PUEBLA, Pue. — La dirigencia nacional del partido Morena definió la estructura organizativa de las coordinaciones de circunscripción plurinominal con miras al proceso electoral de 2027. Dentro del esquema territorial, destacan dos perfiles poblanos: Eduardo Castillo López, quien estará al frente de la Tercera Circunscripción, y Carlos Evangelista Aniceto, designado para coordinar los trabajos en la Quinta Circunscripción.

A Eduardo Castillo López se le encomendó la articulación política en los estados del sureste mexicano que integran la Tercera Circunscripción: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Por su parte, Carlos Evangelista asumirá la representación de la Quinta Circunscripción, correspondiente a las entidades de Colima, Estado de México, Michoacán e Hidalgo.

El resto de las demarcaciones quedaron distribuidas con Ricardo Monreal al frente de la Primera Circunscripción (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora); Alejandro Peña Villa en la Segunda Circunscripción (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas); y Adán Augusto López Hernández a cargo de la Cuarta Circunscripción, demarcación que contempla a la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y la entidad poblana.

Las coordinaciones de circunscripción tienen como objetivo dar seguimiento a la estrategia territorial, vincular la labor de la dirigencia nacional con los comités ejecutivos estatales y consolidar la estructura del partido en las regiones de cara a las próximas jornadas electorales del país.

La dirigencia estatal del partido Morena en Puebla reconoció el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entre los mandatarios mejor evaluados a nivel global, luego de darse a conocer el ranking elaborado por las firmas Mitofsky y TResearch International, en el cual la titular del Ejecutivo federal se ubicó en el tercer lugar internacional con un 72 por ciento de aprobación ciudadana.

La dirigente del comité estatal, Olga Romero García Crespo, destacó el resultado al señalar que la presidenta encabeza la lista de las mujeres gobernantes con mayor nivel de respaldo en el mundo, ubicándose únicamente por debajo de los presidentes de El Salvador y Rusia dentro de un análisis que evaluó a 40 líderes internacionales. La líder partidista puntualizó que esta evaluación refleja la consolidación del movimiento de transformación y el liderazgo que el país mantiene en la agenda pública internacional.

En el marco del balance político, el coordinador general de Delegados del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Pablo Salazar Vicentello, fijó postura sobre el desarrollo económico regional y el papel de los proyectos privados. El enlace partidista subrayó que, si bien la participación del sector empresarial es fundamental para detonar la economía local, las inversiones que se ejecuten en coordinación con los gobiernos emanados de su partido deben guardar congruencia con los principios ideológicos del proyecto político.

Salazar Vicentello enfatizó que los proyectos de inversión pública y privada deben priorizar la generación de beneficios directos para la ciudadanía y no restringirse a esquemas de rentabilidad particular. Bajo este criterio, sostuvo que las administraciones morenistas tienen la responsabilidad de garantizar que la llegada de capitales responda a criterios de equidad, bienestar social y justicia redistributiva en favor de los sectores más vulnerables.

Con este llamado, la cúpula estatal de Morena reafirmó que el respaldo popular que ostenta la administración federal debe traducirse en un modelo de desarrollo regional donde la iniciativa privada sume esfuerzos en apego a las directrices de la administración pública, asegurando que el crecimiento económico marche a la par del bienestar social de las familias poblanas.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo su Séptima Sesión Extraordinaria, en la cual avaló un paquete de 36 anteproyectos de resolución de Procedimientos Ordinarios Sancionadores. Durante la sesión, los consejeros evaluaron diversas irregularidades normativas que van desde la afiliación corporativa o partidista sin el consentimiento expreso de la ciudadanía, hasta la presunta presentación de información falsa ante la autoridad electoral nacional. Estas propuestas normativas serán remetidas próximamente al Consejo General para su discusión definitiva y eventual sanción económica o administrativa.

Dentro del análisis central, se revisaron 26 expedientes que involucran a 253 personas que interpusieron denuncias al percatarse de que figuraban en padrones de cinco distintas fuerzas políticas sin haber otorgado su autorización. Tras la revisión jurídica, la autoridad electoral acreditó la irregularidad en 248 casos, mientras que cuatro fueron catalogados sin infracción y uno más quedó sobreseído por desistimiento. Las multas estipuladas para estas faltas oscilan entre 963 y 1,284 Unidades de Medida y Actualización (UMA), representando montos que van desde los 70 mil hasta más de 150 mil pesos, dependiendo del año en que se cometió la afiliación ilegal.

Asimismo, la instancia evaluadora examinó la conducta de 12 aspirantes a puestos de supervisión y capacitación electoral, detectando que 10 de ellos incurrieron en la entrega de datos falsos al organismo. Como consecuencia de esta falta, se propuso la imposición de amonestaciones públicas para dichos perfiles, descartando otros dos casos por el desechamiento formal de los mismos. Paralelamente, dos agrupaciones políticas nacionales enfrentarán sanciones por reportar de manera extemporánea los cambios en sus órganos directivos internos, lo que derivará en multas y apercibimientos públicos.

El informe presentado ante la Comisión también contempla la sanción a una persona física que omitió responder a los requerimientos de información solicitados durante la sustanciación de un Procedimiento Especial Sancionador. Del mismo modo, se detectaron omisiones reiteradas por parte de diversos partidos políticos nacionales respecto a la entrega de informes financieros obligatorios por la normativa vigente, lo que activó los mecanismos para fincar las multas correspondientes. En un caso específico, la inactividad procesal prolongada propició que la autoridad decretara la caducidad del procedimiento.

Con estas acciones, el órgano electoral busca inhibir prácticas que vulneran los derechos político-electorales de la ciudadanía y garantizar la transparencia en los procesos de fiscalización y conformación partidista. Los dictámenes aprobados refuerzan el principio de legalidad que debe regir en la vida democrática del país, obligando a los institutos políticos y actores involucrados a conducirse con estricto apego a la ley bajo la supervisión permanente de las instituciones federales.

— MLC