicionales memes. Señalaron que la falta de salvaguardas claras podría dar pie a interpretaciones judiciales ambiguas que inhiban la crítica pública contra figuras de autoridad. Por su parte, la bancada mayoritaria rechazó estas acusaciones e insistió en que el espíritu de la ley busca frenar la piratería y el aprovechamiento ilegal de propiedad intelectual y gubernamental.

Tras el aval en lo general, los legisladores procedieron a la discusión en lo particular de las 179 reservas presentadas por distintas fuerzas políticas. Los grupos parlamentarios de oposición anunciaron que insistirían en incorporar modificaciones para blindar la libertad de expresión y proteger las expresiones satíricas. Se prevé que el debate continúe de manera prolongada mientras la asamblea define el futuro de los artículos reservados antes de su remisión definitiva para los efectos legales conducentes.