Durante una conferencia de prensa de alcance estatal, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, lanzó un enfático llamado a todos los partidos políticos con presencia en la entidad para que apliquen filtros rigurosos de selección interna. El mandatario fue contundente al exigir que las fuerzas políticas se abstengan de postular a candidatos que cuenten con antecedentes penales, investigaciones abiertas o presuntos vínculos con la delincuencia organizada de cara a los próximos comicios.

Armenta Mier subrayó que la omisión o la tolerancia ante la llegada de perfiles cuestionables al servicio público equivale a un acto de complicidad que daña severamente a la ciudadanía. Explicó que los partidos tienen la obligación legal y ética de revisar minuciosamente la trayectoria de quienes aspiran a representar a la población, evitando que las estructuras partidistas sean utilizadas como fachada o plataforma de protección para intereses ilícitos.

En este contexto, el titular del Ejecutivo advirtió que la Fiscalía General del Estado (FGE) y los órganos de inteligencia mantendrán un monitoreo constante sobre los perfiles políticos que busquen cargos de elección popular. En caso de detectarse cualquier irregularidad o nexo con grupos delictivos, la fiscalía iniciará de inmediato las carpetas de investigación correspondientes, independientemente de la filiación partidista del implicado.

Asimismo, el gobernador destacó que el combate a la delincuencia no se limita a las calles, sino que debe extenderse a las instituciones y a la vida política del estado. Manifestó que la infiltración del crimen en los gobiernos locales representa una amenaza directa a la paz pública y al desarrollo económico, por lo que su administración actuarán con firmeza para impedir que la impunidad se consolide en el ámbito electoral.

La recaudación tributaria en el país enfrenta un panorama complejo y desafiante. A pesar de los esfuerzos intensos y las estrategias de fiscalización implementadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), diversos indicadores económicos recientes muestran que los ingresos fiscales han comenzado a perder tracción de manera significativa.

Especialistas en materia fiscal apuntan a que este fenómeno responde tanto a una desaceleración en la actividad económica interna como a la natural resistencia de los grandes contribuyentes frente a auditorías más agresivas. La dependencia federal había apostado fuertemente por la digitalización de los procesos, el cruce masivo de datos bancarios y el cierre de espacios a la evasión para mantener el ritmo de ingresos observado en años anteriores.

Sin embargo, las cifras preliminares demuestran que la expectativa gubernamental no está logrando el rendimiento proyectado en la Ley de Ingresos. Las medidas coercitivas y de fiscalización intensiva parecen haber llegado a un punto de rendimiento decreciente, lo que obliga a las autoridades fiscales a replantear sus estrategias de mediano plazo sin asfixiar la economía formal.

El impacto de esta desaceleración recae directamente sobre el margen de maniobra del presupuesto federal, limitando el gasto público destinado a infraestructura social y programas prioritarios. Los analistas coinciden en que, para revertir esta tendencia, será indispensable incentivar la formalización laboral y ofrecer estímulos reales a la inversión privada en lugar de depender exclusivamente de auditorías punitivas.

Hacia los próximos meses, el reto para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consistirá en equilibrar la balanza entre el cumplimiento fiscal obligatorio y la reactivación económica. De persistir esta pérdida de fuerza en la recaudación, el gobierno federal podría verse obligado a realizar ajustes presupuestarios o recurrir a un mayor endeudamiento para cubrir el déficit fiscal proyectado.

El coordinador del Gabinete Estatal de Puebla, José Luis García Parra, aclaró públicamente que las autoridades del estado de Oaxaca no han aportado ningún elemento de prueba ni notificado formalmente sobre procesos legales que vinculen a la exalcaldesa de Acatlán, Guadalupe Lucero Bárcenas, con actividades de la delincuencia organizada. La declaración se dio tras los señalamientos directos que el gobernador de la entidad vecina, Salomón Jara Cruz, hizo previamente en contra de la exfuncionaria municipal.

Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario poblano precisó que, si bien existen indagatorias abiertas relacionadas con autoridades de la región de Acatlán, todas las investigaciones se encuentran estrictamente bajo la jurisdicción de las instituciones de procuración de justicia de Puebla. Subrayó que ni la administración oaxaqueña ni su Fiscalía General han entregado información o documentación que sustente las acusaciones públicas vertidas contra la expresidenta municipal.

García Parra explicó que la intervención del gobierno poblano en el municipio derivó del intercambio institucional de información y de los convenios de colaboración en materia de seguridad firmados con los estados vecinos. A partir de esas mesas de inteligencia y del cruce de datos, el Congreso del Estado actuó en el ámbito de sus facultades para nombrar un Concejo Municipal, mientras que las investigaciones ministeriales continúan su curso de manera independiente.

Por su parte, la exedil Guadalupe Lucero Bárcenas respondió a los señalamientos a través de un comunicado oficial, en el que rechazó categóricamente haber mantenido complicidad con grupos delictivos. Por el contrario, sostuvo que su administración y su persona fueron víctimas de las presiones de células criminales que operaban en la zona mixteca, las cuales —según su versión— habrían buscado su destitución.

Finalmente, el gobierno estatal reiteró que bajo la política de cero impunidad se mantendrán las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos en Acatlán y en cualquier otra demarcación donde se detecten posibles irregularidades, enfatizando que cualquier acusación formal deberá estar respaldada con pruebas sólidas dentro del marco de la ley.